El Comité de Derechos Humanos de la ONU analizará en octubre las acciones de Estados Unidos en su guerra mundial contra el terrorismo, a instancias de organizaciones no gubernamentales que acusan a ese país de graves abusos.
El Comité, integrado por 18 expertos independientes, considerará en su 85 sesión en Ginebra "asuntos de preocupación específica respecto del efecto de medidas tomadas (por Estados Unidos) en la lucha contra el terrorismo tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001".
En ese análisis, que se desarrollará en algún momento de la sesión entre el 17 de octubre y el 3 de noviembre, se abordarán "las implicaciones de la Ley Patriótica estadounidense sobre nacionales y no nacionales".
El organismo presidido por la francesa Christine Chanet también se concentrará en "el estatuto legal y tratamiento de personas detenidas en Afganistán, Guantánamo, Iraq y otros lugares de detención fuera de Estados Unidos".
La Ley Patriótica fue aprobada en octubre de 2001, en respuesta a los atentados que un mes antes habían acabado con 3.000 vidas en Nueva York y Washington. Se trata, según sus impulsores, de "herramientas apropiadas para interceptar y obstruir el terrorismo".
Pero virtualmente todas las organizaciones de derechos humanos del mundo —dentro y fuera de Estados Unidos—, han considerado que esa ley constituye una seria amenaza a las libertades civiles.
"La Ley Patriótica tenía el objetivo de alentar abusos, pues debilitó el sistema de pesos y contrapesos en la aplicación de la ley, mientras dejó de lado las salvaguardias del debido proceso", dijo el director jurídico de la filial estadounidense de Amnistía Internacional, Jumana Musa.
Por otra parte, esa norma inspiró a otras sancionadas a su imagen y semejanza en todo el mundo, lo que alentó los abusos que Estados Unidos se ha comprometido oficialmente a combatir.
"El hecho de que haya una única superpotencia mundial deja una sombría resaca a los derechos humanos. Nadie puede decirle a Estados Unidos qué hacer o qué no hacer, sin importar cuán notorias sean sus crueldades", dijo a IPS Norman Solomon, director ejecutivo del Instituto para la Responsabilidad Pública con sede en Washington.
"La mayoría de los gobiernos merecen la censura de un comité de derechos humanos. Estados Unidos, lejos de ser la excepción, figura entre los más culpables, en particular por sus gestiones internacionales de gran escala bajo el sello de la 'guerra contra el terrorismo' en los últimos cuatro años", añadió Solomon.
El gobierno de George W. Bush actúa de tal modo que "la delegación de Estados Unidos en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se negará indignada a reconocer cualquier principio de derechos humanos que arroje alguna luz negativa sobre sus antecedentes", según el experto.
El Instituto de Libertades Civiles Meiklejohn de la Universidad de California en Berkeley detalló unas 180 supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por Washington, entre ellas 11 tipos de violaciones de derechos individuales y 19 de sus obligaciones como gobierno.
Entre esas violaciones figuran la aplicación de la Ley Patriótica, así como acusaciones de masacre, tortura, detenciones ilegales y otros "tratamientos inhumanos" en Afganistán e Iraq.
En esa lista figuraban actos cometidos en la prisión bagdadí de Abu Ghraib y en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Berkeley elevó en julio al Comité de Derechos Humanos de la ONU un informe del Instituto de Libertades Civiles Meiklejohn titulado "Desafiantes violaciones de derechos humanos de Estados Unidos desde el 11 de septiembre" de 2001.
En junio, cuatro expertos independientes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU expresaron que "lamentaban profundamente" que "el gobierno de Estados Unidos no nos haya invitado a visitar a aquellas personas arrestadas, detenidas o procesadas por supuesto terrorismo u otras violaciones en Iraq, Afganistán o la base naval de Guantánamo".
"Tales pedidos se basan sobre información de fuentes confiables", incluso documentos reservados hechos públicos por las autoridades estadounidenses, "acerca de serias acusaciones de tortura, tratamiento cruel, inhumano y degradante de detenidos, detención arbitraria, violación del derecho a la salud y al debido proceso", dijeron los cuatro expertos.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU es un cuerpo integrado por 53 países elegidos por el Consejo Económico y Social del foro mundial (Ecosoc), mientras que el Comité está formado por 18 expertos elegidos por los países parte de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
El gobierno de Bush rechazó pedidos similares de inspección formulados por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias y por el Relator Especial de la organización sobre tortura y salud.
Se prevé que el Comité de Derechos Humanos analice el mes próximo los descargos del gobierno estadounidense, incluidos informes periódicos sobre el modo en que aplicó la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Será la primera comparecencia de Washington ante el Comité desde los atentados de 2001. El órgano se reúne tres veces al año.
