Mientras los leales al presidente George W. Bush defienden su programa de espionaje telefónicas y de correos electrónicos, renunció un juez a cargo de supervisar esas operaciones, al parecer como medida de protesta.
Al mismo tiempo, un senador republicano prometió audiencias públicas para analizar el asunto y el líder del opositor Partido Demócrata en la Cámara de Representantes dijo que había objetado el programa ante funcionarios del Poder Ejecutivo al conocer su existencia.
Y la senadora demócrata Barbara Boxer afirmó que, según autoridades judiciales, las acciones del presidente llegaron al grado de faltas factibles de conducir a un juicio político.
Boxer fue la primera en utilizar el término "juicio político" en la tormenta desatada por las revelaciones del diario The New York Times a comienzos de esta semana.
Según el periódico, tras los atentados que dejaron 3.000 muertos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, Bush autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) a interceptar, sin autorización judicial, llamadas telefónicas y correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses.
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El gobierno alegó entonces que se trataba de contactos con extranjeros vinculados con la red Al Qaeda y otras organizaciones terroristas. Pero el miércoles reconoció que algunas comunicaciones internas de Estados Unidos también podrían haber sido interceptadas por error.
El lunes, en una conferencia de prensa tras las revelaciones de The New York Times, el presidente defendió la legalidad del programa. El Poder Ejecutivo debía actuar con rapidez, sin tiempo para acudir a los tribunales con el fin de solicitar autorización, afirmó.
De todos modos, sostuvo, la presidencia está facultada constitucionalmente para solicitar órdenes de registro telefónico sin orden judicial, con el fin de proteger a los ciudadanos.
Bush basó su posición sobre su autoridad en carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas, su obligación constitucional de proteger a la población y la resolución del Congreso legislativo tras el 11 de septiembre de 2001, que autorizó la fase afgana de la "guerra contra el terror".
La posición del presidente fue avalada por el fiscal general y secretario de Justicia Alberto González —jefe de abogados de la Casa Blanca cuando se implementó el programa—, el vicepresidente Dick Cheney, el consejero de Seguridad Nacional Richard Hadley, la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice —que fue consejera de Seguridad Nacional de la época— y otros funcionarios del gobierno.
Pero numerosos expertos advirtieron que la cuarta enmienda constitucional prohíbe las búsquedas y detenciones sin justificación.
También señalaron que la ley que establece el tribunal a cargo de avalar esas órdenes habría podido actuar rápidamente ante cualquier solicitud del gobierno, pues permite al presidente actuar primero y solicitar la autorización judicial después.
Se trata del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, establecido en los años 70 por la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera.
Este tribunal, que funciona en extrema reserva, está integrada por 11 miembros y sesiona en la sede del Departamento de Justicia. Sus integrantes son jueces federales.
La Ley Patriótica de 2001 atribuye al Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera la autorización de órdenes de vigilancia en investigaciones sobre al terrorismo. De las más de 5.000 solicitudes que recibió del Departamento de Justicia, se cree que sólo denegó un puñado.
La controversia en torno de las acciones del presidente precedió a la renuncia de James Robertson, miembro del Tribunal de Vigilancia. A última hora del lunes, este juez de distrito notificó su decisión al presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, sin dar explicaciones.
Pero The Washington Post informó el miércoles que Robertson manifestó en privado a dos jueces su honda preocupación por la falta de aval judicial del programa autorizado por el presidente en 2001.
El programa era, por lo tanto, era legalmente cuestionable y podía empañar el trabajo del Tribunal.
La presidenta del Tribunal de Vigilancia, Colleen Kollar-Kotelly, que había sido informada sobre el programa de espionaje del gobierno, manifestó la misma preocupación en 2004 e insistió en que el Departamento de Justicia certificara por escrito que no se realizaron registros telefónicos y de correo electrónico sin autorización judicial.
La renuncia de Robertson sobrevino luego que dos senadores republicanos —Chuck Hagel y Olympia J. Snowe— exigieran investigaciones por parte del Congreso. Ambos cuestionaron que el programa fuera realizado al supuesto amparo de la Ley Patriótica y la escasa información brindada por la Casa Blanca a los legisladores.
Hagel y Snowe se unieron a los demócratas Dianne Feinstein, Carl M. Levin y Ron Wyden en el reclamo de una investigación conjunta por parte de los paneles judicial y de inteligencia del Senado sobre el programa.
El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Arlen Specter, prometió audiencias para el año próximo.
Pero no todos los republicanos coincidieron con la necesidad de celebrar audiencias, al respaldar las aseveraciones de la Casa Blanca en cuanto a que se trata de un programa crucial en la guerra contra Al Qaeda.
"Personalmente estoy cómodo con todo lo que sé sobre esto", dijo el líder actuante del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Roy Blunt. El presidente Bush dijo el lunes en su conferencia de prensa que la Casa Blanca había informado al Congreso más de una docena de veces.
Pero los informes fueron realizados a unos pocos legisladores que juraron mantener el secreto y a quienes se les impidió discutir el asunto o buscar opiniones legales externas.
El demócrata John D. Rockefeller IV, del Selecto Comité de Inteligencia del Senado, dijo el lunes haber escrito al vicepresidente Cheney el día en que fue informado por primera vez sobre el programa, en julio de 2003, por sus preocupaciones en torno de las operaciones.
La líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también manifestó su preocupación en una carta a Cheney, pero no la hizo pública.
Rockefeller dijo que el secreto que rodea a los informes no le dejó otra opción. "Hice que mis preocupaciones fueran conocidas por el vicepresidente y otros que fueron informados", afirmó Rockefeller. "La Casa Blanca nunca consideró mis preocupaciones."
El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Pat Roberts, criticó a Rockefeller por hacer pública su carta.
El senador republicano John McCain sugirió que, si Rockefeller estaba tan preocupado, debió haber hecho más. "Si yo pienso que alguien está infringiendo la ley, no me importa si la misma es clasificada o no; me paro y digo 'la ley está siendo infringida aquí'", puntualizó.
En la campaña presidencial de 2000, Bush aseguró que no se realizaría ninguna vigilancia de ciudadanos estadounidenses a menos que se obtuviera órdenes judiciales a tales efectos.
Pocos días antes de las revelaciones respecto de la NSA, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) advirtió que investigadores antiterroristas del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) controlaban a organizaciones estadounidenses de prédica antibélica, ambientalista y en favor de los derechos civiles, entre otras.
"Nuestro gobierno espía a los estadounidenses, sin pedir disculpas, innecesariamente y sin consideración por la Constitución", señaló la entidad.
También urgió a sus miembros a "responsabilizar al gobierno de Bush por autorizar secretamente las escuchas clandestinas de estadounidenses y otros en Estados Unidos ".
Los documentos de la ACLU, dados a conocer como parte de un juicio contra el trato brindado por el FBI a las organizaciones que planificaron manifestaciones en las convenciones políticas del año pasado, muestran que la agencia policial abrió una investigación preliminar sobre terrorismo a la organización Persona por el Trato Ético a los Animales (PETA).
El FBI también fue acusado de llevar a cabo investigaciones "antiterroristas" contra organizaciones pacifistas y ambientalistas, entre otras.
En un correo electrónico enviado a IPS, el ex legislador republicano Bob Barr recordó que, en una audiencia ante el Congreso en 2000, el general Michael Hayden, entonces director de la NSA y ahora subdirector nacional de Inteligencia, dijo respecto de las intervenciones telefónicas: "Si ese estadounidense está en Estados Unidos, debo tener una orden judicial antes de iniciar cualquier recopilación (de información) sobre él o ella".
"Si al presidente no le gusta la ley, la solución debería ser enmendarla, no violarla", agregó Barr.