En los pasillos de la Casa Blanca crece la preocupación por la investigación que lleva adelante el fiscal federal Patrick Fitzgerald y que puede derribar a por lo menos uno de los hombres del presidente George W. Bush.
El fiscal parece haber puesto la mira en el principal asesor político de Bush, Karl Rove, y en el jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, Lewis Libby, por su presunta responsabilidad en la filtración el año pasado a la prensa de la identidad de la agente secreta Valerie Plame, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Los más acérrimos defensores de la administración Bush se preparan para lo peor y sostienen que, como escribió un prominente neoconservador, el editor del semanario Weekly Standard, William Kristol, la investigación es parte de una "completa estrategia de criminalización para derrotar a los conservadores, que sólo quieren gobernar como conservadores".
El Gran Jurado Federal analizará hasta el 28 de este mes las pruebas aportadas por Fitzgerald y determinará si hay fundamentos para llevar a juicio a los funcionarios investigados por la filtración. Cualquiera sea el acusado, sin duda deberá renunciar a su cargo.
Un juicio contra Rove o Libby no sólo sería una nueva vergüenza para el gobierno de Bush, cuya popularidad pasa por su peor momento, sino que, debido a los cargos centrales que ocupan ambos en la administración, añadiría más confusión a la Casa Blanca, ya caótica por los efectos políticos de la crisis causada por el huracán Katrina hace más de seis semanas.
Rove ha sido siempre considerado "el cerebro de Bush", y el propio mandatario lo llama "muchacho genio", mientras que Libby, uno de los neoconservadores más influyentes dentro la administración, dirige el equipo del vicepresidente con más poder en la historia de Estados Unidos.
Los dos integraron el Grupo de la Casa Blanca sobre Iraq, creado formalmente en septiembre de 2002, al parecer con la misión de coordinar esfuerzos para conseguir apoyo popular a la invasión que derrocó al presidente iraquí Saddam Hussein, en marzo de 2003.
Fitzgerald tuvo acceso a documentos del grupo e interrogó a varios de sus miembros.
La filtración de la identidad de Plame sería parte de un plan orquestado por la propia Casa Blanca para desacreditar al esposo de la agente, Joseph Wilson, embajador retirado que fue enviado a Iraq por la CIA en febrero de 2002 a investigar el rumor de que Bagdad había intentado comprar óxido de uranio concentrado en Níger.
Wilson concluyó que la versión era falsa, y en julio de 2003 publicó una columna en el periódico The New York Times acusando al gobierno de Bush de llevar al país a la guerra con argumentos mentirosos.
Ocho días después, The Washington Post publicó un artículo del columnista conservador Robert Novak, en el que revelaba el vínculo entre Plame y Wilson y su influencia en la decisión de enviarlo a la misión.
Al mismo tiempo, varios periodistas de ese diario aseguraron haber hablado con diversos funcionarios del gobierno sobre la identidad de Plame.
Tras las afirmaciones de Novak, la CIA llevó el caso al Departamento de Justicia arguyendo una violación a la Ley de Identidades de Inteligencia, que condena la revelación del nombre real de un agente.
El entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, nombró a Fitzgerald fiscal especial independiente a fines de 2003 para investigar el caso.
La Casa Blanca insistió siempre en que ni Rove ni Libby habían hablado con periodistas sobre la identidad de Plame.
Sin embargo, esa defensa se volvió insostenible a comienzos de este verano boreal, tras la revelación hecha por un periodista de la revista Time, que testificó haber mantenido conversaciones con ambos sobre Wilson una semana antes de que fuera publicada la columna de Novak.
Desde entonces, la administración Bush, que había prometido despedir a cualquier funcionario involucrado en la filtración, se niega a hacer comentarios.
Fitzgerald realiza su investigación bajo el mayor secreto, aunque los abogados de algunos testigos han hecho declaraciones ocasionales a periodistas.
Si el Gran Jurado Federal formula acusaciones, es posible que éstas incluyan las de revelación de información clasificada, obstrucción a la justicia, perjurio y conspiración.
Un cargo de conspiración sería en especial devastador, debido a que pondría en riesgo a más figuras del gobierno.
Las especulaciones aumentaron en los últimos días. El 14 de este mes, Rove hizo su cuarta aparición ante el jurado, lo que muchos vieron como un esfuerzo de última hora para explicar ciertas contradicciones de sus testimonios previos.
En los últimos días también testificó Judith Miller, periodista de The New York Times que pasó casi 90 días en prisión por negarse a decir a Fitzgerald cómo conoció la identidad de Plame.
Ante la posibilidad de que se extendiera su tiempo en prisión, Miller negoció un acuerdo con el fiscal por el cual restringió su testimonio a hablar sobre las conversaciones que mantuvo con Libby.
El relato de Miller sobre su testimonio, publicado por Times, dejó en claro que Libby reveló que Plame era agente de la CIA, al menos dos semanas antes de que apareciera el artículo de Wilson.
Y aunque Miller aseguró que Libby nunca identificó a Plame por su nombre, otras anotaciones en su libreta sugieren que sí lo hizo. De hecho, el abogado de Miller dijo a la televisión el domingo que "la única persona central y esencial que tenía información (sobre Plame) era Libby".
Más vergonzoso para el gobierno fue la revelación hecha por Miller de que Fitzgerald le preguntó en varias ocasiones si ella creía que Cheney había autorizado o al menos estaba al tanto de las conversaciones entre ella y Libby sobre Plame. La periodista contestó que no.
La misión de Wilson a Níger fue ordenada tras un pedido de Cheney de investigar a fondo un informe de inteligencia de febrero de 2002, al parecer basado a su vez en documentos de los servicios de inteligencia italianos.
Según Miller, Cheney le pidió tanto a la CIA como al Departamento de Defensa que investigaran esas versiones.
Luego de una deliberación en la que Plame, una experta en proliferación nuclear, pudo haber tenido un papel clave, la CIA envió a Wilson a Níger a fines de febrero, mientras el Pentágono envió al general Carlton W: Fulford, entonces subcomandante del Comando Europeo de Estados Unidos.
Fulford hizo su propia investigación y llegó a la misma conclusión que Wilson: la venta de uranio a Iraq era algo altamente improbable.
La oficina de Cheney insiste en que nunca estuvo al tanto de ninguna misión de la CIA a cargo de Wilson.
