Grupos humanitarios de Estados Unidos denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que hay decenas de centros de detención secretos en el mundo en los que Washington mantiene un número desconocido de prisioneros, como parte de su «guerra contra el terrorismo».
Los miembros del Comité, integrado por 18 expertos independientes propuestos por los gobiernos, escucharon este lunes las exposiciones de organizaciones no gubernamentales estadounidenses que acusan a Washington de cometer graves violaciones.
La abogada Priti Patel, de la organización Human Rights First (Derechos Humanos Primero), con sede en Nueva York, expuso a los miembros del Comité el problema de los lugares secretos de detención de personas presuntamente vinculadas al terrorismo.
"Todos saben de las cárceles en la base estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, en Abu Ghraib, territorio iraquí, y en la base aérea de Bagram, en Afganistán", dijo Patel. Pero hay otros lugares de detención que también todo el mundo sabe que existen, pero nadie conoce cuántos son ni dónde se encuentran, sostuvo.
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Se trata de establecimientos transitorios en Iraq y Afganistán, ubicados cerca de las zonas de conflicto, pero que se desplazan hacia donde Estados Unidos decide, insistió.
"En Afganistán hay unos 20 de esos establecimientos de detención, pero nadie sabe cuántas personas hay adentro ni cómo las tratan", dijo Patel a IPS.
"Lo peor es cuando se desconoce inclusive la ubicación de esos centros de encarcelamiento. Por ejemplo, no sabemos cuántas personas están presas en la base estadounidense de la isla Diego García, en el océano Índico, a pesar de que disponemos de informes confiables que hacen creer en su existencia", sostuvo.
Estados Unidos se rehúsa a negar o confirmar esos centros secretos de detención, "pero nosotros sabemos de por lo menos 36 personas que han estado prisioneras en esas instalaciones", afirmó Patel.
La reunión informativa de este lunes coincidió con el anuncio de que el gobierno estadounidense presentó la semana pasada, con retraso, su informe periódico a ese comité especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Aunque el texto del informe estadounidense aún no se ha divulgado, activistas de la sociedad civil dijeron que además de las consideraciones sobre el cumplimiento del Pacto, el documento contiene respuestas a preguntas formuladas por el Comité y relacionadas con los denunciados abusos en la lucha antiterrorista.
En los últimos años, el Comité se había dirigido a Washington para reclamar la presentación de informes atrasados y también para pedir explicaciones sobre las consecuencias de las disposiciones adoptadas por Estados Unidos en esas acciones.
El Comité había expresado en particular su preocupación por las implicaciones de la Ley Patriótica, dictada en octubre de 2001, como una de las primeras normas contra las actividades terroristas que Estados Unidos implantó después de los atentados del 11 de septiembre de ese año en Nueva York y Washington, que dejaron unos 3.000 muertos.
Las fuentes de la sociedad civil dijeron que en la carta que acompañó la presentación del informe, el embajador estadounidense ante las agencias de la ONU en Ginebra, Kevin E. Moley, precisó que el documento también contenía referencias a "la discusión de la aplicación por Estados Unidos de la Ley Patriótica".
Moley sostuvo asimismo que, por "una cuestión de cortesía", el informe iba acompañado de una descripción separada relacionada con las personas que se encuentran bajo custodia de las fuerzas armadas de su país, capturadas durante operaciones contra el movimiento islamista afgano Talibán, la red terrorista Al Qaeda y sus integrantes y seguidores, así como las capturadas durante la guerra, invasión y ocupación de Iraq, desde marzo de 2003.
Este asunto precisamente fue una de las mayores preocupaciones que el Comité transmitió a Estados Unidos, y la cuestión dominante expuesta por las organizaciones no gubernamentales a los miembros del organismo.
Monique Beadle, de la Organización Mundial por los Derechos Humanos en Estados Unidos, dijo a IPS que los activistas habían manifestado al Comité su inquietud por el incumplimiento de las disposiciones del Pacto, pero en particular insistieron en la situación de los detenidos.
"El aspecto que más censuran los grupos humanitarios es la detención, inclusive de ciudadanos de otros países, en lugares donde se practica la tortura", explicó Beadle.
Un caso significativo fue el de Ahmed Omar Abu Ali, un ciudadano estadounidense que se encontraba en Arabia Saudita en razón de sus estudios religiosos, cuando fue detenido por las autoridades sauditas bajo instrucciones estadounidenses, mencionó.
Abu Ali permaneció 18 meses en una prisión de Arabia Saudita, sometido a tratos abusivos. "Su espalda muestra las cicatrices de las heridas causadas por las torturas que recibió", dijo Beadle.
La organización que Beadle representa impulsó una causa judicial en Estados Unidos y consiguió que un juez reconociera que si ese grupo podía demostrar el papel desempeñado por el gobierno estadounidense en la detención y encarcelamiento de Abu Ali, se abría la posibilidad de atribuir responsabilidad a las autoridades.
"Esa decisión judicial colocó en posición muy embarazosa al gobierno de Estados Unidos", comentó Beadle.
Sin que nunca se le formularan cargos en Arabia Saudita, Abu Ali fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece detenido y el gobierno lo acusa de haberse asociado con presuntos terroristas.
Todo eso indica que Estados Unidos tuvo todo el tiempo el control sobre la custodia de Abi Ali, pues en el momento en que ya no era más necesario mantenerlo en Arabia Saudita resultó muy fácil llevarlo de vuelta, insistió Beadle.
La abogada citó asimismo los casos de traslados de prisioneros a lugares como Egipto o Siria, "donde es bien sabido que van a ser torturados", aseveró.
"Los militares estadounidenses conocen bien que en sitios como ésos se tortura a los detenidos. Por ese motivo, el gobierno de Estados Unidos emplea ese conocimiento en Guantánamo para apremiar a un detenido", afirmó Beadle.
El tratamiento comienza con el encierro en un lugar de aislamiento sensorial, donde el detenido pierde la noción de las referencias básicas.. Luego es subido a un avión, y vuela varias horas hasta que finalmente aterriza en la misma Guantánamo, aunque le han hecho creer que llegó a Egipto.
Los guardianes se dirigen al detenido en árabe y le dan la bienvenida a Egipto. Si no colaboras en el interrogatorio, te vamos a torturar, agregan.
El Comité de la ONU tomará en cuenta estas denuncias de las organizaciones no gubernamentales cuando examine el caso de Estados Unidos, con probabilidad durante su sesión de julio próximo en esta misma ciudad suiza.
El organismo mantiene actualmente su última reunión anual, que concluirá el 3 de noviembre. La primera del año entrante se efectuará en marzo, en la sede de la ONU de Nueva York.
El texto del informe presentado por Estados Unidos sólo será distribuido por la ONU una vez que estén disponibles las traducciones a todos los idiomas de trabajo, lo que puede demandar por lo menos unos tres meses. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales estimaron que el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense puede colocar ese documento en su sitio web en los próximos días.
