Pese a los enormes desafíos sociales, económicos, políticos y militares que afronta Estados Unidos, el debate sobre la incorporación del juez Sam Alito a la Corte Suprema de Justicia parece reducirse a un solo asunto: el aborto.
Desde su nominación por parte del presidente George W. Bush en octubre, Alito realizó visitas "de cortesía" a miembros del Comité Judicial del Senado, que abrirá en enero las audiencias para decidir su confirmación en el cargo.
En estas entrevistas, la palabra "aborto" fue evitada cuidadosamente por la mayoría de los senadores, que prefieren emplear eufemismos como "derecho a la privacidad".
Pero la pregunta que realmente se hacen los legisladores, tanto de derecha como de izquierda, es: ¿se puede contar con el juez Alito para confirmar o desechar el fallo Roe versus Wade, con el que la Suprema Corte reconoció en 1973 el derecho de las mujeres a abortar?
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La importancia del asunto quedó de manifiesto con la renuncia a la candidatura de la jurista originalmente nominada a la Corte Suprema, la asesora de la Casa Blanca Harriett Miers, cuestionada por la derecha religiosa que constituye uno de los bastiones electorales de Bush.
Las dudas se referían al compromiso de Miers en torno del fallo Roe versus Wade.
De ser confirmada su nominación por el Senado, Alito reemplazaría a la jueza Sandra Day O'Connor, una "conservadora pragmática" que renunció al cargo para retirarse y cuyo voto era a menudo el que desempataba en fallos polémicos.
En el Senado, las señales de las últimas semanas parecen claras: cuando los senadores republicanos conservadores salen de sus reuniones privadas con el juez Alito, apenas pueden contener su regocijo.
"Este es el tipo de nominado que he estado pidiendo", dijo el senador Sam Brownback, republicano de Kansas y acérrimo opositor al derecho al aborto.
Brownback, uno de los senadores que encabezó la exitosa campaña contra Miers, se manifestó convencido de que el juez Alito estaba "abierto a una revisión de casos".
Senadores de centro se mostraron cautamente gratificados con la nominación. Entre ellos, Joseph Liberman, ex candidato a vicepresidente del Partido Demócrata que respalda el derecho de la mujer a abortar y que se manifestó conforme con su diálogo con el juez Alito.
"Durante décadas, (el fallo) Roe (versus Wade) fue el precedente en el que muchos confiaron, y por lo tanto merece gran respeto", fue lo que dijo el magistrado, según declaró Liberman luego.
Otros senadores demócratas se mostraron satisfechos de que Alito muestre respeto por el precedente legal y por la "ley establecida".
Organizaciones de presión, tanto de izquierda como de derecha, se preparan ahora para una batalla mediática. La izquierdista Alianza para la Justicia, por ejemplo, se opone a la nominación de Alito.
"Segmentos influyentes de la derecha radical torpedearon la nominación de Harriet Miers porque no tenía un registro probado de conservadora del 'movimiento'", como se denomina a las que se dedican a "impulsar su agenda política en los tribunales", dijo la Alianza.
"La derecha está entusiasmada ahora, porque Samuel Alito tiene, indudablemente, ese registro. El juez Alito cambiará fundamentalmente el equilibrio de la Suprema Corte, inclinándola en una dirección que podría poner en peligro nuestros más caros derechos y libertades", declaró Nan Aron, quien preside la Alianza.
Pero desde la derecha religiosa, el fundador y presidente de Focus on the Family Action, James C. Dobson, manifestó que "tal vez la señal más alentadora (…) es que senadores liberales como Harry Reid y Charles Schumer, y organizaciones izquierdistas como People for the American Way y Planned Parenthood estuvieron haciendo fila para gritar que el cielo se está cayendo".
"Cualquier nominado que preocupe tanto a la izquierda radical merece una consideración seria", agregó.
Pero la posición de la derecha no es unánime entre las organizaciones religiosas.
El reverendo Tim Simpson, de la organización progresista The Christian Alliance, recordó que "la visión de justicia" de Alito "incluye que una mujer debe obtener permiso de su esposo para tomar una decisión sobre su propia salud reproductiva".
"Es difícil imaginar cómo alguien que cree eso pueda desempeñarse efectivamente como juez en el tribunal más importante de la nación", dijo Simpson a IPS, quien calificó las últimas entrevistas de Alito con los senadores de "maquillaje moderado" que "no puede ser tomado en serio".
Si Alito se las arregló para convencer a la derecha y por lo menos neutralizar a la izquierda respecto de sus ideas sobre el aborto, alguno de los dos bandos está equivocado, según observadores.
"No pueden tener razón los dos", dijo un destacado profesor de derecho constitucional que se negó a ser identificado.
Una razón para la confusión radica en las escasas pero variadas intervenciones judiciales de Alito en materia de salud reproductiva.
La más conocida de sus opiniones es la posición que defendió en minoría en el caso Planned Parenthood versus Casey en un tribunal del estado de Pennsylvania. Ese caso le sirvió luego a la Corte Suprema para modificar algunos aspectos de la sentencia Roe versus Wade.
El tribunal de Pennsylvania mantuvo en su sentencia varias restricciones al derecho a abortar entonces vigentes en el estado. Hubo unanimidad en respaldar todas esas restricciones, excepto en una.
Alito fue entonces el único miembro del cuerpo en defender el mantenimiento de esa regla: la obligatoriedad para las mujeres casadas de informar a sus esposos sobre su decisión de abortar, sin importar si ellas temían sufrir por eso abusos físicos, coerción psicológica o económica.
El juez argumentó que las mujeres casadas constituían una minoría de las que deseaban abortar, y que aun más minoritaria era la porción de las que pretendían ocultar su decisión a sus cónyuges. Por lo tanto, el requisito no era excesivo y contemplaba el derecho a abortar en un sentido amplio.
Pero, al menos en un proceso, Alito votó en favor del derecho a elegir en una causa que dividió a su tribunal.
En 1995, el juez coincidió con reglas del seguro médico federal Medicaid que, en contradicción con leyes de Pennsylvania, disponían el financiamiento público de la interrupción del embarazo en caso de violación o incesto, o cuando la vida de la madre corre peligro.
De todos modos, es poco probable que las audiencias en el Senado arrojen luz sobre la posición que adoptará Alito en casos relacionados con el derecho al aborto.
El juez está facultado a abstenerse de contestar preguntas sobre asuntos que la Corte Suprema pueda considerar en el futuro, y seguramente hará uso de ese derecho. Por lo tanto, el Senado y los grupos de presión tendrán que leer las hojas de té o apelar a otros métodos informales de predicción.
Mientras, el aborto seguirá, al parecer, eclipsando asuntos clave para la justicia y la sociedad estadounidense como la educación, la salud pública, la pobreza, el vínculo entre Iglesia y Estado, las relaciones entre comunidades raciales, el terrorismo, el conflicto en Iraq, el abuso de prisioneros y el déficit fiscal. (
