La reforma propuesta al régimen de producción y comercio de azúcar en la Unión Europea (UE) dio lugar este lunes a protestas de cultivadores contra la reducción de subsidios, mientras organizaciones independientes reclaman cambios más profundos de un sistema que distorsiona el intercambio internacional.
La comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE), Mariann Fischer Boel, discute este lunes y el martes en Bruselas la propuesta de reducir en dos años, a partir de 2007, el precio subsidiado del azúcar en 39 por ciento, y ofrecer una compensación de 60 por ciento a los agricultores que resulten expulsados del negocio por la caída de precios.
En la reunión de este lunes, los ministros de Agricultura de Epaña, Italia, Polonia, Grecia, Portugal, Finlandia e Irlanda se declararon en contra de esa reforma de la Organización Común del Mercado del azúcar, una postura que puede paralizar la propuesta.
Otros gobiernos presentaron modificaciones moderadas, mientras naciones como Dinamarca, Suecia y Estonia pretenden endurecer la reforma, reduciendo aun más los subsidios.
Mientras, unos 20.000 cultivadores de remolacha (materia prima del azúcar europeo) procedentes de 21 de los 25 países de la UE protestaron este lunes en Bruselas. La manifestación fue apoyada por productores de los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), ex colonias europeas que gozan de un régimen preferencial de ventas al mercado europeo.
En España, la principal manifestación se llevó a cabo en la meridional ciudad de Sevilla, donde se concentraron miles de personas con dos centenares de tractores, convocadas por la Mesa del Azúcar. Los manifestantes representan a productores de las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén, las principales zonas remolacheras de este país.
Las protestas fueron apoyadas por las dos centrales sindicales mayoritarias, la pro socialista Unión General de Trabajadores y la pro comunista Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
La reforma propuesta obedece a la condena del régimen azucarero de la UE, emitida en octubre de 2004 por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La OMC hizo lugar a una demanda encabezada por Brasil, Australia y Tailandia, según la cual las exportaciones subsidiadas de la UE sobrepasan el límite fijado por el sistema multilateral de comercio.
En la denuncia fueron cuestionadas tanto las exportaciones de excedentes producidos en los países europeos, como los 1,6 millones de toneladas de azúcar bruto que la UE importa de países ACP y de India, en condiciones preferenciales, que luego refina y vuelve a exportar con subsidios.
Estas ayudas distorsionan los precios e impiden competir en el mercado europeo a productores de países en desarrollo fuera de ACP, y en especial a los de América Latina, grandes plantadores de caña de azúcar.
La reforma que estudia la UE afecta intereses de los productores azucareros ACP, cuyas colocaciones en el mercado europeo cuentan con precios preferenciales. Setenta por ciento de los ingresos azucareros de estos países pobres proceden de las ventas a la UE.
Gonzalo Fanjul, investigador de la filial española de la organización no gubernamental internacional Oxfam, dijo a IPS que las propuestas de la Comisión Europea son cada vez peores y que así no se logrará acabar con el dumping (comercio desleal) que afecta a los países en desarrollo.
"Una cosa es la defensa de los trabajadores, que nadie objeta y que hay que asumir, pero lo que más está en juego son los millones de euros que salen del bolsillo de los contribuyentes europeos para subsidiar a las más grandes explotaciones agrarias del continente, manteniendo una sobreproducción y exportación subsidiada", añadió el activista de Intermon Oxfam.
La organización, que trabaja en cuestiones de desarrollo, propone eliminar progresivamente esos subsidios, así como la exportación de lácteos y azúcar y reestructurar el sistema de manera que beneficie a los pequeños y medianos productores, dejando de pagar a los grandes, como ocurre en la actualidad.
José Carlos Rodríguez, agricultor de Sevilla, señaló que las subvenciones benefician en primer lugar a las grandes transnacionales. Y señaló como ejemplo que compañías azucareras estadounidenses también reciben ayudas de ese país a la exportación, aunque el producto haya sido elaborado en otros países, generalmente de América Latina.
La situación actual debe modificarse "pero sin perjudicar a los pequeños y medianos productores", a los que se debe ayudar financiera y técnicamente, atendiendo también a las necesidades de los países del Sur, dijo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), recordó que la producción mundial de azúcar es insuficiente, ya que si cada habitante consumiera los 30 kilogramos anuales requeridos, la producción actual de 150 millones de toneladas debería subir entre 35 y 40 por ciento.
Según el dirigente sindical Antonio Perinaes, de Comisiones Obreras, de aplicarse la reforma, solo en la comunidad española de Andalucía se perderían miles de puestos de trabajo.
El presidente de la Confederación de Cooperativas Agrícolas de España, Eduardo Baamonde, señaló que muchas asociaciones perderán su rentabilidad.
La ministra española de Agricultura, Elena Espinosa, pidió desde Bruselas unidad de los diferentes sectores de su país para frenar o moderar la reforma.
Para su par de Mauricio, Arvin Boolell, la propuesta "amenaza las ya precarias condiciones de vida de cientos de miles de familias de agricultores, que no tienen otra alternativa económica".
Esta, como otras naciones del grupo ACP, aspiran a prolongar el régimen vigente o a modificarlo en plazos más largos y con reducciones menos radicales. (
