Los últimos episodios del incesante escándalo de corrupción que sumerge hace años a Kenia dejan mal parado no sólo al ex presidente Daniel Arap Moi y a sus colaboradores, sino también al actual gobierno, cuyo ministro de Finanzas debió a renunciar esta semana.
Una estafa multimillonaria en torno del contrato asignado a la empresa fantasma Anglo Leasing and Finance Ltd. para la elaboración de pasaportes seguros y el equipamiento de laboratorios forenses detonó en la opinión pública esta semana.
Al mismo tiempo, un informe sobre un caso de corrupción que mancha al gobierno de Moi descansa desde hace un año en un cajón de la oficina del actual presidente, Mwai Kibaki, quien se había comprometido en la campaña electoral de 2002 a erradicar la corrupción.
A su vez, el fondo de campaña del propio Kibaki habría recibido dinero de Anglo Leasing, según un informe redactado por un funcionario que debió radicarse en Londres amenazado de muerte.
Los activistas por la transparencia en Kenia consideran que el premio mayor de su lucha sería el procesamiento de Moi, que gobernó el país entre 1978 y 2002.
Pero "la corrupción, que durmió durante unos pocos meses luego de la asunción de Kibaki, revivió poco después", dijo Tom Ojienda, presidente de la Sociedad de Derecho de Kenia.
El informe del ex secretario de Gobernanza y Ética John Githongo, ex presidente del capítulo keniata de Transparencia Internacional, vinculó esta semana a funcionario del gobierno anterior y del actual con contratos fraudulentos en favor de Anglo Leasing por un valor de 700 millones de dólares.
El gobierno encargó a esta firma ficticia la provisión de un sistema seguro de pasaportes que dificultara su falsificación, la instalación de laboratorios forenses y de un sistema informático para la policía, y la compra de buques militares.
El periódico Sunday Nation informó que el gobierno acordó pagar 38 millones de dólares para el sistema de seguridad de los pasaportes, que podría haberse adquirido por menos de 10 millones de dólares.
Pero, además, a Anglo Leasing se le pagó por ese concepto mucho más de lo que establecía el contrato, unos 100 millones de dólares, los que debió devolver luego de que el público conociera la estafa.
Por esa devolución, el entonces ministro de Justicia, Kiraitu Murungi, calificó este caso como "el escándalo que nunca fue".
Parte del dinero procedente de ese fraude se canalizó, al parecer, hacia el fondo electoral de la Coalición Nacional del Arcoriris, y luego hacia la campaña oficialista por la reforma constitucional desechada el año pasado en las urnas.
Githongo está radicado en Gran Bretaña desde febrero del año pasado, pues un alto funcionario del gobierno —al parecer un ministro— le advirtió que su vida estaba en peligro a causa de sus investigaciones.
Ministros le recomendaron a Githongo que "dejara tranquilas a ciertas personas" que gozaban de buenas relaciones con Kibaki, informó el ex funcionario en su informe.
Un ministro al que no identificó en su reporte le dijo: "Si perseguimos (a los corruptos), nuestro gobierno caerá".
El ministro de Finanzas, David Mwiraria, renunció el miércoles por su vinculación con el escándalo. Se trata del primer secretario de Estado que dimite a causa de acusaciones de corrupción.
El informe de Githongo menciona a otros altos funcionarios: el vicepresidente Moody Awori, el ministro de Energía Kiraitu Murungi, el ex ministro de Transporte Chris Murungaru, y el presidente del Servicio Civil de Kenia y secretario del gabinete, Francis Muthaura.
Antes del caso Anglo Leasing, el escándalo de corrupción más destacado conocido en Kenia tuvo epicentro en la compañía Goldenberg International, cuyo propietario, el keniata Kamlesh Pattni, tramitó a comienzos de los años 90 compensaciones por exportaciones ficticias de oro y diamantes.
Activistas aseguran que más de 600 millones de dólares se esfumaron de las arcas del gobierno por el caso Goldenberg. Ese vaciamiento fue uno de los argumentos esgrimidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para suspender su asistencia a Kenia en 1997.
Al llegar al gobierno a fines de 2002, Kibaki creó una comisión investigadora para investigar esas irregularidades, encabezada por el juez Samuel Bosire, que en febrero de 2005 presentó su informe final a Kibaki.
En el reporte, Pattni aseguró que Moi, quien se negó a brindar su testimonio, había sido uno de los principales autores intelectuales del fraude, y que le entregó al hoy ex presidente maletas repletas de dinero.
En una declaración escrita, el ex presidente desestimó las afirmaciones de Pattni, a las que consideró "ridículas". La propia comisión manifestó cierto escepticismo ante las afirmaciones del empresario.
Pero "dudamos si el ex presidente ignoraba completamente" las circunstancias que rodearon el caso Goldenberg, indica el informe, extractos del cual fueron obtenidos por IPS.
"La impresión es que el ex presidente no tenía ninguna idea sobre todo esto. Para establecer el alcance de su involucramiento, es necesario investigar más", agregó la comisión.
El reporte también implica al actual ministro de Educación de Kenia y al ex vicepresidente del Moi, George Saitoti, quien, según la comisión, aprobaba "pagos irregulares" a la empresa de Pattni.
Fuentes jurídicas que analizaron el informe completo dijeron a IPS que el texto recomienda "una investigación más profunda y un posible procesamiento" de más de 70 personas, la mayoría de ellas ex funcionarios del gobierno y empresarios cercanos a Moi.
El viceministro de Justicia, Robinson Githae, prometió que el gobierno "implementará todas las recomendaciones de la comisión y los culpables afrontarán todo el peso de la ley". Pero todavía hace falta un paso decisivo: el reporte debe ser publicado oficialmente, para lo cual aún no se anunció una fecha.
Funcionarios temen a la posible reacción de los partidarios de Moi ante un posible procesamiento, y también se resisten a enfrentarse con un dirigente que eligió dejar el poder pacíficamente tras dos decenios de gobierno.
No obstante, enfrentado con el creciente descontento de los donantes internacionales sobre el manejo de las finanzas públicas, Kibaki está bajo presión para actuar contra la corrupción pasada y contra la actual.
El Banco Mundial anunció esta semana la postergación de pagos por casi 270 millones de dólares hasta que el gobierno demostrara suficiente compromiso contra la corrupción.
En medio del clamor causado por el informe de Githongo, el gobierno de Kibaki sobrellevó otro golpe: un informe emitido el lunes por el capítulo keniata de Transparencia Internacional y la no gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Titulado "Vivir a lo grande: contando el costo de la extravagancia oficial en Kenia", el informe indica que las autoridades gastaron al menos 12 millones de dólares en automóviles de lujo para uso personal entre enero de 2003 y septiembre de 2004.
Según el informe, esos 12 millones de dólares podrían haberse usado para comprar medicamentos antirretrovirales necesarios para la terapia contra el sida de 147.000 personas durante un año. Apenas 11.000 de laos 270.000 portadores del virus del sida reciben ese tratamiento.
(*) Con aportes de Joyce Mulama
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