La reunión anual de Davos, organizada por el Foro Económico Mundial (FEM), depara por lo general pingües beneficios a las empresas transnacionales, excepto para un puñado que salen malparadas por los sarcasmos de un sector de la sociedad civil.
La historia volverá a repetirse este año cuando se congregue, del 25 al 29 de enero, el Foro de Davos en ese centro de turismo invernal en el oriente de Suiza.
Entre las compañías candidatas a la burlona recompensa, que se anunciará el 25 de enero en Davos, figuran grupos económicos como Alcoa, Bayer, Coca-Cola, Chevron, Novartis, Walt Disney, Citigroup y Nestlé.
Dos organizaciones no gubernamentales, Pro Natura y La Declaración de Berna, anunciaron el jueves que volverían a adjudicar los simbólicos "Public Eye Awards", unos premios que condensan la opinión ciudadana, entre las empresas transnacionales de comportamiento reprobable en áreas de ambiente, trabajo, derechos humanos y tributación.
El objetivo de los irónicos galardones es echar una mirada diferente sobre las actividades de esas compañías, una visión que no se limite al mero enfoque económico de nuestro ambiente, explicó Sonja Ribi, jefa de proyectos de política y asuntos internacionales de Pro Natura.
Los premios negativos se disciernen entre las empresas propuestas por organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. El año pasado se llevó las palmas la empresa petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell, recordó Ribi.
La novedad de este año será la adjudicación de un premio de carácter positivo destinado a un actor económico o social que haya sobresalido por su respeto de las normas ambientales y sociales.
Oliver Classen, representante de La Declaración de Berna, estimó que el premio negativo equivale a un contrapeso para equilibrar de manera simultánea todo el poderío del Foro de Davos.
"De esa manera contribuimos a un debate sobre las zonas de sombra de una mundialización orientada solamente hacia el lucro", dijo.
El FEM, una organización privada internacional con sede en Ginebra, convoca desde hace 35 años en Davos a dirigentes de empresas, gobernantes, académicos y en particular a economistas, para examinar problemas mundiales y proponer soluciones.
Las actividades del foro, encomiadas por las grandes compañías transnacionales, merecen críticas de organizaciones de la sociedad civil, opuestas a la orientación que Davos imprime a la mundialización.
Por el contrario, con los "Public Eye Awards", mostramos cuáles son los pasos posibles y necesarios a dar tras una economía socialmente más justa y ecológicamente más sustentable, resumió Classen.
"Con el esfuerzo crítico que esos premios representan, nos sentimos cercanos al Foro Social Mundial" (FSM), insistió. El FSM es una asamblea anual de decenas de miles de activistas de la sociedad civil que comenzó a reunirse en enero de 2001 en la ciudad brasileña de Porto Alegre para analizar con ópticas alternativas los problemas internacionales.
La edición de este año del FSM se desdoblará en tres sedes que acogerán las sesiones desde el 19 hasta el 23 de este mes en Bamako, la capital de Malí, del 24 al 29 en Caracas, la capital de Venezuela, y en el mes de marzo en la ciudad pakistaní de Karachi.
Classen observó que Davos precisa del espíritu de Porto Alegre, plasmado en las primeras reuniones del FSM que se sintetizan en el lema "Otro mundo es posible". En cambio, en la ciudad de los Alpes suizos predomina el principio de "No hay alternativa alguna" ("There is no alternative"), el credo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990), refirió el activista.
Los premios que atribuyen las dos organizaciones no gubernamentales suizas deben recordar a los miembros del Foro de Davos y a todas las empresas transnacionales que "la sociedad civil no les quita los ojos de encima", insistió Classen.
Ribi puntualizó que las compañías transnacionales deben someterse a las reglas internacionales vinculantes que las convierten en responsables jurídicas, las obligan a rendiciones de cuentas y, llegado el caso, las sancionan.
Las "distinciones" otorgadas en 2005 han tenido efectos variados entre las sociedades seleccionadas por Pro Natura y La Declaración de Berna.
La filial suiza del grupo de auditores KPMG International, "premiada" por su contribución en el asesoramiento a evasores fiscales, desplazó de sus oficinas en Suiza, hacia otros destinos en el extranjero, a los consejeros tributarios de las grandes fortunas, sostuvieron los activistas.
El caso de Shell, que el año pasado fue "galardonada" a causa de la combustión de gas a cielo abierto en los yacimientos petrolíferos de Nigeria, terminó en diciembre último con una sanción impuesta por la Corte Suprema del país africano, que juzgó inconstitucional el procedimiento empleado por la empresa angloholandesa.
La quema del gas a cielo abierto provoca enfermedades a la población de la zona y deteriora el ambiente a causa de las enormes cantidades emitidas de dióxido de carbono, el elemento que cumple un papel determinante en el cambio climático, dijo la activista de Pro Natura.
"Activistas y personas preocupadas por el comportamiento de Shell asistieron a las asambleas generales de 2005 de la compañía, celebradas en las sedes de Londres y de La Haya, para presentar un informe anual alternativo al que los responsables del grupo elaboraron", dijo Ribi a IPS.
Como consecuencia, las máximas autoridades de Shell recibieron en diciembre pasado a los representantes de las organizaciones no gubernamentales y de las personas damnificadas de Nigeria.
Esa conducta evidencia que las empresas tienen necesidad de justificarse ante la comunidad, porque el sector privado no puede ignorar a la opinión pública, estimó Ribi.
La experiencia del caso Shell demuestra que si la sociedad civil se compromete y también lo hacen las personas perjudicadas, se puede llegar a resultados que "enseñen a las empresas cuáles son los límites de sus comportamientos", dedujo.
Pro Natura, la mayor organización conservacionista de Suiza, con unos 100.000 miembros y 45.000 donantes, es una entidad sin fines de lucro fundada en 1909. Su sede central se encuentra en la ciudad septentrional de Basilea, aunque tiene oficinas en varios cantones de la confederación.
A su vez, La Declaración de Berna, con sede en la capital suiza, promueve desde 1968 unas relaciones Norte-Sur más justas, sustentables y democráticas.
