La Corte Penal Internacional emitió el viernes sus primeras órdenes de arresto contra Joseph Kony y otros cuatro comandantes del ugandés Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), despertando elogios y preocupación entre pacifistas y defensores de derechos humanos de Occidente.
Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) ven con buenos ojos los pedidos de arresto de rebeldes acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad, como paso importante para poner ante la justicia a quienes sembraron terror en el norte de Uganda en los últimos 19 años, y urgen a los gobiernos a cooperar en la aprehensión.
Los buscados deberán ser juzgados por la CPI, que está en funciones desde marzo de 2003, en su sede de La Haya.
"La Corte ha abierto la puerta para que se haga justicia", dijo Richard Dicker, director de Justicia Internacional de HRW. "La población de Uganda septentrional ha sufrido durante mucho tiempo abusos terribles, sin ninguna chance de reparación".
Ambas organizaciones, sin embargo, expresaron su desilusión porque la CPI no haya actuado de modo tan agresivo contra funcionarios y militares de Uganda, sobre quienes también penden denuncias de abusos similares, pero son beneficiarios de una ley de amnistía aprobada por el parlamento de ese país.
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"El hecho de que la fiscalía (de la CPI) no haya obtenido órdenes de arresto contra fuerzas gubernamentales y sus jefes civiles causa honda preocupación, porque los fiscales de Uganda no han investigado ni procesado esos delitos durante los 19 años del conflicto", dijo Amnistía Internacional en una declaración emitida el viernes en Londres.
Otros analistas señalan el hecho de que estos pasos pongan fin a los esfuerzos de paz liderados por la ex ministra ugandesa Betty Bigombe y respaldados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Noruega. Una vez acusados por la CPI de cometer crímenes contra la humanidad, los líderes del LRA no pueden ser amnistiados como parte de ningún acuerdo político que ponga fin al conflicto.
La propia Bigombe se quejó la semana pasada de que la CPI se había "apurado demasiado", por lo cual, "ahora no hay esperanza de que (los comandantes del LRA) se rindan". La Iglesia Católica, que había colaborado en la mediación, también expresó sus temores de que un acuerdo político fuera más difícil a partir de ahora.
En una columna publicada el viernes por el periódico International Herald Tribune, Katherine Southwick, autora de varios informes sobre Uganda para el Refugee Law Project, con sede en Washington, afirmó que la acción de la CPI podía exponer a un riesgo mayor a civiles inocentes y a socorristas internacionales que trabajan en el norte de Uganda.
"Ahora, las organizaciones de ayuda internacional están reduciendo sus operaciones en el norte por miedo a que el LRA vincule a la comunidad internacional con las órdenes de arresto de la CPI", escribió Southwick.
Para Amnistía, lo hecho por la CPI debe considerarse un importante paso adelante. "La decisión del fiscal de proceder a emitir órdenes de arresto y, por tanto, resistir los llamados a suspender la investigación en favor de más negociaciones políticas, envía un claro mensaje de que sin justicia no puede haber perspectivas de una paz duradera para la región", agregó.
El LRA, un movimiento mesiánico que lanzó sus primeros ataques a mediados de los años 80, es culpado de matanzas de decenas de miles de ugandeses del norte, pero se volvió particularmente notorio por el secuestro de unos 30.000 niñas y niños para convertirlos en soldados, sirvientes y esclavos sexuales en los últimos 20 años. Más de 50 por ciento de los miembros del ejército rebelde son menores de entre seis y 17 años..
Cada noche, según un reciente informe de HRW, unos 40.000 niños, conocidos como "viajantes nocturnos", huyen de sus hogares en las áreas rurales del norte de Uganda para buscar la relativa seguridad de aldeas y ciudades, y esconderse de las redadas del LRA.
Protegido durante muchos años en Sudán meridional, el LRA también es considerado responsable del desplazamiento de 1,6 millones de personas, la mayoría de las cuales todavía viven en campamentos donde han permanecido a merced de los soldados ugandeses. Pese a su papel nominal de protector, el ejército también fue acusado por HRW y Amnistía, entre otros, de cometer graves abusos, como asesinatos, violaciones y golpizas.
En uno de sus primeros actos formales como fiscal general de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo abrió el año pasado una investigación formal sobre el LRA y la situación en Uganda septentrional a pedido del gobierno del presidente Yoweri Museveni (en el poder desde 1986).
Según el Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI, ésta sólo tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra y contra la humanidad que hayan sido cometidos después de julio de 2002, cuando el tratado entró en vigor.
Además, la acción de la CPI está constreñida a casos en los que la justicia de los países involucrados no pueda o no quiera actuar y no tiene jurisdicción para procesar a ciudadanos de naciones que no son parte del Estatuto de Roma.
Kony es un ex catequista y autoproclamado profeta cristiano que lucha contra el gobierno de Museveni para instaurar un estado teocrático basado en los Diez Mandamientos bíblicos. La acusación fiscal le formuló 12 cargos de crímenes contra la humanidad y 21 de crímenes de guerra, y pidió la captura y entrega de su segundo, Vincent Otti, y de otros tres comandantes.
"Kony es exactamente el tipo de persona para la que fue creada la CPI: un señor de la guerra inmoral cuyos delitos incluyen asesinato, violación, secuestro, esclavización y amputación", señaló la organización Citizens for Global Solutions (CGS, Ciudadanos por Soluciones Globales), una de las entidades no gubernamentales que prestan mayor respaldo a la Corte en Estados Unidos, país que repudió el Estatuto de Roma.
Como otras organizaciones, CGS llamó a todas las partes a "trabajar en sociedad con la CPI, no sólo para asegurar la rápida captura de Kony, sino para proteger de las represalias a sus víctimas, a sus familias y a los testigos".
Según analistas, el LRA se debilitó en los últimos meses, en buena medida debido a la pérdida de apoyo de Sudán. Se cree que Kony todavía está escondido en ese país, y la semana pasada funcionarios ugandeses solicitaron públicamente a Jartum que detuviera al líder rebelde.
Pero elementos significativos del LRA cruzaron la frontera en la República Democrática del Congo. Ante las amenazas de Museveni, cuyos soldados intervinieron en Congo varias veces en la última década, el gobierno de Kinshasa envió a dos batallones del ejército al área la semana pasada.
"Las fuerzas congoleñas, con el apoyo de los tropas de paz de la Organización de las Naciones Unidas, tendrán que atravesar un escudo de niños cautivos y traumatizados para llegar a los líderes", dijo Southwick. "Aprehenderlos puede resultar imposible, el ejército ugandés ha sido incapaz de hacerlo durante 19 años, aun con cooperación sudanesa", advirtió.
