Para el geólogo Farouq Kam, la guerra civil que sufrió Sudán durante 21 años no terminó cuando el gobierno islamista del norte firmó el acuerdo de paz con los insurgentes cristianos y animistas del sur. El conflicto, simplemente, adquirió otro cariz.
"La guerra no terminó. Es cierto que no se va a seguir peleando en las selvas del sur. Pero ha comenzado otro tipo de guerra, que se librará por otros medios. Esta es una guerra truculenta", manifestó Kam a IPS.
El meollo del conflicto siguen siendo los codiciados yacimientos petroleros del sur.
Kam nació en el meridional estado de Bentiu (uno de los estados productores de petróleo) y pertenece a la etnia Nuer, cuyos representantes alertaron públicamente las diferencias en torno del reparto del petróleo..
El tratado de paz firmado en enero establece que la riqueza petrolera deberá ser repartida entre los oficiales del gobierno y los del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPML), principal organización insurgente del sur.
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El acuerdo establece, además, la autonomía del área meridional, que será gobernada por una autoridad regional, y a nivel nacional el movimiento insurgente se integró en un gobierno de unidad nacional.
Pero el Ministerio de Energía y Minería quedó en manos del Partido del Congreso Nacional (PCN) del actual presidente Omar Hassan Ahmad al Bashir.
La decisión escandalizó al sur, donde están localizadas la mayoría de las reservas petroleras del país.
La medida fue interpretada como parte de una estrategia para privar al sur de la parte que le corresponde en las ganancias del petróleo.
Según el acuerdo de paz, el gobierno regional del sur recibirá 50 por ciento de las ganancias, el gobierno central, 48 por ciento, y las zonas productoras de petróleo el dos por ciento restante.
Algunos sostienen que la decisión de ceder el control del Ministerio de Energía al PCN fue motivada por la intención del líder del SPML y actual vicepresidente de Sudán, Salva Kiir Mayardit, de organizar el gobierno interino lo más rápido posible.
El gobierno interino asumió a fines de septiembre, luego de muchos retrasos ocasionados, precisamente, por los desacuerdos sobre la designación de los miembros del gabinete.
La concesión del Ministerio de Energía al PCN "es una demostración de buena fe", expresó Abendego Akok, director del Centro de Estudios de la Paz y la Justicia de la Universidad de Juba en Jartum. "Se consiguió formar el gobierno interino. Ahora hay que mirar para adelante".
Pero incluso los más optimistas reconocen que el secreto que rodea la industria del petróleo es más que problemático. Las cifras de la producción de petróleo, por ejemplo, nunca se dan a conocer.
"No es en absoluto transparente, o sea, hacen lo que quieren. Nunca hacen lo que pide el pueblo", sostuvo Edriss Yousif Ahmad, un ex legislador que hoy es vicepresidente de una organización de activistas de la conflictiva provincia de Darfur, en el Sudán occidental.
Akok concuerda.
"Ningún académico podrá decir que ha visto o leído nada acerca del petróleo: cuánto se produce, las ganancias que arroja, los contratos que se firman, a dónde se vende", expresó a IPS.
"No tenemos ni idea de la estructura del Ministerio de Energía. Si creemos que sabemos algo, nos engañamos. Es una gran mentira", agregó.
Kam consideró posible que la población del sur no comprenda muchos otros aspectos de la industria petrolera, entre otras cosas porque siempre han sido dejados al margen de las decisiones y de los beneficios.
"Nunca tuvimos representación en las compañías petroleras. No nos permiten trabajar en esa industria, ni siquiera como obreros, y mucho menos como personal calificado", dijo Kam.
Además, "la mayoría de los yacimientos están en las zonas afectadas por la guerra, o sea, zonas controladas por el ejército", agregó Akok. "Esto hace que el acceso a estas áreas no sea fácil, pues se las considera áreas militares."
El tratado firmado en enero prevé la creación de una comisión bipartita con el cometido de controlar la actividad petrolera y prevenir actos de corrupción. Pero para que eso suceda es necesario conformar la autoridad regional del sur, lo que aún no ha sucedido.
Además, los miembros de esa comisión no serán electos sino que serán nombrados por Bashir y Mayardit. La naturaleza antidemocrática del proceso pone en tela de juicio la legitimidad de la comisión, según observadores.
Para Ahmad, la única esperanza es que se establezca una autoridad regional fuerte, capaz de asegurar un juego limpio en la industria del petróleo.
"Necesitamos un gobierno regional fuerte frente a un gobierno central débil", dijo a IPS. "Ahora tenemos un gobierno central fuerte y un gobierno regional débil, lo cual es un problema."
La situación es aún más complicada si se tiene en cuenta que una vez que concluyan los seis años del gobierno interino, los sudaneses del sur deberán votar si quieren mantenerse unidos al norte, o si prefieren la secesión y la formación de su propio estado, lo cual pondrá la riqueza petrolera definitivamente fuera del alcance de Jartum.
El nuevo gobierno de Sudán enfrenta numerosos desafíos adicionales.
Las milicias que no estaban alineadas con el SPML no han abandonado las armas y aún recorren el sur del país.
En Darfur, el gobierno está acusado de todo tipo de violaciones de derechos humanos y de actos de genocidio contra su propio pueblo, así como de apoyar los actos de extrema brutalidad con que milicias paramilitares y el ejército intentaron acallar a la oposición.
Se estima que el conflicto en Darfur ha costado más de 200.000 vidas.
En total, más de dos millones de personas murieron en la guerra civil que enfrentó al sur y al norte para evitar la dominación religiosa del norte musulmán y seguir siendo objeto de la discriminación étnica y la marginación económica.
