AMBIENTE-CHILE: Al rojo conflicto por glaciares andinos

Ambientalistas y policías protagonizaron violentos incidentes este viernes en el centro de Santiago de Chile, durante la entrega en el palacio presidencial de 18.000 firmas en rechazo a un proyecto aurífero de una corporación transnacional que implicaría la destrucción de tres glaciares en la cordillera de Los Andes.

El glaciar aún existe Crédito: IEPE
El glaciar aún existe Crédito: IEPE
Efectivos del Cuerpo de Carabineros (policía militarizada) cargaron contra los ambientalistas cuando éstos quisieron poner trozos de hielo en la Plaza de la Constitución, frente al palacio de La Moneda, para representar a los glaciares amenazados por la empresa canadiense Barrick Gold Corporation.

El Frente Anti Pascua Lama, que congrega a varias organizaciones civiles, acusó a los policías de agredir con insultos y empujones, y Marcel Claude, director de la Fundación Oceana, dijo que esta acción era "una prueba más de que en Chile la pretendida democracia de que habla el presidente (Ricardo Lagos) no existe y lo que hay es este modelo autoritario y represivo, que no escucha a la ciudadanía".

En declaraciones a IPS los ambientalistas restaron también credibilidad a un informe que hizo trascender este viernes la transnacional canadiense a través de la prensa, acerca de una modificación al proyecto para extraer oro, plata y cobre de Pascua Lama sin trasladar a un cuarto glaciar los hielos de tres que cubren el yacimiento. El informe habría sido entregado a las autoridades el jueves.

La entrega de las 18.000 firmas fue encabezada por el senador oficialista Nelson Ávila y dirigentes ecologistas, que además denunciaron las maniobras con que Barrick Gold pretende ocultar el impacto ambiental que significaría la explotación del yacimiento, situado unos 660 kilómetros al norte de Santiago.

Pascua Lama es un proyecto de minero binacional que prevé una inversión de 1.500 millones de dólares para una explotación a rajo abierto del yacimiento, que tendría una vida útil de 17 años y se ubica en la frontera de Chile y Argentina, correspondiendo 75 por ciento al primer país y 25 por ciento al segundo.

En Chile está emplazado a 150 kilómetros al suroeste de la ciudad de Vallenar, en la tercera región de Atacama, provincia de Huasco, y en Argentina a 300 kilómetros al nororiente de la ciudad de San Juan, capital de la provincia homónima.

Los ecologistas reiteraron que la remoción de los glaciares afectaría la provisión de agua para 70.000 agricultores del valle del Huasco y denunciaron que Barrick Gold entregó "ayudas sociales" a la comunidad y a algunos municipios con el propósito de que aprobaran la explotación del yacimiento.

Fernando González, presidente de la junta que reúne a agricultores del valle de Huasco, respalda los cambios propuestos por Barrick para no trasladar los glaciares y construir un embalse que potenciaría la disponibilidad de agua para el riego, señaló este viernes el diario La Tercera de Santiago.

Los ecologistas dicen que los grandes regantes del valle, inicialmente opuestos al proyecto, ahora están trabajando estrechamente con la empresa, ya que si se concreta Pascua Lama la minera les entregaría unos 60 millones de dólares para obras de infraestructura.

Diego Valderrama, portavoz de Oceana, dijo a IPS que se desconocía la factibilidad del nuevo proyecto y que la información de prensa no aclara que pasará con los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. "Desconfiamos de este supuesto cambio. Un proyecto minero que no considere la explotación subterránea de un yacimiento es muy raro", dijo.

Barrick habría presentado la nueva modalidad al cumplirse este viernes el plazo que dio la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) a la transnacional para que respondiera a observaciones sobre el impacto ambiental del proyecto.

Sin embargo, ante consultas del Frente Anti Pascua Lama, Conamá no confirmó la entrega de este nuevo plan, basado a su vez, "en una supuesta investigación científica que tampoco se conoce", puntualizó Valderrama.

El no gubernamental Programa Chile Sustentable denunció hace una semana que Barrick habría manipulado informes científicos, para que comprobaran que los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza no son tales, sino sólo masas de hielo, factibles de ser destruidas, contrariamente a lo que la propia empresa afirmaba apenas dos meses antes.

Asimismo, algunas comunidades indígenas de la zona, de origen diaguita, acusan a Barrick Gold de haber adquirido irregularmente un terreno necesario para ejecutar Pascua Lama y que, según documentación ancestral, les pertenece.

El no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) señaló que desde 1996 la transnacional venía trabajando en el proyecto, impulsando un tratado fronterizo entre Chile y Argentina capaz de darle factibilidad legal y económica a la iniciativa.

En diciembre de 1997 ambos países suscribieron el Tratado sobre Integración y Complementación Minera y en 1999 el Protocolo Complementario.

Tres años después, Minera Nevada, subsidiaria de Barrick en Chile, presentó el primer estudio de impacto ambiental al gobierno, omitiendo la existencia de los tres glaciares, que entorpecen la construcción del rajo de la mina.

Fueron los agricultores del valle del Huasco, en conjunto con comunidades cristianas, quienes advirtieron a las autoridades ambientales de los riesgos ecológicos y sociales asociados al proyecto, respaldados por los habitantes de localidades argentinas como Calingasta, Iglesia y los viñateros de la provincia de San Juan.

En 2001, la Comisión Regional de Medio Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental de Pascua Lama, condicionándolo a la presentación de un plan de manejo de glaciares. En diciembre de 2004, Barrick Gold presentó una ampliación del proyecto, proponiendo el traslado de los glaciares.

En febrero, la Conama entregó sus observaciones, respondidas por la empresa en abril. Al mes siguiente el organismo gubernamental formalizó nuevas objeciones.

Barrick Gold tiene 12 minas de oro en operación en cuatro continentes, las cuales el año pasado produjeron aproximadamente cinco millones de onzas, y realiza exploraciones en 16 países. Según sus datos, América del Sur contiene 42,1 millones de onzas, es decir, 47 por ciento del total de reservas probadas y probables de la compañía.

La religiosa indonesia Cristina Hoar, de la congregación Siervas del Espíritu Santo, es una de las impulsoras del movimiento de defensa del valle del Huasco frente al proyecto minero.

"Cuando estuve viviendo en la zon, me tocó ver cómo la empresa entregaba recursos a la comunidad para que cambiara su postura en torno al proyecto", dijo a IPS la religiosa, quien ahora reside en Santiago, desde donde sigue apoyando la movilización ciudadana.

Hoar se enteró de la iniciativa de Barrick en 2000, cuando se dio a conocer el primer estudio de impacto ambiental, del cual pronto dudó. Comenzó a trabajar en el tema junto a los pobladores, constatando que la empresa no entregaba información fidedigna, ante lo cual publicitó el caso en Santiago, congregando a más gente e incluyendo a numerosas organizaciones ecologistas.

Lucio Cuenca, director del OLCA, advirtió que tanto en Chile como en toda América Latina hay una desigual distribución de los recursos naturales y de los costos ambientales y sociales de su explotación, ya que generalmente los más perjudicados en conflictos de este tipo son comunidades pobres, campesinas e indígenas.

"En Chile las mayores expresiones de injusticia social ambiental coinciden con los sectores exportadores de materias primas, como el forestal, minero y agrícola", agregó, basándose en los dos casos más emblemáticos del último tiempo: el desastre en el santuario natural de río Cruces, en el sur del país, provocado por la contaminación de una planta de celulosa, y la actual disputa por Pascua Lama.

Según Cuenca, la gran cantidad de conflictos ecológicos da cuenta de la débil política ambiental chilena.

"Durante la dictadura militar (1973-1990) las compañías se acostumbraron a tener márgenes de ganancias excesivamente grandes, lo que dificulta la introducción de mejoras normativas. Las empresas no quieren asumir costos que hoy día le están transfiriendo al ambiente y a la sociedad", expresó Cuenca a IPS.

El activista opinó las movilizaciones ciudadanas nacidas a raíz de éstos y otros conflictos, estaban dando paso a una nueva conciencia social en torno a la conservación del entorno.

"El gobierno ha sido incapaz de canalizar o incorporar la participación ciudadana", dijo, recordando el caso de los manifestantes detenidos en octubre por interrumpir un discurso del presidente Lagos en la ciudad de Valdivia, cuando protestaron contra la planta de celulosa acusada de exterminar miles de cisnes en el río Cruces.

Si no se cambia el modelo neoliberal, es muy difícil que se resuelvan estos conflictos y que se eviten otros en el futuro, ya que para ello se necesitan transformaciones estructurales, que aseguren la sustentabilidad ambiental, económica y social de los proyectos empresariales, enfatizó Cuenca.

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