Estados Unidos lidera un intento extraoficial para eliminar o reducir misiones y programas «desactualizados» de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos los relativos a los palestinos.
El propósito de Estados Unidos es bajar costos y limitar el presupuesto bienal del foro mundial. Pero su planteo de eliminar programas de asistencia a la población de los territorios ocupados por Israel disparó fuertes protestas, no sólo de la Misión Observadora Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, sino también de la Liga de Estados Árabes y de la Organización de la Conferencia Islámica.
Están amenazados la División de la ONU para los Derechos de los Palestinos, que actúa bajo la órbita del Departamento de Asuntos Políticos, y dos cuerpos de larga data creados por la Asamblea General en los años 70: el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino y el Comité Especial para Investigar las Prácticas Israelíes en los Territorios Ocupados.
El embajador de la Misión Observadora Permanente de Palestina, Riyad Mansour, dijo a IPS que hay pasos en "ciertos lugares" para hacer que la Secretaría General de la ONU tome una "posición hostil".
"La Secretaría no tiene ningún rol en esto", dijo, señalando que las decisiones sobre los mandatos de los comités son tomadas por la Asamblea General, de 191 miembros.
En una reunión a puertas cerradas efectuada a fines de noviembre por el Grupo de los 77 (G-77) países en desarrollo, de 132 miembros, Mansour dijo al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que había una "conspiración" para usar a la Secretaría para eliminar algunos de los programas palestinos.
"Estos programas deberían permanecer hasta que termine la ocupación israelí", dijo Mansour a Annan. También afirmó que los mismos eran evaluados anualmente "de un modo democrático" por la Asamblea General. "No deberíamos permitir que nadie ejerciera presiones entre el secretario general y la Asamblea General", agregó.
En respuesta a las preguntas que le formularon, Annan aseguró a los delegados del G-77 que era responsabilidad de ellos "decidir qué debería continuar y qué debería ser eliminado".
"No tenemos intenciones de poner a las naciones árabes a la defensiva", agregó. "La Secretaría no les está imponiendo nada".
Un periódico de Nueva York citó al embajador estadounidense John Bolton diciendo que Estados Unidos se opondría a la adopción del presupuesto de la ONU para el periodo 2006-2007 hasta que —y a menos que— hubiera amplios cambios en la administración, incluyendo "la eliminación de misiones desactualizadas".
Según un diplomático árabe, "esta es una palabra en código para los programas palestinos". El paso hacia reducir la División de la ONU para los Derechos de los Palestinos y la propuesta de eliminar o rebajar la envergadura de los dos comités sobre temas palestinos son impulsados por Estados Unidos e Israel, dijo.
Según el informe de prensa, el monitor de la ONU Warren Sach se negó a identificar programas o misiones específicas que tuvieran probabilidades de ser recortadas. Sach dijo a los periodistas que el presupuesto de 3.890 millones de dólares propuesto para 2006-2007 incluía unos 73,4 millones de dólares para la reforma del organismo internacional, incluyendo la creación de nuevos organismos institucionales.
Además de reducir costos, Estados Unidos procura reestructurar la administración, crear una nueva Comisión para la Construcción de la Paz y establecer un Consejo de Derechos Humanos. La reducción de presupuesto, si es que la hay, será dirigida principalmente a los programas palestinos.
"Sospecho que las consideraciones financieras son la menor de las preocupaciones en esas propuestas", dijo Mouin Rabbani, editor colaborador del Middle East Report, con sede en Washington.
Existe una coherente política israelí, que data prácticamente de la creación del Estado judío en 1948, según la cual el foro mundial no debe preocuparse por los palestinos, especialmente en lo referente a sus derechos humanos y nacionales, dijo Rabbani.
"Una de las expresiones más claras de esta política ha sido la sistemática negativa de Israel a permitir que el Comité Especial para Investigar las Prácticas Israelíes en los Territorios Ocupados siquiera visitara Cisjordania y la franja de Gaza", dijo Rabbani a IPS.
Esos intentos internacionales de fiscalizar a Israel como fuerza ocupante no han pasado de un gemido, en claro contraste con las vociferantes demandas a los estados árabes para que cumplan con una cantidad de requisitos de la ONU mucho más entrometidos, agregó.
"Ahora estamos ante la situación totalmente estrafalaria de que Siria es amenazada con sanciones del Consejo de Seguridad para (condicionar) su cooperación con una investigación de la ONU sin precedentes sobre el asesinato del ciudadano (libanés) Rafik Hariri, mientras la misma ONU elige ni siquiera investigar las acciones del ejército israelí en el campamento de refugiados de (la norteña ciudad cisjordana de) Jenín, en 2002", agregó.
"Y no olvidemos que el predecesor de Annan, Boutros Boutros-Ghali, selló su destino luego de publicar un informe sobre el ataque de Israel a la fuerza de paz de la ONU (Unifil, Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano) en Kafr Kana, Líbano, en 1996, un crimen en el que más de 100 civiles fueron muertos, y que permanece y permanecerá impune", dijo.
Naseer Aruri, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, afirma que los intentos de la Secretaría de la ONU de reducir o eliminar algunos programas referentes a los palestinos son parte de una campaña de inspiración estadounidense e israelí para desmantelar la jurisprudencia internacional sobre la cuestión palestina.
"Esa jurisprudencia encarna cientos de resoluciones de la ONU, que definen y consagran los derechos nacionales y jurídicos de los palestinos", dijo Aruri a IPS.
En 1975, a través de su resolución 3376, la Asamblea General estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, con el objetivo de promover el apoyo y la asistencia internacionales a esa población árabe, de acuerdo con las resoluciones de la ONU, dijo Aruri, autor de " Dishonest Broker: The U.S. Role in Israel and Palestine" (Intermediario deshonesto: el rol de Estados Unidos en Israel y Palestina).
El mandato del Comité era recomendar un programa para habilitar al pueblo palestino a ejercer sus derechos de autodeterminación sin interferencia externa, su independencia y soberanía nacionales, y regresar a sus hogares y propiedades, dijo Aruri.
"Estos comités están bajo fuego para impedir que cumplan su mandato de promoción y protección de los derechos humanos y nacionales de los palestinos, además de exponer la represión israelí bajo la ocupación, descrita por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos como crímenes de guerra", afirmó.
Rabbani, del Middle East Report, señala otro factor clave: al menos desde los años 90, Estados Unidos mantiene la política de que la ONU debe desentenderse del conflicto palestino-israelí.
Ejemplo de esa política es la carta dirigida a los estados miembros por la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Madeleine Albright (quien fue secretaria de Estado del gobierno de Bill Clinton, 1993-2001), demandando la anulación de muchas resoluciones del foro mundial concernientes a los derechos palestinos, dijo Rabbani.
El analista también indicó los reclamos (luego retirados) de eliminar la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos.
"En suma, apenas me sorprenden estos hechos. La única pregunta es si esas propuestas tendrán éxito esta vez, cuando en el pasado fracasaron estruendosamente", dijo.
"Dada la manera en que la ONU se alinea cada vez más con las posiciones de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, sus perspectivas de éxito son mejores que nunca", opinó Rabbani.
"El mayor problema es que la ONU se ha vuelto un factor cada vez más marginal e irrelevante para abordar el conflicto palestino-israelí. No es una observación insignificante, si se toma en cuenta el rol histórico del foro mundial en este conflicto y su responsabilidad en su resolución", afirmó.
Para Aruri, la aspiración de los neoconservadores en el gobierno de George W. Bush, que comparten el punto de vista del primer ministro israelí Ariel Sharon, es equiparar la lucha armada con el terrorismo. Por eso los continuos ataques sobre los derechos palestinos, que intentan deshacer medio siglo de logros diplomáticos en ámbitos internacionales y jurisprudenciales.