Dos ministros del gobierno que preside Mahmoud Ahmadinejad en Irán deberían ser destituidos por su involucramiento en actos de represión y asesinato, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
En un informe titulado "Ministros de Asesinato: El nuevo gabinete de seguridad de Irán", HRW acusó al ministro del Interior, Mustafa Pour-Mohammadi, de jugar un papel clave en la ejecución sumaria de miles de presos políticos en 1988.
Pour-Mohammadi también fue implicado en lo que la organización humanitaria con sede en Nueva York denominó el "asesinato serial" de cinco destacados disidentes en 1998, cuando era funcionario del Ministerio de Información.
En cuanto al ministro de Información, Gholamhussein Mohseni Ezhei, dirigió a fines de los años 90, como fiscal general del Tribunal Especial Clerical, una campaña que concluyó con la clausura de más de 100 periódicos, indicó el informe de HRW, coordinado por Hadi Ghaemi.
Ezhei también fue identificado por fuentes creíbles, según la organización de derechos humanos, como autor intelectual del asesinato del dirigente opositor Pirouz Davani, cometido en 1998.
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"Es completamente inaceptable que hombres con tales antecedentes participen en el gobierno iraní", dijo Joe Stork, subdirector de HRW para asuntos de Medio Oriente. "Deberían ser removidos de sus puestos e investigados por tan terribles crímenes."
El informe de 16 páginas, basado sobre entrevistas con periodistas, intelectuales y ex funcionarios del gobierno, se conoce en medio de un recrudecimiento de la preocupación dentro de Irán y a nivel internacional por la dirección que toma el gobierno del nacionalista Ahmadinejad.
El gabinete del nuevo presidente iraní, que ha chocado con Estados Unidos y la comunidad internacional por sus declaraciones hostiles hacia Occidente e Israel, está dominado por ex funcionarios de seguridad y de inteligencia.
Ahmadinejad, elegido al enarbolar una plataforma populista y contra la corrupción, ha sido duramente criticado a causa de algunas de sus designaciones y declaraciones públicas por gobiernos extranjeros, rivales políticos —en especial el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani— e incluso legisladores derechistas.
El miércoles, por ejemplo, se refirió en un acto público al holocausto de millones de judíos por el régimen nazi de Alemania (1933-1945) como un "mito", y reiteró su llamado a trasladar Israel a Europa —o "Estados Unidos, Canadá o Alaska"— para entregar su territorio a los palestinos.
Esas declaraciones son "perjudiciales para la paz y la estabilidad", pues Israel "es un estado soberano", sostuvo este jueves el gobierno de China, la última entre numerosas reacciones de rechazo. Alemania anunció que gestionará la condena internacional de estos dichos.
El octubre, dos meses después de asumir la presidencia, Ahmadinejad desató una ola de indignación internacional al afirmar que Israel debería ser "eliminado del mapa".
En esa ocasión, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, sancionó sus dichos cancelando una visita a Irán, a pesar de que la cancillería iraní aseguró que el gobierno se rige por la Carta del foro mundial y "nunca agredió ni amenazó a otro país".
Según diversas versiones, el presidente iraní también se ganó entonces un rezongo del líder espiritual supremo de la Revolución Islámica que rige Irán desde 1979, el ayatolá Alí Jamenei.
Tales actitudes, así como el rechazo a la presión de la comunidad internacional para que Irán suspenda su programa de desarrollo nuclear, dieron nuevos bríos a las campañas diplomáticas de Israel y de Estados Unidos contra el régimen islámico, que, alegan, amenaza la estabilidad regional.
El último informe de HRW se suma a esas percepciones. El estudio, además, considera que aun los legisladores iraníes, la mayoría de ellos conservadores, se sienten incómodos con la retórica radical y las designaciones de Ahmadinejad.
El Majlis (parlamento) rechazó varias de las investiduras ministeriales. Casi 100 diputados pidieron el juicio político del ministro de Defensa tras el accidente de un avión militar que el fin de semana pasado acabó con un centenar de vidas.
"Hay personas muy preocupadas con estas designaciones", dijo Ghaemi a IPS. "Queremos resaltar el inminente peligro que afronta el pueblo de Irán cuando personas como Pour-Mohammadi y Ezhei están en cargos tan poderosos."
El investigador se manifestó confiado en que el Majlis llamará a una investigación sobre los antecedentes de estos dos ministros en caso de que Ahmadinejad no disponga su cese.
En 1988, según HRW, Mustafa Pour-Mohammadi tuvo un papel clave en la ejecución de miles de presos políticos, la mayoría de los cuales habían sido condenados a penas de prisión.
La campaña se inició en las postrimerías de la guerra contra Iraq (1980-1988), luego del infructuoso intento de la organización proiraquí Mojahedin-e Khalk (MeK) de acabar con el régimen islámico.
El movimiento insurgente fue esgrimido como pretexto para la eliminación de presos políticos, la mayoría de los cuales no tenían posibilidad alguna de participar en el MeK o de asistirlo por encontrarse en la cárcel.
El fallecido líder de la Revolución Islámica, ayatolá Ruholá Jomeini, ordenó la creación de "comités de muerte" que entrevistaron a los presos y ordenaron la ejecución de los "no arrepentidos", según recordó en sus memorias el ayatolá Hussein Alí Montazeri.
Como representante del Ministerio de Información, Pour-Mohammadi presidió el comité de muerte en la prisión teheraní de Evin, según Montazeri, quien le envió al actual ministro una carta de protesta por la falta de garantías procesales.
Entre 2.800 y 3.800 prisioneros sufrieron la ejecución, en el cálculo de Montazeri. Pero activistas iraníes publicaron una lista de casi 5.000.
La sistematicidad y deliberación con que ocurrieron las ejecuciones configuran un crimen contra la humanidad, de acuerdo con el derecho internacional, sostuvo HRW.
Diez años después, Pour-Mohammadi ocupaba el cargo de viceministro de Información cuando agentes de su cartera secuestraron y asesinaron a cinco destacados intelectuales, en lo que llegó a conocerse como "asesinatos seriales".
Ninguna de las investigaciones oficiales al respecto concluyó, pero una fuente de HRW con "acceso de primera mano" a la pesquisa parlamentaria aseguró que entonces se ordenó en secreto el arresto de Pour-Mohammadi para el caso de que dejara su cargo. Esa orden fue anulada luego.
Una segunda "fuente relevante" confirmó esa versión.
Pour-Mohammadi también fue director de inteligencia en el extranjero del Ministerio de Información entre 1990 y 1999, cuando docenas de opositores, entre ellos un ex primer ministro, fueron asesinados en terceros países, según el informe de HRW.
En cuanto al ministro de Información Gholamhussein Mohseni Ezhei, condujo a fines de los años 90 en su carácter de fiscal acusaciones contra importantes clérigos reformistas, como el ex ministro del Interior Abdullah Nuri y Mohsen Kadivar.
También jugó un importante papel en el cierre de periódicos desde el año 2000.
Varios periodistas y dirigentes políticos, como Nuri y Akbar Ganji, acusaron públicamente a Ezhei de ordenar en 1998 el secuestro y muerte del disidente Pirouz Davani.
Uno de los informantes de HRW aseguró haber visto la orden en ese sentido firmada por el hoy ministro de Información.
Otros informes indican que Ezhei atacó físicamente y llegó a morder a un periodista reformista durante una reunión del gubernamental Comité para Supervisar la Prensa.
El informe de HRW observa que, desde la investidura de Ahmadinejad, el nuevo gobierno ha reafirmado su intención de reprimir la disidencia.
En los últimos dos meses, el Ministerio de Información convocó e interrogó al menos a 10 periodistas y directores de periódicos, así como al activista de derechos humanos Abdolfattah Soltani, detenido sin acusación desde julio.
Pour-Mohammadi también designó a gran cantidad de funcionarios de seguridad e inteligencia —especialmente ex comandantes de la Guardia Revolucionaria— en poderosos cargos.
Estas acciones de gobierno, así como la retórica radical de Ahmadinejad y su política internacional de choque, podrían redundar, según Ghaemi, en "un ambiente de crisis" con miras a la restauración del "ideal revolucionario" iraní y la justificación de tácticas más duras contra quienes se perciba como enemigos.
