Defensores de los derechos humanos en Kenia temen que el gobierno impulse otra vez una ley antiterrorista, desechada el año pasado por el parlamento, para satisfacer a Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel.
La Ley para la Supresión del Terrorismo, presentada al parlamento en 2003, fue retirada el año pasado tras duras críticas de activistas. El gobierno del presidente Mwai Kibaki considera hoy devolverla al debate legislativo.
La organización Amnistía Internacional expresó preocupación por la "amplia y vaga" definición de terrorismo y de actos terroristas que emplea el borrador de la legislación, y por los poderes que concede a las autoridades para buscar y detener a sospechosos.
Según esta norma, la policía podría realizar detenciones sin orden judicial.
Amnistía también criticó la ley por "negar el derecho a una representación legal durante el interrogatorio".
El gobierno de Kibaki considera impulsar de nuevo la legislación, sobre todo después de las duras críticas de Estados Unidos e Israel a liberación por parte de un tribunal keniata de siete sospechosos de participar en el atentado de 2002 contra un hotel de propiedad israelí en la ciudad costera de Mombasa, en que murieron 16 personas.
El atentado suicida contra el hotel coincidió con el fallido ataque con misil a un avión israelí que despegaba del aeropuerto de Mombasa.
Todas las personas detenidas fueron liberadas por falta de evidencia.
Tanto estos ataques como el atentado con bomba de agosto de 1998 contra la embajada estadounidense en Nairobi, en que murieron más de 250 personas, fueron atribuidos a la red terrorista internacional Al Qaeda.
Las autoridades británicas también expresaron su preocupación por la forma en que Kenia enfrenta el terrorismo.
"Creo que Kenia reconoce que la actual legislación es menos que adecuada. Apoyaremos toda medida que fortalezca las leyes para combatir el terrorismo. Hemos discutido estos temas con este gobierno desde que llegó al poder", en diciembre de 2002, dijo a IPS el secretario del Alto Comisionado de Gran Bretaña en Kenia, Ray Kyles.
Los grupos defensores de los derechos humanos temen que, en respuesta a estas críticas, Kenia apruebe rápidamente la ley antiterrorista tal como está.
"Nos preocupa que el gobierno responda a la presión de Gran Bretaña y Estados Unidos sin considerar las violaciones a los derechos humanos de esa ley", afirmó Ekitela Lokaale, de la Unidad de Defensoría e Investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia.
"Ya presentamos al gobierno nuestras recomendaciones para que sean consideradas, y ahora esperamos una versión modificada de la ley", dijo por su parte Mbugua Kaba, de la organización no gubernamental Gente Contra la Tortura, con sede en Nairobi.
"La vamos a analizar detenidamente para ver si es satisfactoria. Si no, protestaremos de nuevo", añadió.
Mientras, Kenia, Tanzania y Uganda realizan ejercicios conjuntos de lucha antiterrorista. Las operaciones son auspiciadas por la Comunidad de África Oriental, organización regional que agrupa a los tres países.
El entrenamiento, según la secretaría de la Comunidad, tiene el objetivo de desarrollar "procedimientos operativos conjuntos" para combatir el terrorismo, y crear una plataforma de información e inteligencia común.
Aunque Kenia y Tanzania han sido escenario de los mayores atentados en la región, a Washington y Londres les preocupa en especial la vecina Somalia.
Ese país del Cuerno de África cayó en la anarquía en 1991, cuando el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado por milicias tribales, que luego dividieron al país en feudos. Cientos de miles de somalíes murieron durante el conflicto que devastó el territorio, junto al hambre y la miseria.
El año pasado se formó un nuevo gobierno somalí, aunque exiliado en Kenia por motivos de seguridad. Pero éste no ha podido aún restablecer el control en Mogadiscio, dominada por los líderes tribales.
Estados Unidos y Gran Bretaña temen que los grupos terroristas aprovechen esta situación para usar a Somalia como base de operaciones en África. (
