La oficina del presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, quien se presenta como un defensor de la transparencia, es acusada de ocultar un informe sobre una firma minera en República Democrática del Congo a la que se atribuye un centenar de muertes.
La violencia estropeó el Proyecto Minero de Cobre y Plata Dikulushi, en República Democrática del Congo, a cargo de la compañía australiana Anvil Mining, según organizaciones no gubernamentales dedicadas a controlar las actividades del Banco Mundial.
El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), agencia del Banco a cargo de fomentar la inversión extranjera en el Sur en desarrollo, asignó a Anvil 13,3 millones de dólares como seguro de riesgo político.
Según activistas, el Banco se resistió a difundir los resultados de una investigación interna sobre los procedimientos internos por los cuales se otorgaron esas garantías a la compañía minera australiana.
La organización británica Rights and Accountability in Development y el Bank Information Centre, con sede en Washington, dijeron que sus solicitudes para que se difundiera el informe de la ombudsman del Banco Mundial fueron hasta ahora infructuosos.
El Banco, principal institución de créditos para el desarrollo, asigna cada año unos 20.000 millones de dólares a cientos de proyectos en países del Sur.
También tiene una enorme influencia en muchas economías de todo el planeta y a menudo marca el tono de la participación del sector privado en emprendimientos en los países en desarrollo.
Un funcionario del banco contactado por IPS se negó a hacer declaraciones sobre el caso Anvil.
Fuentes cercanas al Banco dijeron que la oficina de Wolfowitz no está ocultando el informe y que, en efecto, puede difundirlo "muy pronto", posiblemente con una respuesta de la gerencia de la institución.
La ombudsman afirmó que presentó la evaluación final a Wolfowitz en octubre de 2005, y que su publicación final "todavía aguarda la aprobación" del presidente del Banco Mundial.
Wolfowitz asumió su cargo en junio de 2005. Antes fue subsecretario (viceministro) de Defensa en el gobierno de George W. Bush, donde desempeñó un papel clave en la decisión de invadir Iraq.
Las organizaciones no gubernamentales se quejan de que tanto a Anvil como a la MIGA se les permitió conocer los resultados del informe, pero no a los damnificados por el proyecto en República Democrática del Congo.
"Son las víctimas de la masacre de Kilwa y sus familias quienes tienen derecho a conocer los resultados de la auditoría interna sin más demora", dijo Rights and Accountability in Development en una carta a Wolfowitz.
La controversia alrededor del proyecto minero comenzó en octubre de 2004, cuando el ejército congoleño mató a un centenar de personas para anular un pequeño levantamiento de las milicias Mayi-Mayi, en el poblado de Kilwa, ubicado en la meridional provincia de Kananga.
La crisis ocurrió un mes después de que el MIGA del banco aprobara el seguro.
Temiendo que la inestabilidad pudiera amenazar su operación y las exportaciones de la mina, la empresa Anvil suministró apoyo logístico al ejército congoleño, incluyendo transporte por aire y tierra, según diversos informes.
Kilwa es el punto desde donde se transportan el cobre y la plata extraídos de Dikulushi a la vecina Zambia.
En enero, Anvil informó que esa mina producido en el último trimestre del año pasado 6.085 toneladas de cobre y 587.882 onzas de plata.
La cadena de radio y televisión estatal Australian Broadcasting Corporation informó que militares congoleños a cargo de reprimir el levantamiento de Kilwa se trasladaron allí en camiones de Anvil.
Esos camiones fueron luego empleados para retirar los cadáveres de víctimas de ejecuciones sumarias, según la cadena australiana. Una investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) corroboró ese informe.
Anvil dijo no saber a ciencia cierta si su equipamiento fue usado en la campaña militar, pero negó haber participado en violaciones de derechos humanos.
Si se comprueba su incumplimiento de las regulaciones del Banco, MIGA debería retirar su garantía de riesgo político para el proyecto Dikulushi.
Las demandas llegaron en un momento delicado para el Banco. Wolfowitz señaló que una reciente reforma de la organización —cuestionada por buena parte del personal— fue diseñada para combatir la corrupción y abrir la institución a un mayor escrutinio público.
Las organizaciones de la sociedad civil que controlan la industria minera en República Democrática del Congo respondieron que la conducta de la oficina del presidente del Banco Mundial deja sin respuesta algunas dudas que surgen sobre la sinceridad de tales alegatos.
"Postergar la difusión del informe sólo da la impresión de que el Banco tiene algo que ocultar", dijo Nikki Reisch, gerente del programa para África del no gubernamental Bank Information Centre.
"Los informes del ombudsman son difundidos al público como cuestión de rutina, así que parece extraño que los relativos a una auditoría de tan elevado perfil y un proyecto tan controvertido sean mantenidos en secreto", agregó.
Los resultados de la auditoría podrían dejar lecciones sobre la necesidad de abordar las cuestiones relativas a los derechos humanos y la gobernanza antes de que el Banco apoye más proyectos del sector privado en el sector minero de República Democrática del Congo, según los activistas.
"Por todo el énfasis que pone el presidente en la transparencia y la responsabilidad dentro del Banco, uno pensaría que el señor Wolfowitz estaría ansioso por revelar el informe", dijo Reisch.
En 2001, tras una interrupción de 10 años, el Banco Mundial, con sede en Washington, reanudó sus préstamos a la República Democrática del Congo.
Desde entonces comprometió casi 2.000 millones en préstamos y subvenciones. Recientes mejoras en la estabilidad política habían atraído a muchos trabajadores de regreso al sur del país, donde se encuentran algunas de sus minas de cobre y plata más ricas.
Organizaciones dedicadas a llamar a la responsabilidad a las grandes corporaciones dijeron que el Banco puede haber aprobado el proyecto con demasiada rapidez y sin tener en cuenta si el regreso de los mineros podría realimentar la violencia y la inestabilidad.
Los activistas alegaron que los abundantes recursos minerales de la República Democrática del Congo detonaron la guerra civil de fines de los años 90, y recordaron que, aunque el conflicto se redujo desde 2001, la violencia escaló en los últimos tiempos en la provincia de Katanga, donde se encuentra la mina de Dikulushi.
En 2002, un informe de la ONU reveló que complejas redes de políticos, militares y empresarios fomentaron intencionalmente la violencia para retener el control sobre los recursos naturales de la República Democrática del Congo.
Los activistas opinaron que esto debería haber sido una advertencia suficiente para que el Banco Mundial no concediera préstamos a proyectos mineros si sus discursos en materia de corrupción eran sinceros, especialmente en países propensos al conflicto.
