Expertos en derechos humanos y política internacional coinciden con el reporte de la ONU que urge a Estados Unidos cerrar su prisión militar en la bahía de Guantánamo, Cuba. Pero la mayoría cree que sólo clausurar el sitio elude el asunto principal: qué hacer con los prisioneros.
Varios entrevistados por IPS expresaron su temor de que el gobierno de George W. Bush aproveche la fuente del informe, la cuestionada Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para desacreditar sus conclusiones.
El informe, que se espera sea divulgado en breve pero cuyo contenido se conoció esta semana, considera el trato dado por los militares estadounidenses a los detenidos en Guantánamo una violación a sus derechos a la salud física y mental, y en algunos casos constituye tortura.
Además, insta a Washington a cerrar esa prisión y juzgar a los prisioneros en territorio estadounidense, ya que su detención indefinida constituye un abuso del derecho internacional.
La investigación es el resultado de 18 meses de trabajo de cinco expertos designados por la Comisión, quienes entrevistaron a ex prisioneros, militares, abogados y familiares de los detenidos.
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Los expertos no visitaron la prisión de Guantánamo, donde Estados Unidos mantiene desde enero de 2002 a cientos de detenidos en su "guerra contra el terrorismo", pues Washington les negó autorización para entrevistarse en privado con los prisioneros.
La Comisión es criticada por incluir entre sus 53 miembros a países cuyo historial en derechos humanos ha sido cuestionado, como Arabia Saudita, Azerbaiyán, China, Cuba, Egipto y Zimbabwe.
Estados Unidos lidera una iniciativa para reformar el organismo y negarle la membresía a estas naciones.
El equipo de la ONU concluyó que la alimentación forzada a detenidos que hacen huelga de hambre, los incidentes de excesiva violencia al transportarlos y las técnicas de interrogatorio usadas "deben ser considerados como tortura".
"Consideramos muy cuidadosamente todos los argumentos planteados por el gobierno de Estados Unidos", dijo Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre tortura y uno de los enviados. "No hay conclusiones fáciles. Pero concluimos que la situación en varias áreas viola el derecho internacional y las convenciones sobre derechos humanos y tortura".
Washington niega a esos detenidos el estatus de prisioneros de guerra, pero tampoco les formula cargos penales ni les reconoce el derecho al debido proceso y a defensa legal.
Nowak, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, es profesor de derecho constitucional en la Universidad de Viena y director del Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos. Desde 1996 se desempeña como juez en la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina en Sarajevo.
Defensores de los derechos humanos esperan que las conclusiones de la ONU agreguen peso a hallazgos similares de organizaciones no gubernamentales y del Parlamento Europeo.
"La existencia de la prisión en Guantánamo y el trato de los detenidos allí viola el derecho internacional", dijo a IPS Erwin Chemerinsky, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Duke.
"Sin embargo, si la base de Guantánamo fuera cerrada, es esencial que no sea reemplazada por algo peor. Por ejemplo, sería más grave si los prisioneros fueran luego transferidos a prisiones en otros países más allá de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses", agregó.
Este punto de vista fue reiterado por Gabor Rona, director legal internacional de la organización no gubernamental Human Rights First, con sede en Nueva York. "Si Guantánamo permanece abierta o no (es una asunto que) es sólo un síntoma de una cuestión más amplia: ¿qué les ocurrirá a los detenidos?", dijo en una entrevista.
"Si el cierre significa que Estados Unidos va a abrir su entorno legal a respetar las normas internacionales sobre derechos humanos no sólo en Guantánamo sino en todos sus centros de detención en el mundo, sería un paso adelante. Si significa simplemente embarcar a los detenidos hacia otros destinos donde sus derechos continuarán siendo violados, no sería un avance en absoluto", añadió.
Jonathan Turley, profesor de la Universidad de Georgetown y autoridad ampliamente reconocida en materia de derecho constitucional estadounidense e internacional, dijo a IPS que "cerrar Guantánamo sería un cambio bienvenido. Sin embargo, significará poco si los abusos continúan en una docena de lugares menos visibles".
"El problema son las decisiones legales del presidente y el continuo fracaso del gobierno en cumplir con el derecho interno e internacional. La recomendación más importante es que se juzgue a esos prisioneros en tribunales federales, en lugar de los procedimientos sin sentido de Guantánamo".
Expertos entrevistados por IPS piensan que hay una buena posibilidad de que el gobierno de Bush intente usar la problemática composición de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para desacreditar o desestimar los hallazgos del informe.
"Sospecho que el gobierno tratará de usar esto para cuestionar la veracidad del informe, o por lo menos su credibilidad", dijo Patricia Kushlis, funcionaria retirada de la Agencia de Información de Estados Unidos y especialista en política internacional, diplomacia pública y seguridad nacional. "Si lo va a cumplir o no es otra cuestión".
Barbara J. Olshansky, directora consejera de la Guantánamo Global Justice Initiative (Iniciativa de Justicia Global para Guantánamo) del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo que aunque "la Comisión de Derechos Humanos incluye a estados con antecedentes lejos de ser ideales en derechos humanos, el informe que hemos visto es emitido por fuentes irreprochables".
Olshansky señaló que los cinco expertos que lo prepararon son las autoridades más destacadas en la temática. "No tienen ningún rol ni responsabilidad en las acciones de sus gobiernos de origen".
En noviembre, el gobierno de Bush ofreció a tres de los cinco expertos de la ONU la misma visita a la prisión efectuada por periodistas y miembros del Congreso legislativo. Pero se negó a entrevistas privadas con los prisioneros, razón por la cual los especialistas rechazaron la oferta.
"Pienso que debe ser cerrado o completamente abierto a la inspección y el acceso por parte de la ONU, la Cruz Roja y la Medialuna Roja y otras organizaciones internacionales de derechos humanos", dijo a IPS Christopher J. Roederer, profesor asociado de derecho de la Escuela de Leyes de Florida.
"El principal problema con el informe es que no hubo visitas ni acceso a los prisioneros. Pero, ¿de quién es la culpa? ¿Acaso aceptamos las garantías de Saddam Hussein de que no había armas de destrucción masiva (en Iraq) cuando lo dijo? ¿No pusimos su falta de cooperación plena contra él?", preguntó.
El informe se centra en el sustento legal del gobierno de Estados Unidos para mantener a los detenidos, tal como fue expresado por Washington en su respuesta a la investigación de la ONU.
"La ley de la guerra permite a Estados Unidos —y a cualquier otro país comprometido en el combate— mantener a los combatientes enemigos sin cargos ni acceso a un abogado mientras duren las hostilidades. La detención no es un acto de castigo, sino de seguridad y de necesidad militar. Sirve al propósito de impedir que los combatientes continúen tomando las armas contra Estados Unidos", dijo Washington.
Pero los expertos de la ONU concluyeron que no existió el suficiente debido proceso para determinar si más de 750 personas que estuvieron recluidas en Guantánamo eran "combatientes enemigos", y que el propósito principal del confinamiento fue interrogarlas y no evitar que empuñaran las armas.
Estados Unidos liberó o transfirió a sus países de origen a más de 260 prisioneros de Guantánamo.
