El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución antiterrorista que refleja las medidas dispuestas por el gobierno británico tras los atentados del 7 de julio en Londres y por el estadounidense tras los del 11 de septiembre de 2001.
"El terrorismo no será derrotado hasta que nuestra determinación sea tan completa como la de ellos (los terroristas) y nuestra defensa de la libertad sea tan absoluta como su fanatismo", dijo al Consejo el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair.
"Ellos juegan con nuestras divisiones, explotan nuestras vacilaciones. Ésa es nuestra debilidad, y ellos lo saben", advirtió Blair.
La resolución, patrocinada por Gran Bretaña, exhorta a todos los gobiernos a promover leyes que prohíban a las personas "incitar" a otras a cometer actos terroristas y a negar refugio a cualquiera que sea seriamente considerado culpable de tal conducta.
También reclama a todos los países "combatir las ideologías violentas extremistas, incluso con medidas para impedir la subversión de instituciones educativas, culturales y religiosas por parte de terroristas y sus colaboradores".
Blair recibió el fuerte respaldo del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. "Es nuestra solemne obligación detener el terrorismo en sus etapas más tempranas. Debemos hacer todo lo que podamos para interrumpir cada etapa de planificación y apoyo para tácticas terroristas", dijo Bush.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Bush presionó a los legisladores estadounidenses para que aprobaran la Ley Patriótica, que confirió a agencias policiales y de inteligencia federales nuevas potestades de vigilancia y detención.
Esas medidas fueron criticadas con dureza por numerosas organizaciones de defensa de los derechos civiles.
En Gran Bretaña se aprobó una legislación similar, la Ley Contra el Terrorismo, el Crimen y de Seguridad, cuestionada por activistas de derechos humanos para quienes las facultades asignadas a las agencias de seguridad son discriminatorias y constituyen "una reacción desproporcionada".
Luego de los atentados en Londres, el secretario (ministro) del Interior británico, Charles Clarke, reveló nuevas medidas antiterroristas, incluidos nuevos motivos para deportar legítimamente a extranjeros.
Tras deplorar la incapacidad de la ONU en acordar una definición de terrorismo, el primer ministro de Dinamarca, Anders, Fogh Rasmussen, dijo ante el Consejo de Seguridad: "La libertad de expresión y de discurso es la base de cualquier sociedad moderna y democrática. Pero no debe ser una excusa para incitar al terrorismo y alentar el odio."
A pesar de la falta de una definición precisa de "incitación", la resolución fue aprobada por la unanimidad de los 15 miembros del Consejo: Argelia, Argentina, Benín, Brasil, China, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Japón, Rumania, Rusia y Tanzania.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió que la resolución del Consejo de Seguridad da a los gobiernos pretextos para restringir la expresión pacífica de las ideas.
"Quienes incitan a otros a cometer actos terroristas deben ser procesados. Pero los patrocinantes de la resolución facilitaron a los gobiernos abusivos la represión de la oposición política pacífica, la censura y la clausura de mezquitas, iglesias y escuelas", dijo el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.
"Al alentar la prevención de la incitación, esta resolución abre un vacío en las garantías a la libertad de expresión por la que podría penetrar un ejército de censores", agregó Roth.
El presidente griego Kostas Karamanlis, quien fue el encargado de representar a su país en la sesión del Consejo, también alertó que la resolución "no debería afectar principios establecidos en materia de libertad de expresión".
HRW apoya los esfuerzos internacionales para alentar a países, de acuerdo con los criterios internacionales en materia de justicia, a procesar a individuos que deliberadamente incitan a otros a cometer actos terroristas.
Pero la organización advirtió que la resolución no llega a definir la "incitación", y urgió a los gobiernos no solo a penalizar sino a "impedir" tal conducta.
En la óptica de HRW, la resolución debió haber aclarado que las leyes solo deberían prohibir las expresiones destinadas a incitar un inminente atentado terrorista y está conectada directamente con la posible ocurrencia de esos actos, sostuvo la institución.
En cambio, la resolución emplea un lenguaje vago y amplio, según Roth.
La medida dispuesta por el Consejo llama a los estados a "negar el refugio seguro a toda persona sobre quien se tenga información creíble y relevante que implique razones serias para considerar que han sido culpables de tales conductas.
HRW cuestionó también que la resolución no mencione siquiera la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe la entrega de una persona a un estado donde corra riesgo de ese tipo de maltrato.
Tras la aprobación de la norma, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva consideró que "el hambre y la pobreza alimentan un círculo vicioso de frustración y humillación que abre paso a la violencia, las crisis y conflictos de todo tipo".
La resolución fue adoptada a nivel de jefes de Estado y de gobierno, aprovechando la celebración de la Cumbre Mundial en el recinto de la Asamblea General de la ONU. (
