Ganaron un fallo judicial histórico, pero no bajan la guardia. Los habitantes de Higashi-Omi, 500 kilómetros al occidente de Tokio, desafían las nevadas y los vientos helados en sus reuniones para impedir la construcción de una nueva represa en el río Echigawa.
"No hay tiempo para descansar. Estamos determinados a tener éxito", dijo Kiyoshi Noda, miembro del concejo local de la aldea de Ichihara, en Higashi-Omi, y líder de un movimiento contra los planes de construir una represa. El 8 de diciembre el alto tribunal de la occidental ciudad de Osaka ordenó archivar dicho proyecto ante sus potenciales peligros ambientales.
En su dictamen, el tribunal concluyó que el Ministerio de Agricultura había elaborado el proyecto de la represa sin los estudios geológicos apropiados, tal como requiere la ley.
Pero la vigilancia continua de la sociedad civil es considerada necesaria porque el 20 de este mes el gobierno apeló el fallo ante la Suprema Corte de Justicia.
Según el gobierno, la decisión de construir una nueva represa, adoptada en 1994, no puede ser modificada porque la presa existente, en uso desde 1973, no puede satisfacer las demandas de los productores agrícolas en Higashi Omi y de otras cuatro localidades.
En Japón es inusual que los tribunales intervengan para detener proyectos del gobierno.
La represa planeada, de 90 metros de altura en un tramo corriente arriba del río Echigawa crearía un embalse con capacidad para almacenar 25,7 millones de metros cúbicos de agua destinados a paliar la escasez de riego.
Noda y otros residentes de la zona, como pescadores y operadores turísticos, llevan 11 años luchando contra la obra y están determinados a lograr su objetivo.
"Nuestro compromiso nunca flaquea", dijo Noda, quien pasó toda su vida junto al río.
A él se unen otros cientos en busca de clarificar varios aspectos del proyecto, como la presunta falta de consideración sobre los costos financieros —estimados en 400 millones de dólares— que recaerían sobre los habitantes de la zona luego de que la represa sea construida.
"Funcionarios del Ministerio vinieron a casa y explicaron que la represa beneficiaría nuestras tierras agrícolas", dijo Shigeichi Fukao, de 65 años, un cultivador de arroz y vegetales que vive en la aldea de Mitsuya.
Pero Fukao está en desacuerdo. "Ellos me dijeron que la represa nos proveería de una cantidad de agua para la agricultura, y que los costos serían menores que los beneficios. Pero yo pienso que no necesito tanta agua. Las bombas instaladas en el área, que transportan agua de la represa existente, son suficientes", dijo.
Fukao y su esposa Kazuko son agricultores en Mitsuya siguiendo una tradición de muchas generaciones. En la aldea hay cinco bombas compartidas por los 55 hogares de productores agrícolas. Sus facturas rondan los 200 dólares mensuales, cobrados por el concejo local que administra la represa existente.
Fukao está preocupado por el futuro, dado que él y su esposa están envejeciendo, y el gobierno comenzó a reducir los subsidios al arroz a medida que aumenta la presión internacional para liberalizar los protegidos mercados arroceros de Japón.
"Con el futuro tan incierto, ¿por qué deberíamos ser forzados a pagar más por una represa que no cumplirá un propósito real? Por primera vez nos unimos a Noda y a otros activistas para detener la represa", explicó.
Takeji Fujiwara, uno de los cinco abogados que representan a los 40 residentes que presentaron la demanda, dijo que la inesperada victoria en el tribunal de Osaka representa un aumento de la fuerza de la comunidad en una sociedad dominada por la burocracia.
"Desafiando y venciendo la posición del gobierno sobre la represa y probando que la burocracia estaba equivocada, la comunidad de Higashi-Omi ha mostrado el poder del pueblo", dijo.
El fallo del tribunal Osaka sostuvo que algunos de los estudios topográficos y de perforación compilados por los funcionarios para la construcción de la represa tenían graves errores, y desestimó un dictamen anterior de un tribunal de menor rango, según el cual no era legalmente posible detener un proyecto ya aprobado por el gobierno.
Noda recordó que se desempeñaba como obrero cuando se construyó la primera represa, en 1934, y que entonces creyó en la explicación de las autoridades acerca de la necesidad del embalse para irrigar las tierras de labranza.
"Casi 30 años después, cuando el segundo proyecto fue anunciado, dije no. Me había dado cuenta del lado negativo de esas costosas represas", dijo.
El caso contra la represa, según Fujiwara, simboliza el creciente descontento público con el énfasis japonés de la posguerra en costosos planes de obras públicas en áreas rurales para ganar votos y beneficiar a las corporaciones.
"El desarrollo económico japonés debe respetar los deseos de la población, y ganar la demanda contra el gobierno ha impulsado nuestra lucha para proteger nuestras vidas de dañinos proyectos", dijo Fujiwara. (
