Si el presidente estadounidense George W. Bush tenía grandes esperanzas de resucitar su alicaído segundo mandato este mes, es probable que se desilusione con la creciente oposición legislativa a muchas de sus iniciativas políticas.
Completar el trabajo que quedó pendiente en la última sesión del Congreso legislativo será todo un desafío para la Casa Blanca.
Bush esperaba que el Congreso aprobara varias de sus medidas antes de que los miembros levantaran las sesiones por el receso de Navidad. Estas incluyen la extensión permanente de la polémica Ley Patriótica (que recortó libertades fundamentales), la renovación de reducciones de impuestos y la reducción del déficit fiscal.
Pero la Cámara de Representantes y el Senado no pudieron ponerse de acuerdo y dejaron sin resolver estos y otros asuntos legislativos. Tratarlos representará un tsunami político para el presidente. La proporción de apoyo a su gestión cayó en picada desde su reelección en 2004.
Sumándose a estos desafíos habrá varios nuevos, incluyendo las audiencias del Comité Judicial del Senado sobre la práctica de escuchas telefónicas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) del Departamento de Defensa.
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Entre las prioridades de la lista que Bush deberá soportar cuando el Congreso retome sus actividades este mes estarán las audiencias de confirmación del juez Samuel Alito, propuesto por el presidente a la Suprema Corte de Justicia, su respuesta a los pedidos legislativos de informes periódicos sobre la guerra de Iraq y su proyecto del "trabajador invitado", una forma de obtener mano de obra extranjera barata sin dar a cambio derechos de residencia a los inmigrantes.
Y también, claro, el continuo debate en torno a la lenta respuesta del gobierno al huracán Katrina, que a fines de agosto de 2005 devastó la costa estadounidense del Golfo de México.
Sólo uno de estos asuntos no estaba previsto: la intervención secreta de la NSA de conversaciones telefónicas y mensajes de correo electrónico de ciudadanos estadounidenses.
Esa historia explotó justo antes de Navidad, debido a revelaciones publicadas en el diario The New York Times y luego difundidas en todo el mundo.
El alcance completo del programa secreto todavía no está claro, pero el presidente defendió sus acciones —alegando que eran necesarias para proteger la seguridad nacional— y su autoridad legal, originada en su rol constitucional como comandante en jefe y en la resolución del Congreso que lo autoriza a emplear la fuerza para combatir el terrorismo.
Pero el Congreso —que busca celosamente proteger su poder como una de las tres ramas iguales del gobierno— querrá saber por qué Bush eligió eludir el tribunal especial establecido a fines de los años 70 con el único propósito de emitir autorizaciones de vigilancia electrónica y de otro tipo.
El organismo judicial, conocido como tribunal FISA por sus siglas en inglés (que significan Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera), aprobó unas 18.000 solicitudes desde que se creó, mientras rechazó o modificó sólo unas pocas.
El senador republicano Arlen Specter, que también es presidente del poderoso Comité Judicial, prometió convocar a audiencias sobre las escuchas telefónicas, aunque no fijó fecha.
Se prevé que el enfrentamiento del Poder Ejecutivo versus el Legislativo versus el Judicial resulte evidente cuando comiencen las audiencias de confirmación de Alito ante el comité que preside Specter, el 9 de enero.
Los senadores intentarán poner a prueba los puntos de vista de Alito sobre este asunto, así como sobre lo que la mayoría de expertos legales considera crucial para su nombramiento: el derecho de la mujer a elegir un aborto.
Alito se desempeñó como juez federal durante los últimos 15 años. Antes de su designación a la Suprema Corte, integró el gobierno del presidente Ronald Reagan (1981-1989).
Los miembros del Comité Judicial están revisando miles de documentos de ambos periodos, mientras decenas de organizaciones de izquierda y de derecha están determinadas a proseguir la guerra en contra o a favor de Alito. Si es confirmado, reemplazará a la magistrada Sandra Day O'Connor, una "conservadora pragmática" que renunció al cargo para retirarse y cuyo voto era el que a menudo desempataba en fallos polémicos.
Las dos cámaras del Congreso estuvieron considerando la reautorización de la Ley Patriótica durante el año pasado. Aprobada apresuradamente seis semanas después de los ataques que el 11 de septiembre de 2001 que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington, sólo contó con un voto en contra: el del senador demócrata Russ Feingold, porque no contenía suficientes garantías para las libertades civiles.
La ley dio a las autoridades nuevas herramientas para combatir al terrorismo, pero algunas de sus disposiciones más controvertidas tuvieron una vigencia limitada de cuatro años, luego de los cuales deben ser revisadas.
Poco antes de Navidad, un comité de ambas cámaras acordó una versión de compromiso de los proyectos respectivos, pero la mayoría de los senadores demócratas y unos pocos republicanos continuaron presionando para obtener mayores protecciones a las libertades civiles, mientras que el gobierno de Bush reclamaba una reautorización permanente de toda la ley.
Al aproximarse el receso, las dos cámaras dejaron la versión final de la ley sin resolver, y extendieron su vigencia por cinco semanas, hasta febrero. Se espera que el asunto pase al centro del escenario en este mes.
También cerca del escenario principal estará la cuestión de la inmigración de indocumentados. El presidente propuso un programa de "trabajador invitado" que posibilitará que los nuevos inmigrantes obtengan un estatus legal temporal y ofreció el mismo proceso para millones de personas que ya viven en Estados Unidos pero que ingresaron al país sin documentos.
El plan de Bush halló una feroz oposición de miembros de su propio partido, en su mayoría en la Cámara de Representantes, que proponen un enfoque mucho más conservador.
La legislación pendiente de aprobación abarca un amplio espectro, que propone desde un camino para que los inmigrantes obtengan la ciudadanía hasta formas para expulsarlos a todos.
El asunto puso al gobernante Partido Republicano, usualmente a favor de las empresas, en un conflicto con los empleadores, que quieren seguir aprovechándose de los inmigrantes indocumentados, dispuestos a trabajar por salarios muy por debajo de la norma.
El Congreso también interrumpió sus actividades dejando en el limbo el problema del abultado déficit fiscal. La legislación pendiente reduce la financiación debecas educativas, la atención de salud para las familias pobres y otros beneficios sociales. Al mismo tiempo, los legisladores no votaron las reducciones temporales de impuestos de Bush, que expirarán en 2010.
El dinero de esas reducciones —que favorecen a los ciudadanos más ricos— excede en mucho el recorte de los programas sociales, principalmente diseñados para beneficiar a los más desposeídos. Si ambas medidas son aprobadas en su actual forma, elevarán más el actual déficit, que es el mayor en la historia de este país.
El presidente enfrenta otros dos asuntos potencialmente explosivos. El Senado prometió completar su informe sobre si el gobierno mintió o exageró o usó mal la información de inteligencia para justificar la invasión a Iraq en 2003.
Además, el parlamento demandó informes trimestrales al Poder Ejecutivo sobre la guerra en Iraq, con puntos de referencia específicos para medir el éxito.
Muchos de estos asuntos se habrán resuelto cuando el presidente dé su mensaje anual del Estado de la Unión ante el Congreso, a fines de enero.
Veteranos observadores del parlamento suman el fracaso presidencial sobre la reforma de la seguridad social el año pasado, la impredecible y cada vez más impopular guerra en Iraq, y las imágenes de incompetencia del gobierno a la hora de manejar el desastre de Katrina.
Por tanto, casi nadie cree que Bush tenga el capital político (ni el Congreso la voluntad) para abrazar una agenda osada y radical como la que el mandatario propuso en su discurso del Estado de la Unión, tras su reelección de 2004.
