Los acuerdos de exploración de crudo que negocia el gobierno iraquí con empresas multinacionales podrían representar pérdidas por 194.000 millones de dólares para ese país, y la transferencia de más de dos tercios de sus reservas a manos de firmas extranjeras.
«En síntesis, quienes obtendrán el control del petróleo iraquí serán Estados Unidos, Gran Bretaña y sus empresas petroleras», dijo Steve Kretzmann, de la organización Oil Change International y coautor del estudio «Diseños crudos: la estafa de la riqueza petrolera de Iraq», divulgado el 22 de este mes.
"Los perdedores son los iraquíes", agregó.
El informe afirma que, atando al gobierno interino de Iraq a un tipo de contrato que da ventajas a los ejecutivos de las petroleras transnacionales, éstas se asegurarán márgenes de ganancia de 42 a 162 por ciento, muchísimo más que las metas usuales de la industria, establecidas en el entorno de 12 por ciento.
Las petroleras de Estados Unidos y Gran Bretaña presionaron por semejantes márgenes para invertir en Iraq, citando la inseguridad y la inestabilidad política que vive el país, ocupado militarmente por ambas naciones desde marzo de 2003.
La resistencia violenta a la invasión, los ataques militares a civiles, los secuestros y los atentados suicidas son moneda corriente desde entonces.
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"El formato de los contratos es el más costoso y antidemocrático posible", dijo Greg Muttitt, de Platform, una organización de vigilancia de la industria petrolera con sede en Londres. "El petróleo de Iraq debería beneficiar al pueblo iraquí, no a las empresas extranjeras".
Los contratos de reparto de producción (PSA, por sus siglas en inglés), suelen tener una vigencia estimada de entre 25 y 40 años y están fuera de cualquier control público.
Esta modalidad de acuerdos es defendida por algunos funcionarios iraquíes, según los cuales darán vía rápida al desarrollo de la industria, muy deteriorada por los embargos internacionales de los años 90 y por la guerra.
"Para obtener aumentos considerables en la producción de petróleo, necesitamos contratos de reparto de producción", dijo el viceprimer ministro iraquí Ahmad Chalabi.
Pero los críticos señalan que los términos de esos contratos, que promueven con entusiasmo Estados Unidos y Gran Bretaña, prohíben a las autoridades locales enmendarlos en el futuro y están sujetos a disposiciones de confidencialidad.
Desarrollado en los años de 1960, este formato de contrato mantiene la propiedad legal de las reservas en manos del Estado, evitando acusaciones de que la riqueza nacional es transferida a manos extranjeras.
Pero en la práctica, dan a las compañías petroleras los mismos resultados que los acuerdos de concesión que reemplazaron. Los PSA aseguran a los inversores impuestos fijos durante la vida del proyecto.
Los iraquíes no podrán impugnar los contratos en sus propios tribunales, porque se requiere que todas las disputas sean ante tribunales internacionales privados. Estos organismos suelen fallar con base sobre los intereses comerciales, en lugar del interés de las naciones, el derecho internacional o los derechos humanos.
"Este informe exige un debate completo y abierto en Iraq sobre la manera en que van a desarrollarse los recursos petroleros, no acuerdos de 30 años negociados a puertas cerradas", dijeron los autores en un comunicado.
Las empresas petroleras, respaldadas por el poderío de Estados Unidos y Gran Bretaña, pueden aprovecharse más de la fragilidad institucional de Iraq, añadieron.
"Las instituciones de Iraq son nuevas y débiles", dijo Muttitt. "La experiencia en otros países muestra que las empresas petroleras generalmente obtienen ventajas en las negociaciones de los PSA con los gobiernos. Las compañías inevitablemente utilizarán la inestabilidad para presionar por términos muy ventajosos y encerrar al país durante décadas".
La nueva Constitución iraquí, aprobada en octubre, abrió el camino a una participación extranjera mucho mayor en las riquezas de crudo. Ya están en curso las negociaciones con empresas, antes de las elecciones previstas para diciembre y a la aprobación de una nueva ley petrolera.
El estudio señaló a un grupo de poderosos políticos y tecnócratas iraquíes que están presionando por este sistema de contratos a largo plazo con las empresas extranjeras. Estos arreglos "estarán fuera del alcance de los tribunales iraquíes, del conocimiento público y del control democrático", advirtió el estudio.
Los autores del informe afirman que sus hallazgos confirman lo que muchos iraquíes creen desde hace tiempo: que una de las razones de la invasión liderada por Estados Unidos fue el botín de guerra de Iraq: las terceras mayores reservas petroleras del mundo.
"Muchos iraquíes creen que la guerra fue por el petróleo, y la opinión pública está abrumadoramente en contra de la ocupación estadounidense, de modo que los arreglos secretos con petroleras extranjeras sólo abonarán las causas de la inestabilidad política", dijo el coautor del informe, Erik Leaver, investigador del Instituto de Estudios Políticos, con sede en Washington, una de las organizaciones que los auspiciaron.
Los PSA no son las únicas opciones disponibles, afirma el informe citando cifras de la Agencia Internacional de Energía Atómica según las cuales, este tipo de contratos se utilizan para explotar apenas 12 por ciento de las reservas petroleras mundiales, la mayor parte en países con elevados costos de producción y resultados de exploración inciertos.
El informe sugiere como alternativa que Iraq financie su producción firmando con las empresas contratos con plazos más cortos y condiciones menos restrictivas. Éstas podrían inclusive financiar la exploración con sus propios recursos o apelar a préstamos internacionales, que pagarían con los futuros flujos de crudo.
Si el país árabe, cuyos ocupantes se declaran promotores de la libertad, sigue adelante con los PSA, "podría terminar entregando su democracia tan pronto como la consiga", advierte el documento.
