El Grupo de los 77 (G-77) países en desarrollo niega que Estados Unidos tenga derecho a dictar la agenda de las misiones de mantenimiento de paz de la ONU porque paga 27 por ciento de su presupuesto.
El G-77, actualmente de 132 miembros, representa a más de dos tercios de los 191 países miembros de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
"Sólo porque Estados Unidos, Japón y Alemania paguen más de 50 por ciento del presupuesto no significa que tengan 50 por ciento de la voz en la ONU", dijo a periodistas el embajador de Sudáfrica, Dumisani Kumalo, en referencia a los tres principales contribuyentes del foro mundial.
"Esta no es una corporación privada o una de las 500 empresas de (la revista) Fortune", dijo. "No es que ellos posean acciones de clase 'A' y el resto de nosotros no. Todos somos evaluados según nuestra capacidad de pago", dijo Kumalo, quien preside el Grupo-77.
Kumalo desafió el argumento de que Estados Unidos y Japón deberían tener "una voz mayor" porque pagan "más dinero".
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Actualmente, la contribución de Estados Unidos a la ONU equivale a 27 por ciento del presupuesto de mantenimiento de la paz, mientras que la de Japón representa 20 por ciento y la de Alemania 8,7 por ciento.
El miércoles, el Consejo de Seguridad, de 15 miembros, presidido por el embajador estadounidense John Bolton, mantuvo una reunión para discutir una investigación interna de la ONU sobre las operaciones de mantenimiento de la paz.
La investigación destacó varios casos de fraude, corrupción y mala administración en las misiones. La Secretaría puso en licencia administrativa a ocho funcionarios bajo investigación.
Pese a las protestas del G- 77 en cuanto a que las compras y la administración no forman parte de los asuntos del Consejo de Seguridad, Bolton siguió adelante con una reunión del Consejo alegando que los contribuyentes estadounidenses tenían derecho a saber cómo era gastado o malgastado su dinero por parte del organismo mundial.
Estados Unidos también es el mayor contribuyente del presupuesto central de la ONU, con 22 por ciento, seguido de Japón (19,6 por ciento) y Alemania (9,8 por ciento).
Bolton dijo que las licitaciones fraudulentas y el malgasto afectaban directamente recursos impositivos estadounidenses, en tanto su país era el máximo contribuyente de la ONU. "Eso significa que Estados Unidos pagará un cuarto de cada malgasto, fraude y abuso", dijo.
Ante el Consejo, Kumalo aseveró que el principio fundamental sobre el que descansa la ONU es el de constituir un organismo intergubernamental en el que la voz de todos y cada uno de sus estados miembros debe ser oída y respetada, sin importar los aportes a su presupuesto.
"El hecho de que pueda haber diferencias en el grado de aporte monetario a la organización no implica ninguna diferencia en la capacidad de decisión de los estados miembros de la ONU", alegó.
El embajador japonés Kenzo Oshima apuntó que "no hace falta decir que en nuestros países la buena gobernanza requiere asegurarse de que el dinero de los contribuyentes sea gastado no sólo sabia sino responsablemente, adhiriendo a las reglas y regulaciones".
"Lo mismo debería ser verdad para los organismos intergubernamentales, incluyendo a la ONU", dijo.
En una amenaza implícita, Oshima añadió: "Me siento obligado a decir que, a menos que se tomen medidas inmediatas y convincentes para enmendar este problema, a mi gobierno, que contribuye con alrededor de 20 por ciento del presupuesto de mantenimiento de paz, le será muy difícil sostener el apoyo interno para suscribir (ese tipo de) operaciones".
Esto se aplica tanto a las operaciones en curso como a las nuevas, inclusive una planificada para la occidental región sudanesa de Darfur.
Kumalo señaló que la investigación, realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI), fue requerida por miembros del G-77 y China. Por lo tanto, la insinuación de que los países en desarrollo pueden tolerar de algún modo la corrupción, la mala administración y el fraude es errónea, agregó.
El G-77 espera que el secretario general Kofi Annan actúe de inmediato en casos de corrupción, fraude o cualquier mala acción dentro de la ONU, añadió.
También recordó que el año pasado el Consejo de Seguridad fue criticado por fracasar en su función de controlar el uso de 64.000 millones de dólares del ahora extinto programa Petróleo Por Alimentos en Iraq, que "fue creado, manejado y controlado por el Consejo de Seguridad".
El embajador de Singapur, Vanu Gopala Menon, se refirió al "voluminoso informe" de la investigación sobre ese programa. "Tal vez algo de nuestro afán reformista debería ser asignado a examinar cuántos miles de millones de dólares parecen haber sido malgastados en el programa Petróleo Por Alimentos", dijo, señalando al Consejo de Seguridad.
Este es un asunto del que el Consejo de Seguridad está al tanto, dijo Menon. Y citando al escritor y periodista estadounidense Henry Louis Mencken, añadió: "La injusticia es relativamente fácil de soportar. Lo que remuerde es la justicia".
Tal vez necesitamos remorder de modo más equitativo. "Si la evidencia señala delitos, entonces formúlenlos, para que el personal en cuestión pueda defenderse", dijo.
Menon opinó que el proceso debería llevarse a cabo antes que el actual secretario general deje su puesto.
"Las investigaciones en la ONU tienen el extraño hábito de extenderse interminablemente para convertirse en problema de otra persona. Así que permítannos enfocar el tema de la reforma y sus facetas con imparcialidad e igual fervor. Como escribió una vez Martin Luther King, 'La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes'".
Mark Malloch Brown, jefe del gabinete de Annan, dijo al Consejo que con el crecimiento de las operaciones de paz, los gastos relacionados han sido el segmento de más rápido aumento de las actividades de la Secretaría.
Durante los nueve años que Annan lleva en el cargo, el valor de las licitaciones globales de la ONU, 85 por ciento de las cuales son para mantenimiento de paz, pasó de unos 400 millones a unos 1.600 millones de dólares el año pasado. Se espera que el presupuesto 2006 para estas operaciones exceda los 2.000 millones, sostuvo Malloch Brown.
Los hallazgos de la investigación se dividen en tres partes, según Malloch Brown.
Primero: la organización está expuesta a serio riesgo financiero porque los controles internos son inadecuados, la supervisión administrativa y la orientación estratégica por momentos faltaron, y la administración no ejerció la debida diligencia ni estableció altos parámetros de conducta ética y responsabilidad, pese a numerosas irregularidades reportadas en investigaciones anteriores.
Segundo, la OSSI cree que hay evidencia de pérdidas financieras por requerimientos y gastos inflados y falta de controles de las adquisiciones, incluyendo la no presentación de documentos ni garantías de desempeño.
Tercero, hay señales de serias irregularidades, incluyendo connivencia o conflicto de intereses con proveedores, como evidencian comunicaciones inapropiadas entre funcionarios de la ONU, un gobierno nacional y representantes de vendedores, la cancelación injustificada de ofertas y su nueva presentación y la alteración de precios ofertados por parte de funcionarios encargados de las licitaciones.
"Esto es muy alarmante y amerita una investigación urgente", agregó Malloch Brown.
