Los pueblos de América del Sur deben asegurarse cuanto antes la gestión social del agua y frenar el avance de las compañías multinacionales, que controlan cada vez más servicios públicos en el Sur, alertó la fundación francesa France Libertés.
Danielle Mitterrand, creadora de la fundación y viuda del ex mandatario François Mitterrand (1981-1995), encabezó una delegación de la entidad que terminó este viernes una gira por la región, destinada a promover el reconocimiento del agua como bien público y contra la privatización de los servicios de saneamiento.
"La fundación se dedicaba sólo a la defensa de los derechos humanos al principio, derechos jurídicos, económicos y sociales, y nos dimos cuenta poco a poco que el derecho al agua era esencial, que el problema del agua iba a ser uno de los más importantes del mundo", dijo a IPS Catherine Legna, directora de proyectos de France Libertés.
"La mercantilización del agua nos parece inaceptable. Se pueden comerciar productos, pero que se comercialicen recursos indispensables para la vida como el agua es intolerable", sostuvo.
La primera escala de la gira fue Brasil, donde los representantes de la fundación firmaron una serie de acuerdos con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, por los cuales las autoridades se comprometieron a frenar toda iniciativa privatizadora de la gestión del agua.
Por su parte, France Libertés servirá de nexo entre municipios brasileños y las empresas públicas francesas Eau de Paris y Ville de Grenoble para intercambiar experiencias en la gestión social de los recursos hídricos.
Asimismo, la fundación se comprometió a brindar asesoramiento legal a las autoridades municipales brasileñas en casos de incumplimiento de contratos por parte de multinacionales del agua.
Los activistas se trasladaron luego a Bolivia, invitados por los movimientos sociales de la occidental ciudad de El Alto, que mediante protestas callejeras lograron que el gobierno rescindiera en enero un contrato con la corporación francesa Suez-Lyonnaise des Eaux para la administración del servicio de agua.
Organizaciones populares de El Alto, con unos 800.000 habitantes, en su mayoría indígenas, acusaron a la firma de violar el contrato en varios puntos y de cobros injustificadamente altos.
La empresa además fue acusada de no cumplir su promesa de invertir 800 millones de dólares en la construcción de una planta para el tratamiento del agua, de verter desechos en el lago Titicaca y de dejar a muchas personas sin acceso al vital elemento.
"Bolivia es uno de los países con situación más crítica, pero también el que posee el movimiento social más fuerte, porque viene de las raíces profundas del pueblo boliviano, que son los indígenas. Ellos tienen un fuerte sentido de la solidaridad y conciencia de lo que es el uso común del agua", señaló Legna.
France Libertés mediará para que la empresa pública que administra el servicio de agua en la central ciudad de Cochabamba reciba asesoramiento también de las municipalidades francesas de París y Grenoble, en el sur del país.
"Nos parece más interesante que las municipalidades, que son las que saben lo que es administrar, tengan contacto directo entre sí", indicó la activista.
Los activistas afirman que gran parte del agua potable del planeta quedó en los últimos años bajo control de corporaciones, y se calcula que dentro de algunos años, unas pocas compañías administrarán casi 75 por ciento del líquido empleado para consumo humano, pues cada vez más gobiernos privatizan la gestión de los recursos naturales.
Las principales firmas concesionarias son las francesas Suez y Vivendi-Générale des Eaux, que poseen 40 por ciento del mercado y brindan servicios a unas 110 millones de personas en más de 100 países.
Suez reportó ganancias netas de 2.420 millones de dólares en 2004, 2,8 por ciento más que el año previo.
El principal argumento de los gobiernos para transferir al sector privado la distribución de agua potable y las obras de saneamiento es que de esa manera se mejora el servicio.
Pero, en lugar de aliviar los problemas de escasez, la industria del agua se ha caracterizado por inflar precios y otras prácticas de corrupción corporativa que han sumido a ciudades y a países enteros en graves crisis, afirmaron los activistas.
Un cuarto de la población mundial no tiene acceso al agua, y por esa causa mueren unas 34.000 personas por año.
La Organización de las Naciones Unidas advirtió que, de no tomarse medidas, 1.800 millones de personas vivirán dentro de 20 años en países o regiones con escasez absoluta de agua.
Mitterrand llegó a Buenos Aires poco después de que Suez decidiera abandonar su participación en Aguas Argentinas, empresa privatizada en los años 90 que brinda servicios a 10 millones de personas en la capital de ese país y en zonas suburbanas de Buenos Aires.
La compañía francesa decidió abandonar Argentina ante la resistencia del gobierno de Néstor Kirchner a un aumento de las tarifas, congeladas desde finales de 2001.
Mitterrand dijo en Buenos Aires que, a su juicio, Suez "no cumplió con lo pactado" con el gobierno argentino y sostuvo que los servicios públicos deben ser prestados siempre por el Estado, y no por sistemas "mixtos" o privados, pues "no dan resultados".
La delegación decidió finalizar su gira en Uruguay "como un símbolo, para decirle al mundo que aquí se dio un ejemplo", explicó Legna a IPS.
"El caso de Uruguay es único en el mundo, y por eso vinimos. No para dar consejos, sino para intercambiar experiencias", subrayó.
En Uruguay se aprobó el año pasado por plebiscito, con 64,7 por ciento de los votos, una reforma constitucional que define el agua como bien de dominio público y garantiza la participación de la sociedad civil en todas las instancias de gestión de los recursos hídricos del país.
La Constitución uruguaya señala que "el agua es un recurso natural esencial para la vida" y que el acceso a éste y a todos los servicios de saneamiento son "derechos humanos fundamentales".
La reforma constitucional establece que los servicios públicos de abastecimiento de agua para el consumo humano deben ser prestados "exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales", y que se deben cancelar todas las concesiones en la materia a firmas privadas.
Esto puso en jaque a las concesiones otorgadas a las compañías de capital español Uragua y Aguas de la Costa, que ya operaban servicios de agua potable en el sudoriental departamento de Maldonado.
Sin embargo, el gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez emitió un decreto por el cual habilitó la permanencia de esas empresas en Maldonado entendiendo que la reforma constitucional no podía aplicarse con retroactividad.
No obstante, el gobierno rescindió el contrato de Uragua por incumplimiento de las obras sanitarias acordadas.
Mitterrand se reunió en Uruguay con el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y con el intendente (alcalde) de Montevideo, Ricardo Ehrlich, a quienes expresó su rechazo al decreto gubernamental. "Pedimos que todas las empresas privadas que gestionan agua se vayan", afirmó luego en rueda de prensa.
