La ONU, que intenta desembarazarse de acusaciones de nepotismo y mala administración por sus labores humanitarias en Iraq, sufre otro escándalo de corrupción, esta vez relativo a su sistema de compras.
"Claramente, creo que el abuso potencial podría llegar a las decenas de millones de dólares", dijo el subsecretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidos) para asuntos administrativos, Christopher Burnham.
"Podría ser más aun, pero estamos en medio de una investigación de 200 reportes diferentes de abuso", dijo Burnham en conferencia de prensa el lunes.
La mayoría de los abusos investigados se refieren a los servicios y suministros de la ONU, tanto en el departamento administrativo como en el de operaciones de mantenimiento de la paz.
Con la reciente entrada en vigencia de una política de protección a los denunciantes, Burnham pronosticó que la cantidad de investigaciones se multiplicará en los próximos seis meses.
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Una investigación preliminar de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS por su sigla en inglés) resultó en que ocho funcionarios — cuatro del departamento administrativo y otros cuatro del departamento de operaciones de mantenimiento de la paz — fueran obligados a tomarse una "licencia especial sin goce de sueldo".
El funcionario de mayor jerarquía en "licencia especial" es Andrew Toh, ciudadano de Singapur y subsecretario general a cargo de los servicios de apoyo central de la ONU.
"Estas son medidas administrativas, no disciplinarias, que respetan totalmente el derecho al debido proceso de los involucrados y de ninguna manera implican presunción de delito", dijo Burnham, quien aclaró que las compras en curso no fueron afectadas.
También dijo que las investigaciones pusieron en evidencia "una serie de acusaciones muy serias y preocupantes" acerca de los mecanismos de compras de la ONU.
"El diseño y el mantenimiento de los controles necesarios para asegurar que las compras de la ONU cumplan con la normas y las regulaciones no eran suficientes", dijo Burnham, ex funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.
"Faltaban algunos controles importantes y los que existen se solían sortear", agregó.
El funcionario felicitó "a los valientes hombres y mujeres de la ONU que siguen animándose a denunciar los episodios de fraude".
Hay evidencia circunstancial, dijo, de que cada vez más funcionarios están dispuestos a poner al descubierto estas maniobras, pero todavía es muy pronto para decirlo a ciencia cierta. "Nosotros estamos haciendo todo lo que necesario para garantizarle a los contribuyentes globales que su dinero estará protegido de ahora en adelante. Estamos tratando de averiguar donde existió o existe aún algún episodio de corrupción o fraude", añadió.
Aunque la ONU no dio a conocer el resultado de una auditoría realizada recientemente, dijo, hay suficiente evidencia de abusos en las compras para las misiones de paz las cuales ocasionaron cuantiosas pérdidas a este organismo y serios errores en las premisas sobre las que se basan los planes de actividades. Desde 1948, la ONU ha gastado 41.000 millones de dólares en sus misiones de establecimiento y consolidación de la paz en todo el mundo.
Con las 15 operaciones de paz hoy en curso, el presupuesto destinado a estos efectos superó los 5.000 millones de dólares para el bienio 2005-2006, bastante más que el presupuesto bienal corriente de la ONU, que asciende a 3.000 millones de dólares.
Cerca de 85.000 personas trabajan en misiones de paz de la ONU, del Líbano a Sahara Occidental (República Saharaui), de Haití a Kosovo.
Si los costos de estas misiones se fueron a las nubes en los últimos dos decenios, el despilfarro y la corrupción crecieron proporcionalmente. Las investigaciones son conducidas por el Grupo de Tareas del Fraude en las Compras de la OIOS y se enfocan en las compras relacionadas con las misiones de paz durante los últimos cinco años, especialmente los grandes contratos de compra.
Además de los ocho funcionarios de licencia especial, a otros cuatro funcionarios del departamento de mantenimiento de la paz se les pidió que dejaran sus puestos para ser interrogados, luego de lo cual regresaron a ellos.
En sus declaraciones a la prensa, Burnham insistió en que la mayor parte de estos funcionarios eran "completamente inocentes".
La amplia mayoría de las personas que trabajan en el departamento de compras lo hacen duramente, son honestos y sinceros, dijo.
Muchos de ellos son los que hicieron las denuncias de fraude y abusos. En el último mes, la ONU anunció una nueva política para proteger a los denunciantes pensada para alentar al personal, a los beneficiarios de los contratos, a los consultores y al público en general a ayudar a exponer la corrupción en esta institución internacional.
La nueva política garantiza a quienes hagan la denuncia que no habrá ningún tipo de represalia por informar en caso de que observen malas conductas o "por cooperar con las auditorías e investigaciones debidamente autorizadas".
La nueva política de protección entró en vigor en 1º de enero, aunque todavía depende del establecimiento una Oficina de Ética de la ONU.
Dicha oficina cuenta con un fuerte respaldo en la Asamblea General, pero existe un intenso debate al respecto en distintos ámbitos.
El criticado programa Petróleo por Alimentos, diseñado para aliviar el sufrimiento de los sectores más vulnerables de Iraq, mayoritarimente niños, mujeres y ancianos, fue especialmente señalada como un perfecto ejemplo de una administración groseramente mala por parte del secretariado de la ONU.
Luego de 18 meses de investigaciones, el ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Paul Volcker concluyó que de las 4.758 compañías en el programa, unas 2.260 pagaron sobornos al derrocado presidente de Iraq Saddam Hussein para poder conseguir sus contratos, la mayoría de ellos supervisados por el secretariado de la ONU.
La investigación de Volcker encontró que el programa Petróleo por Alimentos, creado en 1995, estaba impregnado de conductas "ilícitas, carentes de ética y corruptas". (FIN/IPS/traen-mj-gr/td/ks/ip/06)
