El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, sigue cayendo en las encuestas, bajo el peso de las tácticas con las que convenció al público de invadir Iraq y por el trato a los prisioneros de la «guerra contra el terrorismo».
El opositor Partido Demócrata montó una enérgica campaña para que el Comité de Inteligencia del Senado complete su investigación sobre las supuestas mentiras o exageraciones del gobierno en torno de los arsenales de destrucción masiva en Iraq.
Hoy se sabe que esas armas no existían, pero antes de la invasión del 20 de marzo de 2003 fueron el principal argumento del ala belicista del gobierno de Bush para ir a la guerra.
El Comité del Senado terminó la primera parte de su investigación el año pasado, y unánimemente declaró que hubo una falla masiva de inteligencia respecto de las armas.
Pero nunca terminó la segunda parte de su investigación: determinar si el gobierno usó o abusó de la inteligencia para lanzar la invasión. Los senadores demócratas lograron que el presidente del Comité se comprometiera a seguir adelante con la pesquisa.
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Las renovadas solicitudes de investigaciones más profundas fueron reforzadas por un informe del diario The Washington Post.
El periódico aseguró que, poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) erigió en el extranjero cárceles clandestinas para sospechosos de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda, del saudita Osama bin Laden.
Esas prisiones se ubicaban en al menos ocho países, incluidas Tailandia, Afganistán y la base naval de Guantaánamo, Cuba.
Según The Washington Post, algunas también se encontraban en Europa oriental, si bien no reveló cuáles eran los países involucrados a pedido de "jerarcas estadounidenses".
Pero, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch, una investigación independiente sugiere que las instalaciones secretas de la CIA en Europa oriental se encuentran en Polonia y en Rumania.
La revelación nuevamente concentró la atención de los medios y del público en el tratamiento brindado por Estados Unidos a los prisioneros capturados en la guerra contra el terror.
El Senado aprobó por 91 votos a nueve una cláusula del presupuesto de Defensa propuesta por el senador John McCain, un ex prisionero de guerra torturado en Vietnam y perteneciente al gobernante Partido Republicano, que prohibiría a las fuerzas de seguridad todo acto de tortura, así como el tratamiento "cruel, degradante e inhumano" de los detenidos.
Pero McCain está enfrentado con el vicepresidente Dick Cheney, quien presionó intensamente al Senado para que la CIA quede exenta de esta prohibición. La Casa Blanca insinuó que Bush vetaría la medida si esta excepción no era concedida.
El principal propósito del presupuesto de Defensa es elevar una vez más el gasto de las operaciones militares en Iraq. Si Bush lo vetara, sería la primera vez en sus cinco años de gobierno que apelaría a esa facultad.
"Cada día, el gobierno nos dice con sus propias palabras y obras que debería estar eximido de las leyes y principios que prohíben torturar y encarcelar caprichosamente a personas sin revisión judicial alguna", dijo a IPS Brian J. Foley, profesor de la Escuela Costera de Derecho, en el sudoriental estado de Florida.
El Senado también aprobó una enmienda al presupuesto de Defensa que ordena al secretario (ministro) del ramo, Donald Rumsfeld, a informar al Congreso legislativo sobre los centros carcelarios secretos administrados por Estados Unidos en el extranjero.
Al mismo tiempo, el Senado, donde el Partido Republicano ostenta la mayoría, rechazó por 53 votos a 43 la propuesta demócrata de crear una comisión independiente para investigar las prácticas de interrogatorio del ejército estadounidense.
Los demócratas procuraban que esa comisión que siguiera los lineamientos de la que creada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en esta ocasión para investigar cómo Estados Unidos trató a los detenidos en Iraq, Afganistán y Guantánamo.
Bush obtuvo otra victoria legislativa: el senado aprobó el plan de la senadora republicana y ex abogada castrense Lindsay Graham para limitar el acceso de extranjeros sospechosos de terrorismo a los tribunales estadounidenses.
La medida es un esfuerzo por revertir un fallo de la Suprema Corte de 2004 que permitió a cientos de detenidos en Guantánamo apelar sus arrestos, dada la inexistencia de acusación o problemas en su presentación.
Pero varios expertos en materia constitucional ven una seria amenaza al sistema judicial en la iniciativa de Graham.
El profesor Ed Herman, de la Universidad de Pennsylvania, dijo a IPS que la suspensión del hábeas corpus es "un paso real en el camino a un estado totalitario".
También llamó la atención hacia "la descarada ilegalidad del abuso de prisioneros y la flagrante violación al régimen de derecho que se pretende estar llevando a todas partes".
La propuesta de Graham daría al Congreso cierto control sobre el proceso militar establecido para evaluar si los detenidos de Guantánamo son terroristas y deberían continuar presos.
Sin embargo, sujetaría las decisiones judiciales a una revisión limitada por parte de la Corte de Apelaciones para el distrito de Columbia, donde se encuentra la capital estadounidense.
El gobierno alegó que los supuestos "combatientes enemigos" presos en el exterior no pueden apelar a tribunales estadounidenses para cuestionar su confinamiento.
Además, el Poder Ejecutivo cree que todos los asuntos relacionados con la detención e interrogatorio de supuestos terroristas deberían ser dejados al presidente Bush.
La Casa Blanca anunció que apoyaría el plan, pero organizaciones de defensa de las libertades civiles lo consideraron un paso atrás y lamentaron la falta de un debate significativo.
Estados Unidos estaría "libre para aprehender a personas indefinidamente, sin audiencia judicial y más allá del alcance de la ley y el sistema de pesos y contrapesos" entre poderes, expresó el Centro para los Derechos Constitucionales, organización con sede en Nueva York cuyos abogados representan a detenidos de la "guerra contra el terror".
Aproximadamente 260 de los más de 750 prisioneros que están o estuvieron recluidos en Guantánamo presentaron demandas de hábeas corpus en tribunales estadounidenses, alegando varias clases de abusos, detenciones equivocadas e inadecuada atención médica.
Una gran cantidad de detenidos en Guantánamo estuvieron en huelga de hambre durante varios meses, y muchos fueron alimentados a través de tubos nasogástricos.
Para encender aún más el debate, observadores aseguran que persisten la tortura y el trato inhumano. La semana pasada, cinco miembros de una unidad de elite del ejército estadounidense en Iraq fueron acusados de patear y golpear a detenidos mientras esperaban ser trasladados a un centro de detención.
Y el Pentágono todavía no difundió la "segunda ronda" de fotos en que se muestra maltratos a detenidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib, pese a la orden judicial de hacerlo por una demanda presentada al amparo de la Ley de Libertad de Información por la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).
Al menos 108 personas murieron bajo custodia de las fuerzas de seguridad estadounidenses en Afganistán e Iraq, la mayoría violentamente, según la agencia de noticias Associated Press. Un cuarto de esos fallecimientos fueron investigados como posibles abusos a manos de funcionarios estadounidenses. Hubo 21 homicidios.
Según una encuesta divulgada por Associated Press, 57 por ciento de los entrevistados por la firma de opinión pública Ipsos no creen que el gobierno de Bush tenga principios éticos elevados. La misma proporción opina que el presidente Bush no es honesto.
