Estados Unidos sostuvo otro encontronazo con juristas internacionales al persistir en su interpretación de que los detenidos por presunto terrorismo que mantiene en la base naval de Guantánamo, Cuba, y en decenas de prisiones en el mundo, carecen del amparo de tratados internacionales de derechos humanos.
El informe periódico de las autoridades estadounidenses al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentado la semana pasada con siete años de retraso, diverge de manera terminante con las opiniones de ese organismo y también con las de juristas especializados.
La cuestión en disputa es la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una de las columnas del sistema de derechos de la ONU, que ese Comité se encarga de supervisar entre los 154 Estados que hasta ahora lo han ratificado.
El documento enviado por Washington afirma que ha llegado a "la ineludible conclusión" de que ese Pacto "se aplica únicamente dentro del territorio del Estado parte".
Durante una reunión informativa que organizaciones no gubernamentales estadounidenses especializadas en derechos humanos sostuvieron esta semana con miembros del Comité, se afirmó que Estados Unidos mantiene unos 20 centros militares de detención clandestinos, particularmente cerca de las zonas de conflicto en Iraq y en Afganistán.
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El Comité había dirigido una carta al gobierno de Estados Unidos, el 27 de julio de 2004, en la que solicitaba que Washington se ocupara en su informe de "los problemas relacionados con la situación legal y el trato a las personas detenidas en Afganistán, Guantánamo, Iraq y otros lugares de detención fuera de Estados Unidos".
Además de cuestionar el concepto de la extraterritorialidad, la contestación estadounidense agrega que "la situación legal y el trato de esas personas están gobernados por las leyes de la guerra".
La respuesta estadounidense recibirá probablemente un rechazo contundente del Comité, un organismo integrado por 18 expertos independientes propuestos por gobiernos, que la semana venidera concluirá en esta ciudad suiza el último de sus tres períodos anuales de sesiones.
El asunto ya ha ocasionado desencuentros entre el Comité y las autoridades de Estados Unidos. En octubre de 1995, el organismo declaró que "no comparte el punto de vista expresado por el gobierno estadounidense de que en todas las circunstancias, el Pacto carece de alcance extraterritorial".
Esa opinión es "contraria a la interpretación consecuente del Comité en este tema, de que en circunstancias especiales las personas pueden caer bajo el asunto de jurisdicción de un Estado parte, aun cuando sea fuera del territorio de ese estado", declaró el órgano.
El subdirector de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Federico Abreu Guzmán, observó que la jurisprudencia respaldaba de manera unánime el criterio del Comité.
Abreu Guzmán mencionó a IPS que además del Comité de Derechos Humanos, se han pronunciado en el mismo sentido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El experto de la CIJ citó también a la propia Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión adoptada el 28 de junio de 2004 en el caso "Rasul c/ Bush". El máximo tribunal dictaminó que los ciudadanos extranjeros detenidos y trasladados a la cárcel de Guantánamo también tenían derecho al recurso de habeas corpus ante la justicia estadounidense.
Otro experto, Alejandro Teitelbaum, representante en Ginebra de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), apuntó que una interpretación del mismo Comité de Derechos Humanos ya había estimado que "sería insensato que se permitiera perpetrar violaciones al Pacto en el territorio de otro Estado que no podría perpetrar en su propio territorio".
Esa opinión fue vertida por el Comité al analizar los casos de ciudadanos uruguayos secuestrados en la década de 1970 por militares de esa misma nacionalidad, en territorios de Argentina y Brasil. Las violaciones se cometieron fuera de la jurisdicción de Uruguay, pero el Estado denunciado por las víctimas fue el uruguayo, recordó Teitelbaum.
Abreu Guzmán insistió en que los tratados de derechos humanos se aplican donde los Estados ejercen jurisdicción, que se determina con la prueba de si el Estado "ejerce efectivo (no necesariamente soberano) control sobre un territorio".
La interpretación estadounidense crea una situación absurda y ventajosa para su gobierno, dijo Teitelbaum a IPS. Por ejemplo, los ciudadanos panameños que recibieron las bombas durante la invasión estadounidense de 1989 a ese país, no pueden denunciar a Washington ante el Comité de la ONU "porque no están ni viven en territorio de Estados Unidos", observó.
En su mensaje de julio de 2004, el Comité efectuó además una serie de sugerencias y recomendaciones al gobierno de Estados Unidos con relación a la aplicación del Pacto.
Una de ellas subraya la necesidad de que las autoridades incrementen sus esfuerzos para prevenir y eliminar actitudes discriminatorias persistentes contra personas de grupos minoritarios y mujeres inclusive a través de la adopción de acciones afirmativas, cuando sea adecuado, dijo el Comité.
En su respuesta, Estados Unidos expone los esfuerzos que realiza con esos fines, pero advierte al Comité de que ninguna cláusula del Pacto requiere el uso de la acción afirmativa como política gubernamental.
Con relación a la pena de muerte, el informe aseguró que en Estados Unidos esas ejecuciones estaban restringidas a casos de violaciones especialmente graves. También afirmó que según el criterio de la Constitución estadounidense, los métodos de ejecución aplicados actualmente no constituyen castigos crueles ni desusados.
El informe de Estados Unidos será discutido, con una representación oficial del país, durante la sesión que el Comité realizará en Ginebra en julio del año próximo. Los miembros del organismo volverán a reunirse en marzo, durante la sesión que celebrarán en Nueva York, con los representantes de las organizaciones no gubernamentales estadounidenses.
