Sin el plan de acción anunciado por el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Jacques Diouf, terminó la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR). Pero hubo «avances», reconocieron portavoces de los movimientos campesinos.
No se aprobó el plan de acción ni se encaminó la creación del comité internacional de observadores para acompañar su puesta en marcha, prometidos por Diouf en la inauguración de la conferencia, pero se "abrieron ventanas" para hacerlo en el futuro. Esta CIRADR fue solo "el comienzo" de un proceso, concedió Nicholson, un líder campesino vasco, que no se identifica como español.
En la Declaración Final aprobada por representantes de los 81 países representados, se recomienda que dos comités de la FAO, el de Seguridad Alimentaria Mundial y el de Agricultura, "tomen medidas apropiadas para implementar" los principios y recomendaciones adoptados en la CIRADR, con la "participación de la sociedad civil y otros organismos de la Organización de las Naciones Unidas que tienen que ver con la soberanía alimentaria".
De esa forma, se concedió a la FAO un mandato para impulsar las acciones que respondan al espíritu de la CIRADR, que aprobó también "institucionalizar el diálogo social, la cooperación y el monitoreo y evaluación de los avances en la reforma agraria y el desarrollo rural", centrados en los pobres y en la equidad de género.
El plan de acción está incluido en la Declaración, en términos generales, al estimular inversiones en el medio rural, más participación social y énfasis en la agricultura familiar, sostuvo Parviz Koohafkan, secretario de la conferencia y director de Desarrollo Sustentable de la FAO. Los países y pueblos viven situaciones específicas, distintas unas de otras, lo que impide detallar acciones, justificó en rueda de prensa.
Pero entre los participantes de la conferencia trascendió que Estados Unidos se opuso a discutir un plan de acción. Como solución conciliadora, se transfirió al Consejo sobre Seguridad Alimentaria (CSAM) de la FAO la responsabilidad de convertir en medidas más prácticas las recomendaciones aprobadas por los representantes gubernamentales.
Se decidió "fortalecer este Consejo" que es "donde la sociedad civil tiene la presencia más importante", destacó el ministro brasileño de Desarrollo Agrario, Miguel Rossetto, quien presidio esta segunda CIRADR, realizada 27 años después de la primera.
El seguimiento de las medidas deberá ser discutido con las organizaciones de la sociedad civil en la sesión del CSAM en septiembre y en la del Comité de la FAO en noviembre.
Esta CIRADR tuvo lugar por iniciativa de Brasil, que la patrocinó, asumiendo sus gastos y aportando los recursos para que la FAO pudiera organizarla.
Fue "un éxito", porque rescató la reforma agraria y el desarrollo rural que estuvieron "fuera de la agenda" global por más de dos décadas y "reafirmó la soberanía alimentaria, el desarrollo rural sustentable y el compromiso (de los gobiernos) en combatir la pobreza rural y el hambre", evaluó Koohafkan. La declaración de los movimientos sociales acompaña la de los gobiernos como documentos finales de la conferencia y "con 90 por ciento de ideas comunes" y similitudes sin precedentes, acotó.
La declaración oficial de hecho reconoce muchos de los conceptos manifestados por los movimientos campesinos, que participaron en el foro organizado por el Comité Internacional de Planificación de Organizaciones Sociales para la Soberanía Alimentaria (CIP), convertido últimamente en un interlocutor permanente de la FAO.
Se incluyeron el derecho al acceso al agua, bosques y territorios propios de los indígenas, las mujeres, los pescadores, los pueblos pastoriles y forestales, observó Nicholson.
Pero Rossetto condenó la violencia y destrucción en el huerto forestal y un laboratorio de la compañía Aracruz de papel y celulosa, invadida por 2.000 mujeres brasileñas de Vía Campesina el miércoles, en celebración del Día Internacional de la Mujer. Se desvió la atención de una conferencia "muy rica en intercambio de experiencias y aportes", lamentó el ministro.
Las mujeres campesinas destruyeron miles de plántulas de eucalipto y material genético en el laboratorio. La empresa calculó las pérdidas en 400.000 dólares, sin incluir el valor "inestimable" de 20 años de experimentos científicos inutilizados.
Nicholson y otros dos dirigentes de Vía Campesina, su coordinador mundial Henry Saragih, de Indonesia, y Juana Ferrer, de República Dominicana, fueron convocados a una comisaría policial para un interrogatorio a causa de la acción de las mujeres, y acusados de incitación al delito por la fiscalía. El gobierno del meridional estado de Rio Grande do Sul, del que Porto Alegre es la capital, declaró rotas sus relaciones con la red mundial de movimientos rurales.
Los coordinadores del movimiento, incluyendo a la noruega Ingeborg Tangeraas y la canadiense Nettie Wiebe, declararon su total solidaridad con la manifestación de las mujeres brasileñas, argumentando que el monocultivo de eucalipto practicado por la industria de celulosa ocupa tierras, expulsando campesinos, y destruye el ambiente, agotando el agua e impidiendo que brote la vegetación bajo los árboles.
