Detener la pérdida de biodiversidad y lograr un régimen internacional de acceso a los recursos genéticos serán las dos prioridades de Brasil en la Presidencia de la VIII Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (COP-8), dijo a IPS la ministra de Ambiente, Marina Silva.
"Nuestra consigna es implementación, ya existe una gran cantidad de acuerdos internacionales que necesitan traducirse en acciones concretas", dijo la ministra que presidirá la COP-8, entre el 20 y el 31 de marzo en la meridional ciudad brasileña de Curitiba.
"Vamos trabajar en los próximos dos años para que el régimen internacional tenga un carácter vinculante y obligatorio y que no sea entendido como algo para facilitar el acceso, sino para viabilizar la protección, el uso sustentable y el reparto de los beneficios", anunció.
La adopción de un régimen de acceso y reparto equitativo de los beneficios de la riqueza biológica es un aspecto clave para cumplir en 2010 la meta central de la Convención: detener la alarmante pérdida de diversidad de hábitat y especies animales y vegetales.
Brasil ya cuenta con el apoyo de España para conquistar la adhesión de la Unión Europea y pretende intensificar las articulaciones políticas con los 17 países megadiversos (de gran diversidad biológica) durante la COP-8, informó Silva.
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Otro de sus propósitos es anunciar, durante la conferencia, un proyecto de ley nacional para regular el acceso a la biodiversidad, asegurando los derechos de las comunidades locales.
La ministra no concurrió al primer día de sesiones de la tercera Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología (MOP-3), el lunes en Curitiba, pero anunció en Sao Paulo una esperada definición de su país sobre la identificación de cargamentos de productos transgénicos (OVM, organismos vivos modificados) en el transporte y comercio internacional.
El Protocolo, en vigor desde septiembre de 2003, es un acuerdo subsidiario de la Convención, destinado a proteger la diversidad biológica de los riesgos potenciales de los organismos vivos modificados por la moderna biotecnología.
La decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dirimió disensos internos en su gabinete y resolvió aceptar el etiquetado de "contiene OVM", en lugar de "puede contener" que había defendido en la reunión internacional anterior, hace nueve meses en Montreal.
Pero Brasilia intentará negociar en Curitiba una fase de transición de cuatro años para que los países y las empresas implanten un sistema de identificación y separación de la producción con transgénicos. Durante ese período se aplicaría el etiquetado "puede contener", junto con una lista de los procedimientos de transformación genética aprobados en el país exportador.
Luego del período de adaptación, todo el transporte transfronterizo de OVM debería ser claramente identificado con información sobre las modificaciones genéticas.
Brasil se decidió por esa transición "debido a la necesidad de inversiones en logística y certificación del sistema que aseguren la identificación", explicó una nota divulgada por el Ministerio de Ambiente.
La ministra sostuvo que esta posición brasileña contribuye a superar el principal obstáculo en las negociaciones del Protocolo de Cartagena. "Permite que los países vayan creando gradualmente las condiciones internas para el etiquetado de los productos transgénicos. Ahora tenemos que negociar esta semana y avanzar", dijo.
La decisión no agradó a los representantes del agronegocio. "Consideramos frustrante la propuesta del gobierno brasileño, que creará un peso muy grande para la agricultura, pues tendremos que segregar los productos desde su origen", se quejó a IPS Carlo Lovatelli, presidente de la Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales.
En las sesiones de la MOP-3 hasta este viernes pueden aparecer novedades. "Tenemos informaciones de que países latinoamericanos, como México, Colombia, Paraguay, Perú y Nicaragua, podrían optar por el 'puede contener' antes defendido por Brasil", reveló.
El dirigente empresarial divulgó en la MOP-3 un estudio económico, según el cual el etiquetado de transgénicos elevaría los costos de la producción de soja en ocho a nueve por ciento. "Si se mantiene la posición brasileña, tendríamos que pedir apoyo financiero al gobierno para ajustarnos al Protocolo", pronosticó Lovatelli.
La soja es el principal cultivo transgénico de Brasil y de varios países sudamericanos.
Los ambientalistas acogieron la indicación de Lula a los negociadores brasileños para que apoyen la expresión "contiene OVM", pero rechazaron el plazo de cuatro años de adaptación, argumentando que en ese período se manifestarían muchos incidentes de contaminación por transgénicos.
"El agronegocio ya tuvo un plazo de seis años para adaptarse al Protocolo de Cartagena, aprobado en 2000. Cuatro años más es un tiempo inaceptable. En los últimos seis años hubo contaminaciones en decenas de países. El agronegocio se adapta a las nuevas regulaciones cuando quiere", dijo a IPS Marijane Lisboa, representante de la Asociación de Agricultura Orgánica, y profesora de la Universidad Católica de Sao Paulo.
Las declaraciones de diplomáticos de México, Nicaragua y Perú, cercanas a la posición abandonada por Brasil, despiertan sospechas entre los ambientalistas en la MOP-3.
"Todos estos países tuvieron casos de contaminación por transgénicos o ayuda alimentaria estadounidense con maíz transgénico no identificado. Es raro que no defiendan acá el interés de sus poblaciones, ya que mostraron no haber sido capaces de identificar productos transgénicos", observó Lisboa, ex activista de la organización ecologista Greenpeace y ex secretaria de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente brasileño en 2003 y 2004.
Para ser coherente con su nueva posición, Brasilia debería enviar a la policía a investigar por qué las empresas agropecuarias no cumplen con el etiquetado de alimentos transgénicos determinado por la legislación nacional, sugirió Joao Pedro Stédile, uno de los coordinadores del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, en nombre de la red internacional Vía Campesina en la inauguración del Foro Global de la Sociedad Civil, paralelo a la MOP-3.
Cerca de mil activistas de Vía Campesina ocuparon en la mañana de este martes instalaciones de la filial nacional de la corporación suiza Syngenta en Santa Teresa do Oeste, a unos 550 kilómetros de Curitiba, para pedir la interdicción de experimentos ilegales con transgénicos en un lugar prohibido, por estar demasiado cerca del Parque Nacional de Iguaçú, un área de conservación, según las autoridades ambientales.
