La justicia civil de Estados Unidos tiene jurisdicción para revisar la situación de medio millar de detenidos por la «guerra contra el terrorismo» en la base naval de Guantánamo, Cuba, según estableció un tribunal.
"No hay nada en el estatuto de hábeas (corpus) que nos obligue a derivar casos a un tribunal militar", anotó en el fallo el juez de apelaciones A. Raymond Randolph, quien fue designado por el ex presidente George Bush (1989-1993), padre del actual mandatario.
Randolph participó en el panel que rechazó en 2003 un pedido de los detenidos en Guantánamo de acceso a tribunales estadounidenses. Pero la Corte Suprema de Justicia revirtió aquel fallo el año pasado.
El gobierno de George W. Bush considera que los detenidos en la guerra contra el terrorismo en Guantánamo no gozan de las garantías del debido proceso, incluidas en la Primera Enmienda constitucional, porque son extranjeros mantenidos fuera de territorio soberano de Estados Unidos.
Pero, según Randolph, "aún está en cuestión si fueron legalmente detenidos". Los detenidos, recordó el magistrado, aseguran carecer de vínculos con los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001 o con la red terrorista Al Qaeda, que reivindicó esa operación.
El gobierno dijo a través de sus abogados que los detenidos gozan de derechos ante los tribunales, los cuales determinaron que todos menos 38 eran combatientes enemigos sin la protección que las Convenciones de Ginebra confieren a los prisioneros de guerra.
El Poder Ejecutivo mantiene el argumento que emitió por primera vez a fines de 2001, cuando Bush declaró que todos los detenidos sospechosos de terrorismo son combatientes enemigos y no prisioneros de guerra.
Tras el veredicto de la Corte Suprema del año pasado, el Departamento (ministerio) de Defensa instaló apresuradamente tribunales castrenses para que revisaran el estatuto de los detenidos. Esos cuerpos fueron criticados por varios altos oficiales militares, que los calificaron de "tribunales canguro".
Jueces de diversos niveles han arribado a conclusiones disímiles en torno de los procedimientos de detención en Guantánamo.
Un juez de distrito afirmó que las audiencias castrenses son constitucionales. Otro desechó la demanda interpuesta por varios detenidos, pues, según observó, el ámbito para procesarla eran los tribunales castrenses y no los civiles.
Un panel de jueces de apelación, entre los que figuraba el nominado por Bush a la Corte Suprema, John Roberts, consideró que aquellos considerados "enemigos" por el presidente no están amparados por las Convenciones de Ginebra ni por las leyes estadounidenses militares y civiles.
Algunos de los detenidos en Guantánamo están allí desde la apertura de la prisión en enero de 2002. Más de 200 ingresaron en su quinta semana de huelga de hambre para protestar por el tratamiento que se les depara.
La semana pasada, mientras tanto, los tres miembros de un tribunal de apelaciones coincidieron en que Bush tiene la facultad de mantener detenido indefinidamente a un ciudadano estadounidense, José Padilla, en carácter de combatiente enemigo.
Tanto este fallo como el que determina la posibilidad de que los prisioneros procuren aclarar la situación en tribunales civiles serán objeto de debate en las audiencias en el Congreso legislativo por la confirmación de la designación de John Roberts en la Corte Suprema, que comenzaron este lunes.
En el caso de Padilla, el tribunal de apelaciones desechó el fallo de un jurado en el estado de Carolina del Sur, según el cual Bush había actuado más allá de sus facultades a detener a Padilla, nacido en Chicago, durante más de tres años.
El veredicto, redactado por el juez J. Michael Luttig —quien fue considerado por Bush como candidato a integrar la Corte Suprema—, indica que el presidente tiene derechoa detener a Padilla como combatiente enemigo al amparo de las facultades que le asignó el Congreso luego de los atentados de 2001.
Pero el caso de Padilla es diferente al de los detenidos en Guantánamo, pues se trata de un ciudadano estadounidense que no fue detenido en los campos de batalla de Afganistán, sino en el aeropuerto O'Hare de Chicago.
En los últimos tres años ha estado detenido en un cuartel de la marina de guerra.
Originalmente, el gobierno aseguró que Padilla pretendía detonar una "bomba atómica sucia", pero ahora lo acusa de planificar el uso de las redes de gas por cañerías para destruir edificios de apartamentos. No se presentaron pruebas al respecto en ningún tribunal.
Los abogados del gobierno advierten que la principal razón por la que Padilla debe estar detenido es que combatió junto con fuerzas de Al Qaeda contra fuerzas estadounidenses en Afganistán. Pero tampoco presentaron las evidencias. (
