– El asesinato de una monja, la inmolación de un ecologista y la huelga de hambre de un obispo fueron acontecimientos que conmovieron a Brasil en 2005, pero que también impulsaron logros ambientales sin precedentes.
Dorothy Stang, una misionera estadounidense de 73 años radicada en Brasil hacía 40 años, fue asesinada el 12 de febrero por pistoleros supuestamente enviados por un grupo de hacendados de Anapu, un violento y pobre municipio del septentrional estado de Pará.
Con el crimen se buscaba poner fin a su incansable defensa de los pobres y de un proyecto local de desarrollo sostenible.
Sin embargo, la repercusión internacional del homicidio desató una reacción del gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva que derivó en el mayor triunfo ambiental de este año: la reducción del ritmo de deforestación en la Amazonia.
El área amazónica deforestada entre agosto de 2004 y julio de 2005 fue de 18.900 kilómetros cuadrados, 30,5 por ciento menos que los 27.200 kilómetros de los 12 meses anteriores.
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Pocos días después de la muerte de Stang, el gobierno adoptó una serie de medidas para limitar la deforestación, sobre todo en Pará. Se crearon extensas áreas de conservación, se prohibieron actividades perjudiciales al ambiente a lo largo de una carretera que cruza la Amazonia y se intensificaron los controles con la ayuda del Ejército.
Asimismo, se lanzó la denominada Operación Curupira contra la deforestación, por la que más de 100 personas fueron detenidas desde junio, entre ellas algunas autoridades ambientales, y gracias a la cual se desmanteló una red de falsificación de licencias para extracción y transporte de maderas en el occidental estado de Mato Grosso.
Esto logró disminuir en forma drástica la deforestación en ese estado, el más afectado del país.
No obstante, la destrucción de la selva amazónica continúa siendo alta, y algunos ambientalistas temen que los avances de este año no se mantengan, ya que se debieron a hechos puntuales desencadenados por el asesinato de Stang.
La opinión pública también fue sacudida el 12 de noviembre cuando un ambientalista de Campo Grande, la capital del sudoccidental estado de Mato Grosso del Sur, se inmoló para proteger el Pantanal Matogrossense, en el centro del país.
Francisco Anselmo de Barros, de 65 años, se echó gasolina y se incendió durante un acto de protesta con decenas de personas que querían impedir la instalación de centrales azucareras y siembras de caña en áreas tan cercanas al Pantanal que afectarían su ecosistema.
"Como no tenemos votos para salvar el Pantanal, daremos la vida para salvarlo", escribió De Barros en cartas dejadas a colegas, amigos y familiares, refiriéndose a la votación del proyecto azucarero en la Asamblea Legislativa de Mato Grosso del Sur, anulada después de su suicidio.
Otra cruzada ambientalista ganó un fuerte impulso gracias la repercusión que tuvo la huelga de hambre realizada por el obispo católico Luiz Cappio durante 11 días, del 26 de septiembre al 6 de octubre.
El obispo de Barra, uno de los municipios pobres bañados por el río Sao Francisco, aseguró estar dispuesto a ayunar hasta la muerte para proteger el ecosistema del afluente, también conocido como el "Río de la Unidad Nacional" por comunicar el centro del país con el litoral del nordeste.
El religioso, que se oponía a un proyecto por 2.000 millones de dólares para el transvase del agua del río, suspendió su protesta luego de que el presidente Lula se comprometió a detener las obras y reanudar los debates públicos para despejar las dudas que generaba el plan.
El proyecto del río Sao Francisco y los alimentos genéticamente modificados fueron los principales objetivos de las organizaciones ambientalistas este año. Los activistas piden una mayor participación en las decisiones del gobierno.
Los representantes de la sociedad civil que acudieron las audiencias públicas y a los comités donde se analizó el proyecto de Sao Francisco presentaron todos sus cuestionamientos, pero el gobierno no los escuchó, dijo a IPS el director del independiente Instituto Brasileño de Análisis Económicos y Sociales, Cándido Grzybowski.
El proyecto tenía el objetivo de llevar el cauce del río al semiárido nordeste, con el fin de desarrollar planes para combatir la pobreza. Pero organizaciones no gubernamentales lo consideran inadecuado y proponen pequeñas obras, como la construcción de cisternas para almacenar agua de las lluvias.
En relación con los transgénicos, los ambientalistas sufrieron una derrota en marzo, cuando el Congreso legislativo aprobó la Ley de Bioseguridad, que abrió las puertas a la investigación, desarrollo y producción controlada de los alimentos genéticamente modificados.
Ahora los activistas denuncian desequilibrios en la composición de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, que regula las investigaciones y las siembras comerciales de transgénicos.
Este órgano, de cuyos 27 miembros 24 ya han sido designados, debe comenzar sus deliberaciones en febrero sobre casi 500 casos pendientes.
La redacción de la ley fue coordinada por un ex abogado de la trasnacional estadounidense Monsanto, la empresa más interesada en la liberalización de las semillas transgénicas.
Por otra parte, la mayoría de los 12 científicos de la Comisión están vinculados con el desarrollo de esa nueva tecnología, aseguró Gabriel Fernandes, de la organización no gubernamental Asesoría y Servicios a Proyectos de Agricultura Alternativa.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, contraria al desarrollo de transgénicos sin estudios previos sobre su impacto, reconoció que su postura fue derrotada, pero subrayó que respetará la decisión soberana del Congreso.
Silva sostiene que su tarea fundamental es incorporar la dimensión ambiental en las decisiones del gobierno.
En temas como los transgénicos y la deforestación amazónica, Silva logró que las decisiones gubernamentales fueran tomadas en conjunto por varios ministerios. Lo importante es que sean "decisiones de gobierno", y no de una sola cartera, señaló.
