La «guerra contra el terror» crea nuevas oportunidades de empleo para los estadounidenses. Importantes empresas se dedican a contratar personal para realizar interrogatorios en las cárceles iraquíes. El negocio llena muchos bolsillos y preocupa a los activistas por los derechos humanos.
Pero ellos no van en calidad de prisioneros sino de interrogadores, caminando por una delgada línea legal a través de las Convenciones de Ginebra, que protegen a los prisioneros de guerra. Sólo por firmar el contrato, obtuvieron un cheque de 2.000 dólares de una compañía que rápidamente se está convirtiendo en una empleadora clave en el mundo de la inteligencia: Lockheed Martin.
Tras una semana de orientación y procedimientos médicos, volaron a Tampa, en el sudoriental estado de Florida, con destino a algunas tristemente célebres prisiones iraquíes, entre ellas las de Abu Ghraib, Camp Cropper, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, y Camp Whitehorse, cerca de la meridional ciudad iraquí de Nasariya.
Conocidos en la comunidad de inteligencia como "los 97 ecos" ("97E" es el número que se adjudica al curso de interrogatorios impartido en las escuelas militares), estos mercenarios trabajarán codo a codo con los interrogadores militares.
Utilizarán 17 técnicas para interrogar prisioneros, que van desde el "amor de camaradas" hasta la "severa atemorización", que consiste en tirar violentamente al suelo a los detenidos. Los sujetos de estas medidas serán decenas de miles de hombres y mujeres recluidos en cárceles militares dirigidas por Estados Unidos bajo sospecha de vínculos con el terrorismo.
Un empleo en este nuevo nicho laboral comienza con una llamada telefónica o un mensaje de correo electrónico al teniente coronel retirado Marc Michaelis, en el pintoresco pueblo de molinos harineros de Ellicott, en el nororiental estado de Maryland, a una hora en automóvil de Washington.
Michaelis, el principal punto de contacto de los nuevos interrogadores, llegó a Lockheed Martin en febrero, luego de que la empresa adquirió a su ex empleador, Sytex,por 462 millones de dólares.
Sytex, y por lo tanto Lockheed, parece haberse erigido en uno de los mayores reclutadores de torturadores privados. Solamente en junio, Sytex difundió avisos buscando a 11 nuevos interrogadores para Iraq, y en julio la empresa solicitó otros 23 para Afganistán.
Avisos publicados en varios sitios web frecuentados por militares en ejercicio y retirados ofrecían salarios de entre 70.000 dólares y los 90.000 dólares, una bonificación de 2.000 dólares por firmar el contrato, 1.000 dólares para una licencia a mitad de la misión y 2.000 dólares por completar el periodo de contrato regular de seis meses.
Quienes vuelvan para un segundo período obtendrán el doble de las bonificaciones al inicio y al final de su contrato. A cambio, se espera que los empleados trabajen como es debido: hasta 14 horas por día, siete días a la semana.
El asunto de los contratistas privados que dirigen interrogatorios salió a la luz a mediados de 2004, cuando una investigación militar reveló que varios de ellos en la cárcel de Abu Ghraib eran empleados civiles de una empresa llamada CACI, con sede en el oriental estado de Virginia.
Resultó que nadie sabía qué decían las leyes acerca de contratistas comprometidos en las torturas en Iraq, o si estos eran, en efecto, responsables ante alguna autoridad o sometibles a procedimiento disciplinario.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos son abiertamente críticas de esta nueva tendencia. "El uso que hace el ejército de los interrogadores por contrato ha sido un experimento fracasado", dijo Deborah Pearlstein, directora del Programa de Leyes y Seguridad de la organización estadounidense Human Rights First.
"Basándonos sobre las propias investigaciones de Pentágono (Departamento de Defensa) y otros informes que ya son públicos, parece claro que los contratistas ya no están tan bien entrenados ni controlados, y son más difíciles de acusar que los soldados por cosas que salen mal", dijo.
Pearlstein advirtió que "a menos que y hasta que los interrogadores por contrato puedan ser elevados por lo menos a los estándares de entrenamiento y disciplina esperados para nuestros uniformados, Estados Unidos está mejor sin sus servicios".
"El problema no es el uso de contratistas civiles", dijo en un mensaje de correo electrónico un ex interrogador del ejército con más de 10 años de experiencia. "Lo que se necesita es un medio activo de supervisión y vigilancia sobre todos nuestros recursos en el campo, no sólo los civiles".
"Si uno mira las muchas investigaciones de las actividades de inteligencia militar, encontrará tantos individuos uniformados infringiendo la ley como contratistas", dijo.
Pero Susan Burke, abogada de prisioneros iraquíes que dijeron haber sido torturados en Abu Ghraib, cuestionó la legalidad de contratar a personal civil para los interrogatorios.
"Los interrogatorios siempre fueron considerados una función inherente al gobierno por razones obvias. Es irresponsable y peligroso utilizar a contratistas en tales entornos, dado que hay una larga historia de repetidos abusos de los derechos humanos cometidos por éstos", señaló.
La abogada de Filadelfia (en el nororiental estado de Pennsylvania) alega que el uso de contratistas es ilegal. "El Congreso de Estados Unidos ha aprobado leyes (las Regulaciones de Adquisición Federal) que impiden al Poder Ejecutivo delegar 'funciones inherentemente gubernamentales' a privados", explicó Burke.
Consultada sobre los detalles de los contratos para los interrogatorios, la firma Lockheed se negó a formular comentarios. Joseph Wagovich, portavoz de la división de tecnología de la información de la empresa, que incluye a Sytex, dijo inicialmente que la compañía sólo tenía un rol menor en el negocio de los interrogatorios y que había concluido su contrato en ese rubro para la base militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba.
Pero confirmó que Lockheed todavía estaba suministrando otras clases de "analistas de inteligencia" allí.
A Sytex también le gusta mantener un perfil bajo. "La mayoría de las organizaciones dedicadas a hacer cumplir la ley, así como las otras organizaciones a las que podemos estar apoyando, pronto podrían no ver sus nombres impresos", dijo Ralph Palmieri Junior, encargado de operaciones de la empresa, al Congressional Quarterly en 2004.
El alcance y la influencia de la empresa van mucho más allá de lo militar. Un perfil de la compañía publicado por The New York Times en 2004 se iniciaba con la frase: "Lockheed Martin no dirige Estados Unidos. Pero sí ayuda a dirigir una parte impresionantemente grande de él".
"En la última década, Lockheed, el mayor contratista militar de la nación, construyó un formidable imperio informático que ahora se extiende desde el Pentágono hasta la oficina del correo", escribió Tim Weiner.
"Clasifica sus correos y suma sus impuestos. Corta los recibos de la seguridad social y contabiliza (los resultados) del censo de Estados Unidos. Dirige vuelos espaciales y monitorea el tráfico aéreo. Para hacer que todo eso suceda, Lockheed escribe más códigos informáticos que Microsoft".
El periodista especializado en seguridad nacional en The New York Times explicó cómo obtenía Lockheed su negocio: "Los hombres que han trabajado, presionado (a favor de) y defendido legalmente a Lockheed ocupan los cargos de secretario de la armada, secretario de transporte, director del complejo nacional de armas nucleares y director de la agencia nacional de satélites espías".
Bill Hartung, del Instituto de Política Mundial de Nueva York, cree que "dar a una compañía tanto poder en asuntos de guerra y paz es tan peligroso como antidemocrático".
También afirmó que Lockheed Martin estaba en posición de beneficiarse económicamente de cada plano de la "guerra contra el terror", desde el objetivo hasta la intervención y desde la ocupación a los interrogatorios.
* Pratap Chatterjee es director general de la organización no gubernamental CorpWatch.
