Los gobiernos prefieren invertir en la llamada guerra contra el terrorismo antes que en la lucha contra el hambre, que cada día cobra la vida de 5.000 personas en el mundo, sostuvo Jean Ziegler, relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación.
Esa tendencia se observa en los recortes de las contribuciones a las agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que atienden a los refugiados, ejemplificó el académico suizo en un mensaje de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebrará este domingo.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) afrontó el año pasado una disminución de recursos presupuestarios de 219 millones de dólares, mientras que los fondos destinados a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se contrajeron este año en 181,5 millones, aseveró Ziegler.
Ante esos ajustes presupuestarios, las dos instituciones se verán obligadas a reducir las raciones diarias distribuidas entre los refugiados a menos de 2.100 calorías, el nivel mínimo requerido para asegurar la supervivencia de las personas.
Por esas causas, el PMA ha tenido, por ejemplo, que achicar a dos terceras partes las raciones que reparte a los ocupantes de los campamentos de refugiados de Tanzania, unas 400.000 personas originarias en su mayoría de África occidental y de la región de los Grandes Lagos.
Con una ingesta de sólo 1.400 calorías diarias, una persona muere, dijo Ziegler. El relator de la ONU describió el hecho como "un escándalo que hay que denunciar, ya que es absolutamente inadmisible". En especial, porque para distribuir 2.100 calorías a cada refugiado sólo hacen falta 30 centavos de dólares por día, aseveró.
La disminución de los presupuestos de las agencias de la ONU se disculpan con los argumentos de la guerra contra el terrorismo y los problemas de seguridad. Ese argumento puede justificarse, porque el problema de la seguridad existe, sería ridículo negarlo, reflexionó el experto suizo.
Sin embargo, los gastos en armamentos de los 191 Estados miembro de la ONU superaron el año pasado un billón de dólares, sin incluir los presupuestos militares de funcionamiento.
Ziegler censuró otra vez a los gobiernos al evaluar los resultados de la campaña lanzada por el foro mundial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio.
En la primera de estas metas se estableció el compromiso de los países de reducir a la mitad para 2015 la cantidad de personas en pobreza extrema y que pasan hambre, tomando como base del porcentaje los existentes en 1990.
Hasta ahora los resultados de la campaña son inversos a los propósitos enunciados. En 2004, en plena aplicación de los objetivos del milenio diseñados en la cumbre de 2000 de la ONU, el número de niñas, niños, mujeres y hombres con hambre aumentó en 10 millones, llegando así a un total de 852 millones.
Esos objetivos provienen del ejercicio de la hipocresía, opinó. La iniciativa es buena, pero los países no hacen nada para cumplir con esas metas. "La hipocresía es de los Estados", insistió.
Un capítulo aparte en el problema de la alimentación mereció la situación en África, donde se avecina una crisis continental, vaticinó el relator de la ONU.
Aunque las cifras absolutas más altas de muertes por inanición se registran en Asia, los porcentajes más elevados corresponden a África.
Más de 35 por ciento de la población de África subsahariana sufrió hambre el año pasado, reveló Ziegler. En los últimos 35 años, las personas desnutridas de esa región pasaron de 88 millones a más de 250 millones.
La situación ha empeorado este año, con crisis alimentarias y hambrunas extendiéndose por la región, con mayor efecto en Níger, aunque también en Burkina Faso, Malí, Sudán, Somalía, Chad, Zimbabwe, Mauritania y Etiopía.
En una visita que realizó a Niger en julio pasado, el relator de la ONU comprobó que casi un tercio de la población, unas 3,6 millones de personas, incluidas 800.000 niñas y niños, sufrían de desnutrición aguda. En algunas zonas del país, las personas más vulnerables, en particular los más pequeños, morían de inanición.
Con retraso, la ayuda alimentaria del exterior ha comenzado a llegar a Níger, comentó Ziegler. Sin embargo, esas donaciones se superpondrán en los mercados locales con la producción cultivada por los agricultores nigerinos, que saldrán perjudicados por la previsible caída de los precios, vaticinó.
Las críticas del experto alcanzaron también al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI) por haber aconsejado a las autoridades de Níger el establecimiento en enero pasado del impuesto al valor agregado de 19 por ciento sobre artículos de consumo, incluidos alimentos y agua.
El nuevo gravamen recomendado por las instituciones financieras multilaterales se aplicó cuando el país afrontaba la escasez más severa de alimentos. Ante la presión de las organizaciones no gubernamentales locales, las autoridades exceptuaron del impuesto a la harina y la leche, a la vez que establecieron un tope a las tarifas del agua.
Ziegler sostuvo, asimismo, que las fuerzas militares de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que lideran la coalición armada ocupante de Iraq, aplican allí una estrategia de cortar los suministros de alimentos y de agua a las ciudades para forzar a la población a desalojarlas y de esa manera aislar en el interior a los efectivos insurgentes que combaten.
El experto, que ya había expuesto esa cuestión durante la sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en marzo, dijo que tal estrategia constituye una violación permanente, grave y flagrante de las Convenciones de Ginebra, que establecen, entre otros aspectos, las condiciones de trato a las poblaciones civiles en casos de conflictos.
Uno de los casos mencionados por el relator es el asalto a la ciudad iraquí de Tal Afar, en septiembre, donde las fuerzas de Iraq y de la coalición invasora restringieron la distribución de alimentos para impulsar a los habitantes a abandonar el área, dijo. El abastecimiento de agua también fue interrumpida, aunque no fue posible identificar a los responsables.
Ziegler insistió en que las Convenciones de Ginebra establecen la interdicción del uso del hambre como un arma contra las poblaciones civiles en caso de conflictos.
