El Consejo de Seguridad de la ONU, cuya prioridad es mantener la paz en el mundo, tratará la semana próxima a instancias de Estados Unidos un asunto ajeno a su habitual jurisdicción: las acusaciones de corrupción contra la Secretaría General.
El embajador de Estados Unidos en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), John Bolton, hoy al frente de la presidencia rotativa del cuerpo, prevé convocarlo para revisar un informe de 45 páginas de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS).
El estudio está lleno de acusaciones de fraude y mala administración de fondos contra la Secretaría General que encabeza el ghanés Kofi Annan.
El interés de Bolton en discutir el asunto en el Consejo de Seguridad es significativo, pues la mayoría de los casos de corrupción reseñados en el informe se vinculan con misiones de mantenimiento de paz de la ONU en distintos puntos del planeta.
Pero los 132 países del Sur en desarrollo que integran el Grupo de los 77 (G-77), principal grupo de naciones de la ONU y abrumadora mayoría de sus 191 miembros, discrepan con Estados Unidos.
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Un portavoz del G-77 señaló que, con la convocatoria de Bolton, el Consejo de Seguridad usurpa funciones y responsabilidades de la Asamblea General de la ONU, que reúne a todos sus miembros.
El G-77 ya había acusado de lo mismo al propio Annan.
"Es una coincidencia peculiar que los últimos intentos de usurpación de funciones de la Asamblea General por parte de la Secretaría ocurran cuando también vemos un movimiento similar por parte del Consejo de Seguridad", dijo el embajador de India en la ONU, Nirupam Sen.
El diplomático confirmó a fines de este mes que el Consejo de Seguridad prevé realizar una reunión para revisar la administración del Departamento de Operaciones de Consolidación de la Paz (DPKO), con especial atención en las adquisiciones de esa oficina y en la auditoría de OIOS.
"Pero las adquisiciones y las auditorías, así como otros aspectos vinculados con la administración, son prerrogativa de la Asamblea General", no del Consejo de Seguridad, dijo Sen ante los delegados esta semana.
La propuesta de realizar una revisión completa del DPKO ya había sido presentada por varios países en desarrollo, incluida India, y aprobada por la Asamblea General, destacó el embajador.
El Consejo de Seguridad no tiene ningún derecho a atribuirsee algo que está en el ámbito de la Asamblea General, subrayó.
El G-77 envió el martes una carta a Annan quejándose de que el subsecretario general para Asuntos de Administración, Christopher Burnham, diera detalles a la prensa sobre la auditoría de OIOS antes de que los países miembros del foro mundial tuvieran acceso al informe.
"En vez de informar a los países miembro en la Asamblea General sobre el resultado de la auditoría, tenemos por un lado al subsecretario general para Asuntos de Administración dando datos a la prensa, y por el otro al Consejo de Seguridad organizando una reunión al respecto", se quejó Sen.
El diplomático también señaló que la participación del Consejo de Seguridad en la administración del programa Petróleo por Alimentos en Iraq también fue criticada por el comité que descubrió casos de fraude y mala gestión de ese plan por 64.000 millones de dólares.
"Las cicatrices por las críticas al papel del Consejo de Seguridad todavía están abiertas", dijo Sen.
El informe de OIOS que será discutido la próxima semana revisa 27 contratos que totalizan 1.000 millones de dólares durante el período 2000-2005.
La auditaría cita varios casos en que le presupuesto para las misiones de paz de la ONU fue "sobreestimado o inflado, lo que en algunos casos llevó a crear una reserva de suministros".
Por ejemplo, los contratos de combustible para la misiones en Sudán y Haití superaron los gastos autorizados en por lo menos 34 millones de dólares y 31 millones de dólares respectivamente.
Además, la misión en República Democrática del Congo recibió siete aviones valorados en unos 2,4 millones de dólares que aún no han sido utilizados, y la misión en Timor Oriental adquirió al parecer sin autorización un helicóptero por 10,4 millones de dólares.
El informe de OIOS señala que, en muchos casos, las operaciones de paz dependían de un número limitado de vendedores, lo que hizo que las misiones fueran vulnerables a los cobros excesivos.
El estudio atribuyó el problema a la "falta de cuidado y atención de las autoridades", que deben ser responsables del diseño y de la puesta en práctica de los controles internos.
Las adquisiciones de la ONU entre 2002 y 2004 sumaron 3.000 millones de dólares, de las que 2.500 millones, esto es, 82 por ciento, fueron compras para las misiones de paz.
