Cuando la banquera y ex ministra de Finanzas Ellen Johnson-Sirleaf fue electa presidenta de Liberia (primera de la historia de África) prometió combatir la corrupción, crear empleos y restaurar el suministro de agua y electricidad. El trabajo esclavo en la industria del caucho será uno de sus desafíos.
El Partido de la Unidad de Johnson-Sirleaf (conocida como la "dama de hierro" de Liberia) obtuvo casi 60 por ciento de los votos en el balotaje del 8 de noviembre. Su principal oponente y ganador de la primera vuelta, la ex estrella de fútbol George Oppong GEA, logró 41 por ciento.
En el pasado Johnson-Sirleaf había sido derrotada por Charles Taylor (1997-2003), conocido como "el señor de la guerra", y fue encarcelada dos veces, en una ocasión durante más de un año, en la dictadura de Samuel Doe (1980-1997).
En su discurso de proclamación, Johnson-Sirleaf también anunció que su equipo de gobierno ya había empezado a elaborar un programa que reflejaría la diversidad étnica, política y cultural de esa pequeña nación de África occidental, creada por Estados Unidos en 1821 para que los esclavos libertos del sur regresaran a África.
Hoy, los descendientes de esos ex esclavos constituyen un grupo minoritario dentro de la población de Liberia, que en 1847 declaró su independencia.
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Uno de los primeros problemas que el nuevo gobierno deberá enfrentar desde el 16 de enero es el de revisar el contrato con la multinacional Bridgestone Firestone, propietaria de la gigantesca plantación de caucho de las afueras de Monrovia, la capital del país.
La importancia del caucho y de Firestone es tal que a Liberia se la llegó a conocer como "la República Firestone".
Bridgestone Firestone, la corporación de neumáticos y caucho más grande del mundo, es el mayor inversionista extranjero en Liberia, y está en el centro de una controversia por su supuesta utilización de mano de obra infantil y de fertilizantes y pesticidas tóxicos en su plantación de Liberia.
La compañía se suele presentar como una fuente de puestos de trabajo decentes, asociados a oportunidades de capacitación, educación y atención médica. Pero el mes pasado Bridgestone fue acusada ante una corte federal del occidental estado estadounidense de California de emplear a menores y de someter a los trabajadores de las plantaciones a prácticas que lindan con la esclavitud.
La querella fue presentada por el International Labour Rights Fund (Fondo Internacional de Derechos Laborales) con sede en Washington en representación de 12 trabajadores adultos y 23 niños que trabajan en la plantación de Harbel, Liberia, la más grande del mundo.
La compañía, ahora propiedad de capitales japoneses pero con sede en Nashville, Tennessee (sudeste de Estados Unidos), niega estos cargos.
Según consta en el expediente, los trabajadores comienzan su jornada a las 4:30 horas de la madrugada para poder cumplir con su cuota diaria de extracción de caucho de 750 árboles, una cantidad a la que sólo se puede llegar si los hijos ayudan a sus padres, y en muchos casos también las madres, y si toda la familia trabaja desde al amanecer hasta que cae el sol.
La parte litigante dice que los capataces de la empresa no sólo conocen este uso generalizado del trabajo infantil en la plantación, sino que además alientan esta práctica.
En respuesta a estas denuncias, Dan Adomitis, el presidente de Firestone Natural Rubber Company (Compañía de Caucho Natural Firestone), filial de la corporación, dijo a la cadena de televisión estadounidense Cable News Network (CNN) el 12 de noviembre que "tenemos un política muy estricta acerca del trabajo infantil. No contratamos a ningún menor, y tratamos de persuadir a los padres de que no traigan a sus niños con ellos ".
"Además, nuestros trabajadores están organizados en un sindicato que los representa en la negociación colectiva y pienso que tenemos una muy buena relación con ellos", agregó.
Pero en el mismo programa, Jackson E. Doe, el ministro de Asuntos Presidenciales de Liberia, dijo que "Firestone nos había prometido que mejoraría las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias construyendo escuelas nuevas, mejorando las condiciones de salud y otras cosas por el estilo. Pero no veo que Firestone haya traído ninguna mejora a la calidad de vida de los liberianos, al menos no en la medida de nuestras expectativas".
Jason Flomo, quien vivió en una de las habitaciones de la plantación junto a otros seis empleados, explicó que no tienen baño, ni agua corriente ni electricidad.
Firestone se disculpa alegando que la mala calidad de las viviendas (y la falta de servicios básicos) se debe a la acción devastadora de la guerra civil que asoló a la nación durante 14 años.
Sin embargo, la guerra civil entre el gobierno del Frente Nacional Patriótico de Taylor y el rebelde Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD), entre otros grupos armados, finalizó hace ya más de dos años, en agosto de 2003.
Un acuerdo fue firmado entonces, y Nigeria y las fuerzas de paz de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental asumieron un papel protagónico en el proceso de pacificación y reconstrucción del país.
En octubre de 2003, el Gobierno Nacional de Transición, conformado por representantes del gobierno anterior, los rebeldes y grupos de la sociedad civil, asumió la administración y preparó el camino para las elecciones generales de este año, en las que triunfó Johnson-Sirleaf.
"Liberia merece contar con los recursos que le permitan volver a tener agua potable, atención médica y escuelas funcionando. Es necesario cobrar impuestos a aquellas compañías que deben rendir cuentas", sostuvo Emira Woods, co-directora de Foreign Policy in Focus, una organización con sede en Washington, en una presentación que realizó ante la Organización de las Naciones Unidas a principios de este mes.
Woods se refería principalmente a Firestone.
"Históricamente, y hasta el día de hoy, Firestone nunca se vio obligada a pagar ningún impuesto", dijo Woods.
En una entrevista con un periódico de Liberia a mediados de mes, el activista de los derechos humanos Samuel Kofi Woods, representante regional de la Fundación para la Dignidad Internacional, reclamó a la presidenta electa Johnson-Sirleaf que revisara el acuerdo existente entre el gobierno y Firestone.
Woods dijo que durante su campaña electoral, Johnson-Sirleaf prometió revisar ese contrato y que su organización y otras velarán por que cumpla con lo prometido.
"Obviamente, si no lo hace, vamos a recurrir a todas las medidas que estén a nuestro alcance, porque el actual arreglo entre el gobierno y Firestone no tuvo en consideración ninguna evaluación de impacto ambiental, ni tampoco representa ninguna mejora sustancial con respecto al contrato anterior en cuanto al respeto de los derechos humanos de los trabajadores", enfatizó.
Firestone no es la única compañía multinacional llevada a juicio por violar las leyes internacionales en material de derechos humanos.
El Fondo Internacional de Derechos Laborales también inició demandas contra los gigantes del agronegocio Nestlé, Cargill y Archer Daniels Midland, alegando que estas corporaciones estaban envueltas en el tráfico, la tortura y el trabajo forzado de niños en la siembra y la cosecha de granos de cacao que estas compañías importan de África.
En septiembre de 2005, el Fondo también llevó a juicio a las fábricas de China, Indonesia, Bangladesh, Nicaragua y Swazilandia que suministran productos a la cadena de supermercados estadounidense Wal-Mart.
El Fondo actuó en representación de los trabajadores de esas fábricas en las que rigen condiciones laborales de explotación que lindan con la esclavitud.
Los demandantes denuncian que a los trabajadores se les negó el pago del salario mínimo, se les obligó a laborar por encima de su horario de trabajo establecido sin ninguna compensación adicional, y que no se les proveyó de la atención médica según lo dispone la ley.
En 2001, en Indonesia, 11 habitantes de una aldea en la provincia indonesia de Aceh, también demandaron a la compañía Exxon Mobil ante un tribunal federal de Estados Unidos, acusando a la compañía de complicidad en crímenes contra los derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad indonesias, incluyendo violación sexual, torturas y asesinatos.
Los querellantes sostienen que Exxon Mobil contrató a miembros del ejército de Indonesia para proteger su planta de extracción de gas natural y sus gasoductos.
En octubre, un juez federal de Estados Unidos determinó que se podía proseguir con los reclamos que tenían que ver con las leyes estaduales del Distrito de Columbia, pero desestimó los reclamos federales que se hacían en el marco de la Alien Tort Claims Act (ley de reclamación sobre agravios contra extranjeros) y de la Torture Victim Protection Act (ley de protección de las víctimas de torturas).
Otras compañías que fueron objeto de denuncias en Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos en los últimos años son la Unocal, por acciones en Birmamna, la Dow Chemical, en India, y la Coca Cola, en Colombia.
