Ocho magistrados procesan en México a gobiernos y empresas de 10 países de América Latina por cargos de contaminación de ríos, lagunas y construcción de presas. Sus fallos serán morales, pero aspiran a mermar la sensación de injusticia que rodea cada caso.
"Los procesos que aquí se desarrollan son de muy difícil solución, pero la perspectiva es que con estos juicios la comunidad internacional ponga su atención sobre lo que está sucediendo y que juntos hallemos soluciones", dijo a IPS Javier Bogantes, director del no gubernamental Tribunal Latinoamericano del Agua, con sede en Costa Rica.
El Tribunal, cuyos magistrados sesionan desde el lunes y hasta el día 21, emitirán sentencias de culpabilidad, resoluciones instando a negociaciones o recomendaciones dirigidas a denunciantes y denunciados.
Los juicios son parte de decenas de actividades, declaraciones y presentaciones de informes que se realizan en la capital de México en el marco del IV Foro Mundial del Agua, que reunirá a miles de delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas desde este jueves hasta el miércoles 22 de marzo.
El Tribunal, instaurado en el ámbito centroamericano a fines de los años 90, pasó a tener carácter latinoamericano en 2004.
La iniciativa, apoyada por grupos no gubernamentales de Europa, surge para hacer frente a la "crisis de legalidad y la pérdida de la eficacia de las leyes en temas relativos a los recursos hídricos", señaló Bogantes.
En su historia, incluyendo el período en América Central, estudió 30 casos, y ahora se apresta a dictar sentencia sobre otros 13 que corresponden a denuncias provenientes de habitantes y entidades de la sociedad civil de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
De Brasil se procesa el caso de un proyecto para rellenar con lodos contaminantes parte de una laguna en el meridional estado de Sao Paulo, mientras de Bolivia se discute sobre los malos servicios prestados durante siete años por una empresa privada de agua en la ciudad de El Alto, cercana a La Paz.
De Chile, el juicio es contra la planta de celulosa Celco, cuyos desechos habrían provocado la muerte de cisnes en una reserva de naturaleza. El de Ecuador es contra la construcción de represas en las costas del océano Pacífico, y los casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua se refieren a contaminación y desvío de ríos debido a actividades mineras.
En cuanto a México, se tratan seis diferentes casos de contaminación de ríos, lagunas y construcción de presas. El proceso peruano es sobre el impacto ambiental de la minería, y de Panamá, el cuestionamiento al paso de material radiactivo por el canal que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.
Se trata de casos no resueltos por los sistemas jurídicos nacionales, explicó Bogantes.
"Lo que vemos es que existen códigos ambientales, leyes y tratados que protegen los sistemas hídricos, pero el problema es que no se están aplicando", apuntó.
Los procesos ventilados esta semana en México son la parte culminante de largos estudios, en los que la mayoría de denunciados desconocieron la validez del Tribunal e ignoraron los exhortos a participar en las audiencias.
"Buscamos que se desarrolle el debido proceso" con intervención de las partes, pero ciertamente eso no siempre se puede cumplir por la resistencia de los demandados, reconoció Bogantes.
Entonces, ¿está claro que la mayoría de los acusados serán condenados? se le pregunta. "Por lo general los casos se vienen debatiendo por muchos años sin ningún tipo de solución, entonces se da casi por evidente de que el jurado va a tener un veredicto crítico", declaró.
"Pero en otros casos que han visto los jueces, no necesariamente se declara un culpable y lo que se hace es exhortar a una negociación o a pedir estudios de impacto ambiental. También hemos tenido respuestas positivas de los demandados, lo que nos satisface mucho", añadió.
Los ochos jueces que emitirán resoluciones proceden de Argentina, Cuba, Brasil, Francia, Guatemala y México. Cuatro tienen actividades o profesiones vinculadas a la justicia y el resto procede del área de los recursos hídricos.
De forma paralela, el Tribunal organizó foros sobre la "Crisis de legalidad y conflictos hídricos en América Latina".
Aunque los fallos del Tribunal no obligan a las partes, su director sostiene que su sola existencia contribuye a golpear a la impunidad y la injusticia que existe en la región en materia de acceso al agua.
Además "el número de casos que hemos recibido para discusión en México nos da legitimidad y demuestra que ante la crisis de legalidad este tribunal funciona", sostuvo.
Aunque América Latina tiene suficiente agua para toda su población, 77 millones de sus habitantes carecen de acceso adecuado a ese recurso y sólo uno de cada seis cuenta con redes de saneamiento aceptables, indican estudios del Consejo Mundial del Agua, organizador del Foro Mundial en México.
El Foro, que se realiza en forma trienal desde 1997, no es un ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, pero sus participantes la reconocen como la más importante y trascendente en materia de recursos hídricos.
A diferencia de muchas organizaciones no gubernamentales que ven en el Foro un espacio destinado a promover la privatización de los servicios públicos de agua y saneamiento, el director de Tribunal opina que es un terreno adecuado para debatir y presentar todos los puntos de vista.
La existencia de tribunales sobre el agua se remonta a los años 80, cuando se llevó a cabo la primera audiencia, en la ciudad holandesa de Rótterdam, donde se juzgaron los daños causados por la contaminación de la cuenca del río Rin.
La divulgación de los hechos y la actividad de ese tribunal contribuyeron a la adopción de políticas para el control de la contaminación.
En 1992 se registró otra experiencia similar en la también holandesa de Amsterdam, donde se juzgaron situaciones de contaminación de los cuerpos de agua en Asia, África, América y Oceanía. En casi todos, se atribuyó responsabilidad a los gobiernos y corporaciones internacionales.
En el caso de América Latina, el primer tribunal operó en 1993 en la ciudad brasileña de Florianópolis. Allí se examinaron casos de contaminación minera, radioactiva y por agrotóxicos, así como el impacto de la construcción de grandes represas hidroeléctricas en territorio de ese país.
