Cinco expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) renunciaron a viajar a la base estadounidense de Guantánamo, en territorio de Cuba, porque Washington les negó el derecho a entrevistar en privado a los supuestos terroristas detenidos allí.
Los peritos de la ONU se declararon decepcionados por la actitud del gobierno de Estados Unidos que constantemente ha declarado su compromiso con los principios de independencia y objetividad de los mecanismos de investigación, pero ahora "no está en condiciones de aceptar esos términos".
Entre las condiciones del mandato de los relatores y expertos de la ONU en derechos humanos figura la capacidad de sostener entrevistas sin testigos con los detenidos, recordaron.
Por tanto, "lamentamos profundamente que el gobierno de Estados Unidos no acepte las normas de las condiciones de mandato para efectuar una evaluación fidedigna, objetiva y justa de la situación de los detenidos" en Guantánamo, insistieron.
La declaración fue firmada por los relatores especiales Leandro Despouy, sobre independencia de los jueces y de los abogados, Paul Hunt, sobre el derecho a la salud, Asma Jahangir, sobre libertad de religión y de creencias, y Manfred Nowak, sobre torturas, y la presidenta y relatora del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, Leila Zerrougui.
Unas 500 personas de distintas nacionalidades se encuentran detenidas en la prisión de la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo. Algunas permanecen en el lugar desde comienzos de 2002, inmediatamente después de la campaña militar lanzada por Estados Unidos y un grupo de naciones aliadas en Afganistán contra el régimen del movimiento islamista Talibán.
A esa misma época se remontan los primeros contactos individuales de los expertos de la ONU con las autoridades estadounidenses para determinar la situación de esos detenidos, que en la gran mayoría de los casos no están sometidos a procesos ni tampoco han sido identificados en su totalidad.
Pero a partir de junio de 2004, los cinco especialistas decidieron unir sus esfuerzos a causa de que las condiciones de los detenidos caían bajo la esfera de más de un mandato del sistema de derechos humanos de la ONU.
Los pedidos de información a las autoridades estadounidenses no encontraron la respuesta esperada, por lo cual los expertos decidieron emprender un estudio de la situación de los detenidos.
La investigación enfocaba la aplicabilidad de las normas internacionales de derechos humanos a los detenidos de Guantánamo y también los aspectos legales relacionados con la situación de esas personas.
Los expertos reunieron información obtenida de distintos medios y se dispusieron a realizar entrevistas con ex detenidos en Guantánamo que residen actualmente en distintos países.
Los contactos con Estados Unidos se reanudaron en octubre, cuando Washington envió cartas de invitación para visitar Guantánamo a tres de los relatores, excluyendo a Despouy y a Hunt.
Los relatores aceptaron la invitación, que debía concretarse el próximo seis de diciembre, pero puntualizaron en su respuesta que las visitas se debían cumplir de acuerdo con las condiciones de los mandatos, que estipulan el derecho a sostener entrevistas privadas con los detenidos.
En ausencia de una respuesta de las autoridades estadounidenses, los cinco relatores informaron que en esas circunstancias no estaban en condiciones de confirmar la visita propuesta.
El presidente del Comité contra la Tortura, Fernando Mariño Menéndez, estimó que la "decisión del grupo de expertos me parece lógica".
"Es una reacción que podría parecer negativa a algunos porque elimina aunque sea una posibilidad pequeña de visitar Guantánamo y conocer la situación allí directamente, pero al mismo tiempo hay ciertos estándares universalmente aceptados, relativos a la práctica de encuestas e investigaciones, particularmente en estos supuestos de personas detenidas largo tiempo, que de buena fe deben ser respetados", evaluó.
"Y si esos patrones no se pueden cumplir, el testimonio de no realizar la visita es quizá más efectivo que efectuarla en condiciones en las cuales no va a ser efectiva", dijo Mariño a IPS.
"Entonces, me parece bien la decisión de los expertos. Es un modo de presionar más al gobierno de Estados Unidos para que finalmente acabe accediendo a la visita en condiciones universalmente utilizadas", añadió..
Mariño dijo que el Comité, responsable de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura, estaba enterado de la creación del grupo de relatores especiales y de sus gestiones para visitar Guantánamo, al igual que de las reticencias del gobierno de Estados Unidos a cualquier misión de investigación.
En cuanto a las denunciadas irregularidades de las detenciones en Guantánamo, el tema ha llegado a conocimiento del Comité a través del informe presentado por Estados Unidos, uno de los 140 estados parte de la Convención.
El Comité examinará la situación de Estados Unidos en relación con la aplicación de la tortura durante la sesión que el organismo, integrado por 10 expertos independientes, sostendrá en mayo del año venidero.
Pero en la actual sesión, que concluye el 25 de noviembre, el Comité redactará y divulgará públicamente las preguntas definitivas que Estados Unidos tendrá que responder en mayo sobre su acatamiento a la Convención que prohíbe las torturas, explicó Mariño.
En las últimas semanas, se multiplicaron las denuncias de organizaciones de derechos humanos estadounidenses y en la prensa de ese país, sobre la existencia de decenas de prisiones secretas en varios puntos del planeta, donde se recluye a personas capturadas en la "guerra contra el terrorismo" emprendida por Washington.
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