Las tensiones en la oriental provincia de Kivu Norte, República Democrática de Congo, pueden causar un nuevo conflicto generalizado que agrave aún más la situación humanitaria en ese país centroafricano, advirtió este miércoles Amnistía Internacional.
Las rivalidades políticas y militares en Kivu Norte ponen en peligro el incierto proceso de paz congoleño y pueden conducir a graves violaciones a los derechos humanos en una región cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de abusos, previno la organización de derechos humanos, con sede en Londres, en un nuevo informe.
Actualmente, "unos 31.000 congoleños mueren cada mes por actos de violencia directos, enfermedades de fácil prevención o hambre causadas por la inseguridad, el desplazamiento y la falta de acceso a atención humanitaria y médica", dice el informe, titulado "Kivu Norte: Los civiles pagan el precio de la rivalidad política y militar".
Amnistía documentó cómo los presuntos socios en el reparto de poder del gobierno de transición de la República Democrática del Congo (RDC, ex Zaire) contribuyeron a deteriorar la situación en Kivu Norte inflamando las tensiones étnicas para perseguir sus propios intereses políticos, económicos o militares.
"Kivu Norte es actualmente el escenario en el que se exhiben los antagonismos políticos y militares nacionales y regionales, y el resultado es cada vez más trágico para los habitantes de la región", afirmó Kolawole Olaniyan, director del Programa para África de Amnistía Internacional.
La actual inestabilidad de Congo tiene su origen en 1996, cuando rebeldes de un grupo de la etnia tutsi conocidos como Banyamulenge se levantaron en armas contra el presidente Mobutu Sese Seko y lo derrocaron un año después.
Los insurgentes contaron con el respaldo de los gobiernos de Uganda y Ruanda. Este último estaba preocupado porque militantes hutu que en 1994 perpetraron la matanza de hasta un millón de tutsis y hutus moderados en Ruanda usaban el territorio congoleño como base de operaciones.
Una segunda serie de combates estalló en 1998 tras el deterioro de las relaciones entre el nuevo presidente, Laurent Kabila, y sus ex aliados de Ruanda y Uganda. La nueva guerra, que duró cinco años, enfrentó a rebeldes apoyados por Ruanda y Uganda contra fuerzas gubernamentales, respaldadas por Zimbabwe, Angola y Namibia.
Se estima que unos 3,5 millones de personas perdieron su vida en el conflicto, principalmente por enfermedades y desnutrición.
Conforme a los acuerdos de paz firmados en diciembre de 2002, ex combatientes de la guerra civil unieron fuerzas en un gobierno de poder compartido que supervisa los preparativos de una elección nacional a celebrarse el 30 de junio de 2006.
Sin embargo, el gobierno es rehén de disputas políticas entre facciones que también tienen un interés económico en el mantenimiento del status quo, afirmó Amnistía.
"Lejos de mejorar el clima de seguridad en Kivu Norte, las autoridades provisionales a nivel central y provincial han permitido un deterioro de la situación, incluso una inflamación de las tensiones étnicas", sostiene el informe.
Las radios y las manifestaciones públicas son los medios más utilizados para alentar diferencias tribales.
Según Amnistía, las facciones congoleñas muestran una gran renuencia a desarmarse, lo que dificulta su integración al ejército nacional. Un ejército unificado es esencial para asegurar elecciones libres y justas, así como la estabilidad del país a largo plazo.
La falta de integración fue uno de los motivos de un enfrentamiento militar en gran escala en diciembre de 2004, en el que centenares de civiles fueron víctimas de homicidio, tortura, violación y otros abusos, muchos de ellos de motivación étnica.
Además de integrarse, el ejército debe excluir de sus filas a violadores de los derechos humanos, instó la organización.
Amnistía también acusó a Ruanda y Uganda de seguir inmiscuyéndose en los asuntos de la RDC apoyando grupos armados del este del país y, en el caso de Ruanda, desplegando tropas en territorio congoleño.
La organización recomienda incluir en el proceso de integración militar un mecanismo independiente que investigue los antecedentes de los candidatos a entrar en el ejército nacional, para excluir a los individuos bajo sospecha de haber cometido abusos contra los derechos humanos.
Asimismo, las autoridades de la RDC y la comunidad internacional deben convertir en prioridad la rehabilitación del destruido sistema judicial del país, y tomar medidas para impedir la incitación de la discriminación o la violencia étnica, además de recuperar y destruir las armas distribuidas a los civiles de Kivu Norte, instó Amnistía.
También se debe reforzar la Misión de las Naciones Unidas en la RDC (MONUC) en las regiones en las que existe el peligro de una escalada de violencia, y debe aplicarse su mandato de protección a la población civil, agregó.
La MONUC tiene 16.000 soldados para una población de 53 millones de habitantes.
Jean-Marie Gasana, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad, con sede en Pretoria, cree que la violencia en Kivu Norte puede contenerse. "Lo fundamental es respetar el calendario electoral", dijo a IPS.
Denis Kadima, director ejecutivo del Instituto Electoral de África Austral, de Johannesburgo, considera que hay razones para el optimismo.
"El proceso de registro avanza en paz. Aun en Kivu-Norte y en Kivu-Sur no parece haber problemas", dijo en entrevista con IPS. El Instituto Electoral tiene un equipo en la RDC para vigilar los preparativos electorales y asesorar a las autoridades en el proceso.
