El gobierno de Kenia se las verá negras para recuperar fondos públicos malversados en una serie de acciones ilegales de funcionarios del Estado y empresarios, dijeron fuentes jurídicas y bancarias de este país del oriente africano.
El gobierno alega estar actuando para recuperar el dinero desviado.
"Estamos recuperando todos los bienes comprados con el dinero de la corrupción. Congelaremos las cuentas bancarias y llevaremos a juicio a los implicados", señaló la ministra de Justicia, Martha Karua, al aseverar que se habían identificado edificios y tierras a ser recobrados.
Sin embargo, el prestigioso jurista Albert Mumma dijo que, según la Ley de Delitos Económicos de Kenia, los bienes presuntamente adquiridos por medios corruptos sólo pueden ser confiscados tras innumerables procesos legales y cuando el Estado haya probado más allá de toda duda que el dinero o la propiedad fueron obtenidos de modo ilegal.
"Esto lleva mucho tiempo, años de audiencias judiciales", dijo Mumma a IPS.
[related_articles]
Tales declaraciones pueden desanimar a los keniatas que esperan que el actual revuelo conduzca a una rápida recuperación de los fondos robados.
La Asociación de Bancos de Kenia señaló que reformar la legislación para racionalizar la confiscación de bienes probablemente sea un proceso largo y complicado.
Joseph Wanyela, directivo de esa asociación, también considera sería difícil rastrear el dinero obtenido ilegalmente y depositado en bancos nacionales, dado que no hay una ley que permita levantar el secreto bancario que rige las relaciones entre las entidades financieras y sus clientes, bajo la forma de cláusulas de confidencialidad.
Además, se requiere una legislación para definir cómo deberían ser tratadas las personas que, sin saberlo, compraron propiedades a quienes las obtuvieron por medios corruptos.
"¿No deberían ser compensadas?", preguntó Wanyela. "El gobierno no debe actuar sin pensar, o podría exponerse a demandas legales", advirtió.
Esfuerzos previos de recuperación de bienes son descritos como "poco entusiastas" por el ex presidente de la Sociedad de Derecho de Kenia, Ahmednasir Abdullahi.
En 2003, poco después de que asumiera su cargo el actual presidente Mwai Kibaki, el gobierno anunció que había contratado a una firma internacional de contadores e investigadores forenses, Kroll Associates, para hallar dinero robado durante el régimen anterior.
Menos de un año después, Kiraitu Murungi, entonces ministro de Justicia, reveló que Kroll había rastreado casi 1.000 millones de dólares en bancos de Suiza, Luxemburgo, Austria, Holanda, Italia, Gran Bretaña y los estados del Golfo, y se comprometió a recuperarlos.
También se informó que Kenia pediría ayuda a Sudáfrica para establecer si fondos ilegales habían sido usados para comprar propiedades en ese país.
Sin embargo, "los keniatas jamás nos hicieron ningún pedido de ayuda para rastrear ningún dinero invertido en Sudáfrica", dijo un portavoz de la Alta Comisión Sudafricana en Kenia, Izak Barnard.
Durante una reunión en Nairobi, en 2005, Murungi dio una nota diferente sobre el rastreo de los millones saqueados. "La contradicción en la lucha contra la corrupción radica en si se deben invertir los escasos recursos en escarbar el pasado corrompido o en crear un futuro mejor, libre de venalidad".
Murungi fue uno de los dos ministros destituidos en el marco de investigaciones sobre Anglo Leasing and Finance Limited, una firma ficticia a la que el Estado le concedió contratos para suministrar un sistema de emisión de pasaportes a prueba de falsificaciones y para construir laboratorios forenses para la policía.
Un informe realizado por el ex secretario permanente para la Gobernanza y la Ética, John Githongo, condujo a las renuncias de Murungi —trasladado a la cartera de Energía— y su par de Finanzas, David Mwiraria. El documento se filtró a los medios de comunicación a comienzos de este año.
La British Broadcasting Corporation (radio y televisora británica BBC) también emitió una grabación realizada por Githongo en la que presuntamente se escucha a Murungi pidiéndole que demorara las investigaciones sobre el caso Anglo Leasing a cambio de un trato indulgente con su padre, en relación con una deuda bancaria.
El ministro de Educación, George Saitoti, también renunció, pero por otro escándalo, conocido como el asunto Goldenberg, un esquema de compensación de exportaciones a comienzos de los años 90 que resultó en un saqueo de al menos 600 millones de dólares del Estado. El nombre corresponde a la empresa Goldenberg International, cuyo propietario era Kamlesh Pattni.
Una comisión investigadora instituida por el presidente Kibaki poco después de asumir el poder, reveló que Pattni y varios funcionarios participaron en el fraude, que incluyó la exportación ficticia de oro y diamantes.
Según Pattni, una parte sustancial de los fondos sustraídos fue utilizada para financiar la campaña de la Unión Nacional Africana de Kenia para las elecciones generales de 1992, en las que ese partido salió victorioso en medio de acusaciones de fraude electoral.
Pero el destino de otros fondos está menos claro.
"Una cantidad de dinero fue desviada fuera del país por el esquema Goldenberg, pero no pudimos rastrearla", concluyó el presidente de la comisión, Samuel Bosire. Mientras continúan las investigaciones sobre este caso, Saitoti y otras 19 personas implicadas en los hechos no pueden salir del país.
Githongo dijo que las redes de funcionarios y empresarios corruptos que prosperaron bajo el régimen de Daniel arap Moi (1978-2002) continuaron operando luego que Kibaki llegó al poder, a fines de 2002.
También afirmó que Kibaki estaba al tanto de que los contratos con Anglo Leasing eran sospechosos, pero no tomó ninguna acción al respecto.
