El ejército de Uganda ha cometido atrocidades contra civiles a los que se supone debería proteger, según la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
La entidad defensora de los derechos humanos dijo que la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda (ejército nacional) ha perpetrado crímenes durante su campaña contra los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA son sus siglas en inglés), en Uganda septentrional.
"Los abusos no sólo son cometidos por el LRA, sino también por la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda. Esta carece de un régimen disciplinario. En vez de proteger a los ciudadanos, está contribuyendo con los abusos, y esto está aumentando las tensiones entre la población de Uganda del norte y el gobierno central", dijo Jemera Rone, investigadora de HRW.
Rone realizó estas declaraciones el lunes, dirigiéndose a los periodistas en Nairobi, durante el lanzamiento del informe de 76 páginas elaborado por HRW y titulado "Desarraigados y olvidados: impunidad y abusos a los derechos humanos en el norte de Uganda ".
El estudio afirma que el hecho de que rebeldes y ejército gocen de total impunidad ha empeorado la situación de los derechos humanos en la región. Durante 19 años, el LRA, liderado por Joseph Kony, ha intentado derrocar al presidente Yoweri Museveni (en el poder desde 1986) y establecer su propio gobierno, basado en los Diez Mandamientos bíblicos.
El LRA, que opera en el norte de Uganda, atacó, mutiló y asesinó a civiles y secuestró a niñas y niños para reclutarlos como combatientes, trabajadores y esclavos sexuales.
Más de 50 por ciento de los miembros del ejército rebelde son menores de entre seis y 17 años.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), más de 20.000 menores han sido secuestrados, reclutados o esclavizados desde que comenzó el conflicto. Más de 1,9 millones de personas quedaron sin hogar por el conflicto y viven en campamentos de desplazados.
El ejército está acusado de cometer violaciones, arrestos arbitrarios, golpizas y matanzas en los campos.
"HRW documentó cuatro asesinatos de civiles, por negligencia o intencionales, perpetrados por la Fuerza de Defensa del Pueblo en tres semanas, sólo en febrero de 2005. Esto no incluye a otra persona sospechosa de ser ejecutada sumariamente por el ejército ni a dos que informaron haber sido baleadas y gravemente heridas", señaló el informe.
Los intentos de HRW de obtener explicaciones del gobierno han sido frustrantes. "Si hay quejas, no se actúa o, cuando hay respuesta del gobierno, siempre es a favor del ejército", dijo Rone.
HRW quiere que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que acusa de laxitud, intervenga para resolver el conflicto, una vez descrito por Jan Egeland, subsecretario general para asuntos humanitarios y coordinador del alivio de emergencia del foro mundial, como el peor desastre humanitario del mundo.
"La ONU no está interesada en hallar una solución para Uganda. Por supuesto, ha prestado asistencia, pero el plano político (el foro mundial) ha permanecido prácticamente en silencio", destacó Rone.
La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada en Nairobi en noviembre de 2004 ni siquiera mencionó a Uganda, sino que dedicó sus energías a presionar a Sudán para que terminara su propio conflicto interno, aunque los problemas de ambas naciones están vinculados.
Esa presión culminó con un acuerdo de paz entre el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán y el gobierno a principios de 2005, finalizando 21 años de guerra interna, la más longeva de África.
HRW urgió a la ONU a presionar a Kampala para que persiga a todos los violadores de derechos humanos en Uganda del norte, incluyendo a su propio ejército.
Pero la Fuerza de Defensa del Pueblo afirma haber tomado siempre medidas con relación a los soldados que no respetaron los derechos humanos.
"Nuestra historia muestra que hemos tomado severas medidas contra nuestros oficiales de mal comportamiento. En 2002 ejecutamos a dos soldados luego que mataran a un sacerdote irlandés y lo robaran en Uganda del norte", dijo a IPS el teniente coronel Shabaan Bantariza, portavoz del ejército.
"En 2004, un capitán fue sentenciado a cadena perpetua por no proteger un campamento en el área. Se fue a beber y en el ínterin el campamento fue atacado por el LRA", añadió.
"No hay un solo día en que no hayamos protegido al pueblo. Hay más de 100 campamentos de personas desplazadas, y cada uno tiene un batallón de soldados de la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda protegiéndolo. A los soldados se les paga para proteger a esa gente", enfatizó.
Bantariza dijo que el gobierno estaba igualmente preocupado por la crisis y estableció medidas para llevar calma a la región, incluyendo una ley de amnistía sancionada en 2000, que busca alentar a los guerrilleros a dejar las armas y rendirse a cambio de dinero y otros suministros que los ayuden a rehacer sus vidas.
Por el momento, 15.000 personas han aprovechado la amnistía, un proceso al que se opone HRW.
"No nos oponemos a una amnistía para personas que no han cometido crímenes contra la humanidad, pero sí a una amnistía para quienes han perpetrado abusos contra los derechos humanos. Estos son delitos que no deberían quedar sin castigo", señaló Rone.
Los analistas afirman que Sudán debería comprometerse en que la paz vuelva al norte de su vecino, Uganda. Durante mucho tiempo Jartum fue acusado de respaldar a los rebeldes ugandeses, en represalia por el presunto apoyo de Kampala a grupos insurgentes sudaneses.
Pese a un acuerdo firmado en 1999 entre los dos países para detener este tipo de prácticas, Jartum persistió en esa conducta, según HRW. "Claramente, el gobierno de Sudán no ha estado dispuesto a dar los pasos necesarios (…) porque muchas veces Kony ha sido visto en Jartum", afirmó Rone.
El gobierno sudanés niega las acusaciones. "Definitivamente, no es el gobierno de Sudán. Estamos tratando de expulsar al LRA de nuestra región… No creo que el gobierno esté involucrado", dijo a IPS Neimat Bilal, portavoz de la embajada sudanesa en Nairobi.
