Desde el lunes y hasta este viernes se celebra en la caribeña ciudad colombiana de Cartagena de Indias la XII ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y los países andinos Colombia, Perú y Ecuador.
"Estamos llegando al principio del fin de este intenso proceso de negociación" iniciado hace año y medio, dijo el ministro de Comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero, en rueda de prensa previa a la que espera sea la penúltima ronda.
"Estamos haciendo un esfuerzo para que esta negociación ojalá pueda estar terminando a fines de octubre", anotó por su parte el jefe de negociaciones del TLC de Colombia, Hernando José Gómez.
A la XII ronda asisten más de 1.100 personas, entre negociadores, representantes del sector privado, legisladores y periodistas de los países participantes. A ellos se suma una fuerza de seguridad de 1.500 efectivos, se anunció el lunes.
Por Colombia asisten 155 parlamentarios, por Perú 14, por Ecuador seis y por Bolivia (que participa como observadora), cinco.
En esta semana se abordarán cuestiones como reglas de origen, acceso a mercados, asuntos institucionales, servicios transfronterizos, propiedad intelectual, fortalecimiento de la capacidad comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, textiles, servicios financieros y solución de controversias.
En cambio, no sesionan formalmente las mesas de obstáculos técnicos al comercio, salvaguardias y compras estatales, pero se espera que al final de la semana queden cerradas, tras lograrse acuerdos mínimos pendientes.
Colombia, Perú y Ecuador, tres de los cinco países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), están coordinando sus posiciones de negociación. Mientras, Bolivia se ha mantenido como observador, y Venezuela no participa del proceso.
La mesa agrícola es la más retrasada, pues ha logrado 30 por ciento de acuerdos, según el ministro, frente al promedio de 80 u 85 por ciento de entendimiento en otros temas.
"El último 15 a 20 por ciento es el difícil, es donde está todo lo sensible, las partes complejas donde hay que tomar unas decisiones políticas difíciles", dijo Gómez, midiendo los grados de entendimiento en porcentajes.
Está previsto que los tres países andinos continúen en mesas bilaterales sendos acuerdos agrícolas complementarios del TLC, cuyo mayor obstáculo son las normas fitosanitarias estadounidenses y las subvenciones a los productores agropecuarios de ese país, consideradas por los agricultores latinoamericanos como una forma de obstáculo comercial.
Según el jefe negociador colombiano, los tres países andinos han mantenido en el proceso una unidad negociadora que "ha sobrepasado todas mis expectativas".
"La verdad, al comienzo había muchas dudas, estamos en un momento de la vida de la CAN que no es fácil", sostuvo.
Bolivia y Ecuador vivieron este año situaciones de grave inestabilidad institucional y caída de sus presidentes, mientras los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, de corte izquierdista, y del derechista Álvaro Uribe en Colombia son comparables políticamente con el agua y el aceite.
"A pesar de eso, hemos logrado llegar después de 12 rondas con consensos muy grandes en todas las áreas", agregó Gómez.
Colombia, Perú y Ecuador se han apoyado mutuamente en cuestiones que inclusive no son de prioridad común, lo que "ha ayudado a que las coordinaciones andinas por parte de los negociadores sean consideradas absolutamente claves para llevar una sola voz a la mesa", dijo.
En opinión de Gómez, "si logramos terminar juntos la gran mayoría de los temas, esto se va a reflejar positivamente sobre la CAN".
El jefe de la delegación colombiana estima que los parámetros de negociación se han basado en "que toda la estructura y el andamiaje jurídico del TLC no puede de ninguna manera entrar a minar o entrar en contradicción con las normas andinas".
"Hemos encontrado fórmulas que hacen que los eventos y hechos que estén regulados por la normativa andina se mantengan y resuelvan por esa normativa, por su sistema de solución de controversias, y ya lo que no tenga que ver con lo andino, queda bajo el TLC", aseguró.
La normativa andina prevalece sobre las legislaciones internas de los países miembros.
El ministro Botero recordó que "por unanimidad de sus miembros, la Comisión Andina, que es el órgano directivo de la comunidad, autorizó la negociación con los Estados Unidos. O sea, el proceso que estamos realizando es fruto de una decisión en la que todos los países participaron, incluido Venezuela".
"Somos bien respetuosos de mantener nuestra vinculación con los países andinos, respetando rigurosamente la normativa andina aplicable", remarcó.
Además, los tres países asumieron "el compromiso de mantener informados a todos nuestros socios andinos de la evolución de la negociación y hemos tenido la voluntad de incorporar, si ellos así nos lo solicitan, en nuestras propuestas ofensivas o defensivas, los intereses de los países andinos que no participan en la negociación", agregó.
"Hasta la fecha no hemos recibido ninguna solicitud al respecto" por parte de Venezuela, precisó.
Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia. Ambos países son, además, miembros del llamado Grupo de los Tres, que integran con México.
Agudas crisis políticas entre las dos naciones que comparten una frontera de 2.219 kilómetros —afectada por el conflicto armado colombiano y el mercado ilegal de armas y de drogas—, han puesto de manifiesto la dependencia comercial recíproca, en especial la de Colombia con el país de la "revolución bolivariana" de Chávez.
Colombia importa de Venezuela materias primas de los sectores petroquímico y siderúrgico, y sus economías locales de frontera dependen totalmente del país vecino.
Venezuela compra a Colombia 70 por ciento de sus alimentos, así como manufactura liviana que no produce.
Entretanto, los duros enfrentamientos internos en Bolivia impusieron su exclusión de las negociaciones. La oposición al TLC en los demás países también se hace sentir, sobre todo entre cultivadores y en la industria farmacéutica.
El fin de semana se conoció una declaración de parlamentarios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia titulada "El TLC sacrifica los intereses nacionales".
El texto, que será divulgado oficialmente este jueves, señala "la intransigencia de los Estados Unidos ante temas extremadamente sensibles para las economías de nuestras naciones y la falta de firmeza de los negociadores gubernamentales andinos".
Los legisladores consideran que el TLC compromete el desarrollo futuro de sus países, "afectando en especial a los más pobres y limitando seriamente la capacidad de nuestros Estados de cumplir un adecuado rol regulador y redistribuidor, que contribuya a eliminar las brechas de inequidad e injusticia hoy existentes".
Los acuerdos comerciales deben ser tramitados "en pie de igualdad", reconocer "las asimetrías existentes", implementar "mecanismos adecuados de compensación", y "no deben impedir la protección y el desarrollo de los respectivos mercados internos", dijeron.
Los parlamentarios, 23 de Bolivia, 15 de Ecuador, 14 de Colombia y uno de Perú, coinciden en señalar que el TLC, más que apenas un acuerdo comercial, implica un modelo de desarrollo de largo plazo que tendrá incidencia en la seguridad y estabilidad regionales, la sustentabilidad ambiental y los procesos regionales de integración, "con el argumento de acceder con algunos de nuestros productos al mercado de los Estados Unidos".
A su juicio, con el TLC, Estados Unidos rebasará los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. La importación de productos subsidiados estadounidenses "arruinará importantes sectores industriales y agrarios, envilecerá los salarios y los derechos de los trabajadores y aumentará los impuestos a los sectores populares".
El TLC lesionará el desarrollo, la salud pública y la seguridad alimentaria de los países andinos, alertan los parlamentarios.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes en Cartagena que, en virtud del acuerdo, los medicamentos podrían aumentar sus precios en 200 por ciento en los países andinos, a través del endurecimiento de las normas de propiedad intelectual. Un efecto similar ocurrirá con los productos agroquímicos, señalan por su parte los legisladores.
