La esperada declaración internacional de los derechos de los pueblos indígenas puede materializarse en 2006, luego de más de 10 años de complicada redacción en un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adelantaron expertos.
Las negociaciones sostenidas este año permiten vislumbrar alguna posibilidad de que la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se celebrará en marzo y abril, apruebe la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La ONU calcula que hay en más de 70 países unos 300 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas. Por otra parte, precisa que ellos figuran entre los más marginados del mundo en los planos económico, social y cultural.
En una década, el Grupo de Trabajo sobre el proyecto de declaración de derechos de los pueblos indígenas, integrado por representantes gubernamentales e indígenas, apenas había podido convenir el texto de dos artículos del proyecto, que por otra parte se ocupaban de cuestiones colaterales.
Pero en el período de sesiones celebrado entre el 5 y el 16 de este mes en Ginebra, el grupo de trabajo ultimó la redacción de 10 párrafos del preámbulo de la declaración y también de 14 artículos operativos.
Esos textos, que ya se pueden considerar aprobados, representan un resultado muy concreto, resumió Luis Enrique Chávez, de Perú, quien preside el cuerpo.
Victoria Tauli Corpuz, representante de la asociación indígena Fundación Tebtebba, de Filipinas, atribuyó suma importancia a los artículos aprobados porque muchos de ellos guardan relación con las cuestiones que los pueblos autóctonos pretenden que la declaración recoja.
Pero Tauli Corpuz reconoció a IPS que el grupo de trabajo aún no ha entrado en la etapa de redacción provisional de los artículos sobre autodeterminación y también sobre tierras, territorios y recursos, que son los de "negociación más ardua".
De todas maneras, creo que ha habido avances provechosos, dijo Tauli Corpuz, una de los ocho representantes aborígenes que integran el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que funciona en la sede de la ONU de Nueva York, con participación de otros tantos delegados estatales.
Una visión diferente ofreció Saúl Vicente Vázquez, de México, representante del Consejo Internacional de Tratados Indios, conocido por su sigla en inglés IITC. "Los pueblos indígenas estamos desalentados por todo este proceso de 10 años de diálogo con los gobiernos", dijo.
El grupo de los representantes indígenas analizó la posibilidad de aceptar la redacción de algunos artículos propuestos por los gobiernos con la intención de obtener finalmente la declaración, que "pareciera afectar más a los estados porque tratan de obstaculizar y limitar todos los derechos consignados en el texto", dijo Vázquez.
La mayoría de los gobiernos reaccionó de manera positiva aunque "desgraciadamente hay algunos, con bastante poder en la ONU, que se han opuesto de manera terminante" al establecimiento de los derechos para los pueblos indígenas, insistió.
Vázquez identificó a Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda como los opositores a reconocer "la libre determinación de los indígenas y también de nuestras tierras, territorios y recursos naturales", expresó.
Sin embargo, Chávez precisó que durante los debates encontró buena voluntad de las partes, en particular en la negociación de esos temas más sensibles. Hemos logrado acercar muchísimo los textos y aunque subsisten divergencias, no son de redacción sino de ideas, confió el diplomático peruano.
La cuestión de la autodeterminación se circunscribe a un debate entre los pueblos indígenas, que exponen sus aspiraciones legítimas, y los estados que precisan lo que razonablemente creen posible respetar y cumplir en determinadas circunstancias, dijo Chávez.
En el andamiaje jurídico, los dos máximos tratados, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagran la garantía que gozan todos los pueblos a la libre determinación.
En virtud de ese derecho, los pueblos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural, determinan las dos convenciones.
Un texto muy parecido fue propuesto por la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU para resolver el problema de la autodeterminación en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda dijeron al grupo de trabajo que el artículo del proyecto de declaración referido a la autodeterminación "no puede ser una repetición mecánica" del artículo primero de los dos tratados internacionales.
El grupo de trabajo tiene que explicar en la declaración qué se entiende por la frase libre determinación con relación a los pueblos indígenas, reclamaron los tres países.
En los debates del grupo de trabajo se ha escuchado la interpretación de que el derecho a la libre determinación puede incluir "secesión o independencia, o autogobierno o asociación libre", mencionaron en una declaración conjunta.
El texto propuesto por los tres países aclara que la libre determinación no se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos.
Tauli Corpuz dedujo que esa declaración refleja los temores de los tres países, que pretenden excluir la posibilidad de que la autodeterminación favorezca la secesión, y por ese motivo Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda pretenden limitar ese artículo para impedir un proceso de separación de una parte de un estado, dijo.
Las poblaciones autóctonas sostienen que si los pueblos indígenas gozan del derecho de autodeterminación, el propósito de limitarlo sería discriminatorio. "¿Por qué se concede a otros pueblos en los dos tratados internacionales y se pretende desconocerlo para los indígenas?", protestó Tauli Corpuz.
Por otra parte, aquellos pueblos indígenas que tengan planes secesionistas, los llevarán adelante con o sin la Declaración de la ONU, insistió.
Tauli Corpuz desestimó la idea de que luego de obtener una declaración de reconocimiento a la libre determinación, los pueblos indígenas "van a salir de improviso a buscar la secesión". Eso no se compagina con la realidad del mundo de hoy, comentó.
A pesar de esos desentendimientos, Chávez confía en la posibilidad de presentar una propuesta de texto para obtener el consenso de los participantes de la última sesión del grupo de trabajo, que se sostendrá también en Ginebra del 30 de enero al 3 de febrero próximos.
En última instancia, Chávez puede aún recurrir a la propia Comisión de Derechos Humanos, con un borrador de declaración que puede ser adoptado por ese máximo organismo especializado de la ONU. Otra alternativa es que la Comisión autorice un nuevo período de sesiones del grupo de trabajo para finalizar el texto durante 2006.
