Un experto de la ONU fijará en los próximos días el curso de una denuncia contra la fiscalía federal de Alemania por supuesta falta de independencia al desestimar una acción penal contra el secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld y otros altos funcionarios, por torturas cometidas en Iraq.
.jpg "El jefe del Pentágono, en el peor lugar, en el peor momento. Crédito: Chad J. McNeele (Departamento de Defensa)")
Despouy es uno de los cinco expertos de la ONU que difundieron el 16 de este mes un informe crítico de las condiciones de encarcelamiento de unas 500 personas en la base naval estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba.
El documento mencionó el uso excesivo de la fuerza contra esos detenidos, el traslado de algunos a países donde la práctica de tortura es de rutina, y recomendó el cierre de la prisión de Guantánamo, el traspaso de los presos a la justicia federal o su inmediata liberación.
Los expertos elaboraron el informe sin haber podido viajar a Guantánamo para verificar la situación en el lugar. Washington aceptó la visita a la base naval, pero les negó autorización para que sostuvieran encuentros sin testigos con los detenidos. En esas condiciones, los relatores desistieron del viaje.
[related_articles]
Pero ahora Despouy adelantó que evaluaba la posibilidad de proponer a sus cuatro colegas de la ONU la presentación de una solicitud para visitar la prisión iraquí de Abu Ghraib, un recinto que adquirió notoriedad por las torturas y otros abusos que militares estadounidenses cometían contra prisioneros iraquíes.
El caso contra Rumsfeld y otros funcionarios estadounidenses se inició precisamente por una denuncia de organizaciones no gubernamentales en nombre de ciudadanos iraquíes que fueron víctimas de torturas y de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por tropas de Estados Unidos en Abu Ghraib.
Las organizaciones denunciantes fueron la Asociación de Abogados Republicanos, de Alemania, el Centro por los Derechos Constitucionales, con sede en la ciudad estadounidense de Nueva York, la Federación Internacional de Derechos Humanos, asentada en París, y la Asociación de Abogados contra la Guerra, de Canadá.
Las cuatro entidades acusaron en noviembre de 2004 a 10 jerarcas civiles y militares de Estados Unidos de ordenar en Iraq crímenes de guerra o de no haber impedido la comisión de esos delitos por parte de sus subordinados. La demanda se presentó en Alemania, amparada en el Código de Crímenes contra el Derecho Internacional.
Además de Rumsfeld, entre los acusados figura el actual secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales.
Las organizaciones demandantes arguyeron que la acción penal fue incoada ante la justicia alemana porque claramente Estados Unidos había mostrado repetidas veces que carecía de voluntad para investigar la responsabilidad penal de los funcionarios señalados.
La denuncia enviada el lunes a Despouy asegura que la fiscalía federal alemana desestimó las acciones contra Rumsfeld, Gonzales y otros como consecuencia de la "presión ilegal" ejercida por Estados Unidos.
El Pentágono (sede del Departamento de Defensa) había prevenido a las autoridades alemanas que ese "frívolo proceso" afectaría las relaciones binacionales y anunciado que Rumsfeld no asistiría a una conferencia de seguridad que debía iniciarse en la ciudad sureña alemana de Munich el 12 de febrero de 2005.
Pero dos días antes del comienzo de esa conferencia, la fiscalía alemana desestimó la denuncia con el argumento de que los delitos mencionados debían juzgarse en los países donde se cometieron o en los de origen de sus autores. Entonces, el Pentágono anunció que Rumsfeld viajaría a Alemania.
Un año más tarde, las cuatro organizaciones no gubernamentales decidieron recurrir al relator especial de la ONU. En el mensaje a Despouy, aseguran que Estados Unidos violó los principios reconocidos universalmente de independencia de los fiscales. Las entidades sostienen también que la fiscalía alemana faltó a sus deberes de órgano acusador de una manera independiente, imparcial y objetiva.
El relator dijo a IPS que los denunciantes "me trasladan un señalamiento de que (la fiscalía alemana) habría obrado con falta de independencia". Por ahora, "no tengo elementos y espero informarme".
Despouy mencionó que en algunos sistemas jurídicos nacionales, la fiscalía nacional (o federal como se denomina en Alemania) tiene autonomía con relación al Poder Ejecutivo. En otros, el fiscal depende de la autoridad ejecutiva. En este caso, el relator debe aún determinar cual es el régimen vigente en ese país europeo.
"Enviaré en la próxima semana una nota con pedido de información al gobierno alemán, pero no creo que respondan antes de un mes", estimó Despouy.
Al examinar el episodio, un experto de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), José Zeitune, observó que las cuatro organizaciones no gubernamentales denunciantes arguyeron que "hubo presión de arriba" para que el fiscal desestimara la acción penal.
El abogado de la CIJ opinó que fue "un caso de falta de objetividad más que de independencia". En cuestiones de derechos humanos en particular la fiscalía tiene obligación de llevar a cabo investigaciones profundas, dijo.
El hecho de que figure el nombre de Rumsfeld en la demanda no es una razón objetiva para desestimar una acción penal, insistió Zeitune.
El jurista comentó también que si para el relator especial existía una sospecha de que la fiscalía alemana fue intimidada, "entonces sí ha habido una injerencia indebida y una violación de los estándares internacionales".
