La redistribución de tierras está paralizada en Brasil, evaluaron los 45 movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales del Foro Nacional por la Reforma Agraria y la Justicia en el Campo.
La acción del gobierno actual en esa área se redujo a "un mero programa de asentamientos" en cantidad inferior a la prometida, que no cambia el cuadro brasileño de concentración de la tierra ni expande la agricultura familiar y campesina, afirmó el Foro en su balance de fin de año, divulgado el lunes.
Eso no es verdad, ya que "este fue el mejor año de la reforma agraria en la historia de Brasil", contrarrestó el secretario ejecutivo (viceministro) del Ministerio de Desarrollo Agrario, Guilherme Cassel.
Se entregaron tierras a 111.200 familias desde el inicio del año hasta el lunes, y esta semana se alcanzarán las 115.000, que constituyen la meta acordada con los movimientos campesinos, dijo Cassel a IPS.
El gobierno está usando "los mismos fraudes" de la administración anterior, contando como nuevos asentamientos la simple regularización de familias ya asentadas o la sustitución de las que abandonaron la tierra recibida, dijo el dirigente Joao Pedro Stédile, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Además, la mayoría de las familias quedaron aisladas en la Amazonia, "viviendo en pésimas condiciones", sin posibilidad de producir ni de vender sus cosechas, acotó. No se están cumpliendo los principales puntos acordados en mayo entre el gobierno y el MST, como la meta cuantitativa y la prioridad para los grupos familiares que viven acampados, criticó.
Según el MST, hay actualmente 140.000 familias de campesinos sin tierra viviendo en campamentos precarios, en tiendas de plástico negro, al borde de carreteras o en predios ocupados, a la espera de que el gobierno les asigne una parcela.
Cassel replicó que cerca de 20.000 familias asentadas este año provienen de los campamentos controlados por los movimientos campesinos. La cantidad de acampados es inflada por el MST, y no debe superar las 70.000 familias, aseveró.
La reforma agraria hace parte de los compromisos reiterados del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometió tierras y condiciones de producción y de vida digna para 400.000 familias campesinas en los cuatro años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
En los dos primeros años, 2003 y 2004, el Instituto de Colonización y Reforma Agraria anunció haber asentado a 117.555 familias. Aun cumpliendo la cuota de este año, quedarán más de 160.000 familias para alcanzar la meta en 2006, lo que constituiría una hazaña.
Durante los ocho años en que gobernó Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) se asentaron oficialmente 524.000 familias, un dato también cuestionado por el MST, principal movimiento campesino del país.
Pero del gobierno del PT se esperaba una política más decidida de redistribución de tierras y estímulos a la agricultura familiar, pero las expectativas se frustraron, según el Foro por la Reforma Agraria, que reúne a sindicatos, organizaciones religiosas, movimientos indígenas y femeninos.
Este gobierno no logra promover una verdadera reforma agraria porque le da más importancia al agronegocio exportador, y se ha sometido a los grandes terratenientes y adoptado una política económica que favorece al sector financiero, a las empresas transnacionales y a la gran agricultura de monocultivos, dijo Stédile.
En este gobierno hay por lo menos tres ministerios favorables a esa política, y solo el Ministerio de Desarrollo Agrario en defensa de la agricultura familiar, se lamentó.
En el medio rural brasileño se desarrolla una "disputa" entre la gran producción agroindustrial, para la cual son prioritarias la exportación y la tecnificación que provoca desempleo y aumenta las ganancias, y "la agricultura familiar y campesina" que abastece de alimentos el mercado interno y emplea a más de 85 por ciento de la mano de obra rural, según el Foro.
Cassel consideró "absurdo" dudar de los datos del actual gobierno, porque todas las familias asentadas son identificadas con el "nombre y apellido" de sus responsables y su documentación, y esos datos son enviados a los movimientos sociales como el MST.
En la Amazonia, o más precisamente en la región norte de Brasil, fueron asentadas 40 por ciento del total de familias, porque allí está la mayor cantidad de tierras públicas y porque "la reforma agraria es un mejor destino que la apropiación ilegal" de los latifundistas, arguyó.
Para obtener tierras en las regiones más desarrolladas del país, como el sur, sería necesario actualizar el índice de productividad que define si una propiedad es improductiva y puede ser expropiada para fines de reforma agraria, de acuerdo a la Constitución.
El índice usado data de 1975, cuando se consideraba productiva una hacienda con medio vacuno por hectárea. Ahora, las nuevas tecnologías permiten criar tres o cuatro reses en una hectárea y producir casi el doble de soja u otros granos, observó Stédile, en este caso apoyando al Ministerio de Desarrollo Agrario y contra la cartera de Agricultura que resiste cambios en la forma de medir la productividad.
El viceministro respondió a los críticos señalando que además de entregar tierras a la "mayor cantidad de familias en un solo año", su gobierno cuadruplicó el crédito subsidiado del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar.
Los créditos concedidos pasaron de 2.300 millones de reales (mil millones de dólares) en 2002 a 9.000 millones de reales (3.900 millones de dólares) este año. Las inversiones en compras y expropiación de tierras también fueron récord, añadió Cassel.
Pese a todo, el gobierno decepcionó a los campesinos, por eso el próximo año será de mucha movilización, especialmente en marzo, dijo Stédile a IPS.
Entre el 7 y el 10 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promoverá la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre.
También en marzo, del 20 al 31, se celebrará la Octava Conferencia de las Partes en el Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica en otra ciudad meridional, Curitiba.
En esa ocasión se discutirán dos cuestiones que interesan directamente a los campesinos, la aceptación o el rechazo de los cultivos "Terminator", una modificación genética que vuelve estériles los embriones de plantas en desarrollo e impide usar las semillas en una próxima cosecha, y la exigencia de etiquetas informativas en los productos exportados con componentes transgénicos.
