El gobierno de Tailandia debe dejar que la justicia actúe para poner fin a la «guerra sucia» en las provincias musulmanas del sur de este país de mayoría budista, reclaman activistas de derechos humanos.
El reclamo de respeto a la justicia, formulado por Amnistía Internacional, con sede en Londres, y por defensores nacionales de los derechos humanos, tiene lugar al cumplirse dos años desde que estalló la violencia en tres provincias predominantemente malayas musulmanas de esta nación de Asia sudoriental, resultando en alrededor de 1.100 muertes.
Los malayos musulmanes del sur suman alrededor de 2,3 millones de los 64 millones de habitantes de Tailandia.
"El gobierno tiene que asumir la cuestión de la justicia como uno de sus principales objetivos", dijo a periodistas Boonthan Verwongse, director de la oficina tailandesa de Amnistía. "Si uno quiere paz, tiene que trabajar por la justicia".
Las fallas en el sistema penal en el sur son evidentes por los maltratos a niños y hombres malayos musulmanes detenidos por la policía por vínculos con presuntas organizaciones rebeldes.
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Casi la mitad de las casi 200 personas detenidas en cárceles de cuatro provincias meridionales están encadenadas y así permanecen "incluso cuando se les permite jugar al fútbol", dijo Pornpen Khongkachonkiet, un activista que investiga violaciones de derechos humanos en esa región problemática. "Muchos detenidos no tienen un asesoramiento legal apropiado ni abogados".
Amnistía arrojó luz sobre el abuso en un informe de 31 páginas difundido el miércoles. "Algunos detenidos presos fueron mantenidos continuamente con grilletes de metal pesado, de cuatro kilogramos y medio", dijo la organización.
Además de estos casos, las autoridades penitenciarias sólo aplican grilletes a los condenados a reclusión perpetua en la Prisión de Máxima Seguridad Bangkwang.
"La respuesta de las autoridades tailandesas incluyó detenciones arbitrarias, tortura y una excesiva fuerza letal", agregó Amnistía en el informe, que analiza por qué Bangkok no consigue frenar la violencia. El gobierno "también falló en investigar apropiadamente los ataques contra civiles budistas y musulmanes".
El documento denunció que "una cantidad desconocida de personas están 'desaparecidas', y trabajadores por los derechos humanos que intentan recabar información sobre tales casos han enfrentado amenazas de muerte y otras formas de intimidación".
Amnistía se hizo eco de un reclamo esta semana de Anand Panyarachun, respetado ex primer ministro que dirige la Comisión de Reconciliación Nacional de este país. "Para que haya paz en el lejano sur, el gobierno debe tener políticas decisivas y consistentes, abrirse a las críticas y estar pronto para clarificar todas las acusaciones", dijo Anand, según el periódico Bangkok Post.
"El gobierno no debería preocuparse demasiado por la incidencia de la violencia. Debe mirar más allá y planear medidas a corto y largo plazo, incluyendo procedimientos para impartir justicia", agregó.
Pero el gobierno contribuyó a agitar el debate pintando un panorama optimista sobre el cercano final de la insurgencia en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat.
"La situación mejorará mucho en abril, dado que los agentes mejoraron sus técnicas de rastreos y arrestos", dijo el viceprimer ministro Chidchai Vanasatidya, citado el lunes por el periódico The Nation. "Hasta ahora, más de 190 presuntos rebeldes y atacantes con bombas fueron arrestados. Sólo 10 permanecen en libertad y los efectivos trabajan para capturarlos".
Pero la realidad no hace caso de este comunicado. Decenas de malayos musulmanes arrestados en el sur por presuntas actividades insurgentes han sido absueltos por los tribunales o liberados por la policía por falta de pruebas para iniciarles juicio.
Esta situación abarca a 31 hombres detenidos por su presunta participación en un ataque a un campamento militar en enero de 2004, que disparó el actual ciclo de violencia, a ocho clérigos islámicos acusados de vínculos con separatistas malayos y a tres estudiantes arrestados por asesinatos en el sur.
Más aún, los fiscales aún deben obtener una condena simple en juicios por insurgencia que llevan dos años ventilándose en tribunales del sur.
"Esto hace bastante ridícula la publicidad y las conferencias de prensa posteriores a cada arresto de un sospechoso de insurgencia", dijo a IPS Sunai Phasuk, investigador tailandés de Human Rights Watch, organización con sede en Nueva York. "Nada resultó probado y los sospechosos fueron liberados más tarde".
El derramamiento de sangre se inició el 4 de enero de 2004, luego que una organización todavía no identificada atacó una base militar en la provincia de Narathiwat, mató a cuatro soldados y escapó llevándose casi 400 armas. En respuesta, el gobierno asignó más efectivos a la región e impuso normas que aseguran impunidad a las fuerzas armadas y a la policía.
La militarización de la región ha hecho poco para detener la escalada de ataques con armas de fuego, bombas y cuchillos. Las víctimas, algunas de las cuales fueron decapitadas, incluyen a profesores, líderes comunitarios, cultivadores de caucho, soldados y policías tanto de la comunidad budista como de la musulmana.
Los efectivos militares mataron a 108 rebeldes malayos armados con machetes y armas de fuego, durante un enfrentamiento en abril de 2004, y son responsables de las muertes de 78 niños y hombres musulmanes por asfixia mientras estaban bajo custodia.
Los enfrentamientos entre grupos separatistas de malayos musulmanes y fuerzas tailandesas en los años 70 permanecen en la memoria y alimentan los sentimientos de alienación de la minoría islámica, que vive discriminación cultural y económica.
Las provincias atrapadas en la violencia otrora fueron parte del reino malayo musulmán de Pattani, anexado en 1902 por Siam, como se llamaba Tailandia entonces.
