Las grandes compañías internacionales involucradas en los sobornos del programa «Petróleo por Alimentos» para Iraq deben ser sancionadas por sus respectivos gobiernos, sostuvo la organización Transparencia Internacional.
"Es pura hipocresía cuando los países ricos demandan estrictas condiciones de responsabilidad a naciones pobres en la cooperación para el desarrollo y no piden lo mismo a sus propias corporaciones", señaló el presidente del grupo, Peter Eigen.
El activista hizo estas declaraciones horas después de saberse que más de 2.000 compañías occidentales habían estado involucradas en sobornos al gobierno iraquí durante la puesta en marcha del programa Petróleo por Alimentos, administrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La mitad de las 4.500 firmas involucradas en el programa están siendo investigadas por pagos ilegales, según el informe de 623 páginas del Comité Independiente de Investigaciones de la ONU, encabezado por Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
El Comité descubrió sobornos por cerca de 2.000 millones de dólares por parte de importantes empresas, incluyendo a la manufacturera alemana Siemens y a la fabricante de automóviles alemana-estadounidense Daimler Chrysler.
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Otras firmas mencionadas son la sueca Volvo, la española Repsol y la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
Sin embargo, Volcker dejó en claro en una conferencia de prensa el jueves que no necesariamente las autoridades de estas compañías habían autorizado o estaban en conocimiento de esos sobornos.
En sus informes previos, los investigadores responsabilizaron al secretario general de la ONU, Kofi Annan, y al Consejo de Seguridad por el mal manejo del programa, de 62.000 millones de dólares, creado para aliviar el impacto en la población de Iraq de las sanciones internacionales impuestas a ese país tras la invasión iraquí a Kuwait, en 1990.
Bajo el programa, que comenzó en 1996, el gobierno de Saddam Hussein pudo vender petróleo por más de 64.000 millones de dólares a 248 compañías y, a cambio, comprar suministros para la población por más de 34.000 millones de dólares a 3.600 empresas, señaló el comité Volcker.
Los investigadores descubrieron que varias compañías que compraban petróleo a precios reducidos canalizaban dinero extra al gobierno iraquí a través de otros medios.
Transparencia señaló que las firmas occidentales no tenían ninguna excusa para ese comportamiento, y subrayó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrada por todas las naciones industriales, posee un tratado contra ese tipo de delitos.
"Pensábamos que la Convención Contra Sobornos de la OCDE había marcado un hito, pero debemos concluir tristemente que aún hay un largo camino por delante", dijo Eigen.
Ante la divulgación del informe, un portavoz de Annan dijo a periodistas que el secretario general quería que los gobiernos occidentales tomaran acciones contra las compañías involucradas y adoptaran medidas para asegurar que no volvieran a suceder estos ilícitos en el futuro.
Eigen coincidió con Annan, pero puso en duda que hubiera voluntad política en esos gobiernos.
"No se debe olvidar que el programa Petróleo por Alimentos fue diseñado para dar de comer a niños y niñas hambrientos y prevenir una ola de muertes. Las medidas punitivas no repararán el sufrimiento humano causado", dijo el director de Programas Globales de Transparencia, Cobus de Swardt.
En los años 90, cientos de miles de niños y niñas iraquíes murieron de enfermedades y malnutrición ante la escasez de alimentos y de medicamentos causada por las sanciones internacionales.
Volcker señaló que los miembros del Comité no tenían autoridad para sancionar a las empresas, pero proveerían toda la información a los países interesados en adoptar acciones legales contra las mencionadas en el informe.
Mientras se espera la respuesta de otros gobiernos, el Ministerio de Economía de Suiza ya declaró su disposición a iniciar un proceso legal contra cuatro personas sindicadas por el Comité.
Por su parte, Transparencia sugirió a los países occidentales que emplearan "todo su arsenal" de medidas punitivas para asegurar que las firmas paguen por haber participado de actos de corrupción. Esas medidas pueden ser penas financieras o exclusiones de las contrataciones públicas.
"Existen muchas dudas sobre si en verdad habrá procesos legales, pero nosotros y otras voces de la sociedad civil no dejaremos que los transgresores de esas compañías sean olvidados ni que los gobiernos incumplan lo que han prometido", subrayó Eigen.
