El constante aumento del precio de los combustibles y de la energía, junto a las consecuentes medidas de ahorro, ponen a América Central en graves dificultades para siquiera aproximarse a las metas de desarrollo y reducción de la pobreza extrema y del hambre fijadas por la ONU.
La crisis energética en América Central muestra una vez más la fragilidad de sus economías, al poner a algunos de estos países al borde del caos entre apagones, protestas y la amenaza de un rebrote inflacionario.
Jan-Jilles van der Hoeven, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo a IPS que, aunque algunos datos parecen llevar a cumplir los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio, esa visión puede cambiar drásticamente este año, con indicadores de crecimiento a la baja y la agudización de los problemas.
Las también llamadas metas del milenio, establecidas por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en septiembre de 2000, son reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, abatir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH/sida, el paludismo y otros males.
Allí, los gobernantes del mundo se comprometen además a promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, a garantizar la sustentabilidad del ambiente y a fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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Los ocho objetivos se concretan en 18 metas específicas a ser cumplidas hasta 2015 en la mayoría de los casos y medidas por 48 indicadores, todos con referencia a los niveles de 1990.
El informe "Perspectivas Económicas Mundiales", del Fondo Monetario Internacional (FMI), indica que el producto interno bruto (PIB) de América Central crecerá este año 3,2 por ciento, confirmando su proyección de abril, y que en 2006 se repetirá ese guarismo, que es 0,4 puntos porcentuales menor al crecimiento de 2004 y 0,3 menos que el de 2003.
Pero el alza en los precios del petróleo apagó todas las velas y las sonrisas provocadas por estas estimaciones y las mejoras que suponen traerá a la región el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos firmado por República Dominicana y por Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
El hecho de que el barril de petróleo rondara los 70 dólares en las últimas semanas trastocó el panorama regional, avivó los conflictos políticos y agudizó la tensión social.
Ante ello, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ofreció apoyo a los países de la región en su plan de apuntalar su incidencia política en América Latina, pero ha sido claro en que el petróleo en condiciones preferenciales se destinaría sólo a empresas estatales para su refinación y distribución.
Chávez aprovechó así la situación para confrontar políticamente con Estados Unidos por la región y favorecer su estrategia de crear la Alternativa Bolivariana de Latinoamérica (ALBA), en oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por Washington desde mediados de los años 90 y cuyas negociaciones están congeladas.
Los gobiernos centroamericanos buscan desesperados atenuar la crisis energética, pero temen que Estados Unidos interprete como señal negativa la proximidad con Chávez.
No obstante, han pedido a Caracas que reconsidere el Acuerdo de San José, que desde hace 25 años permite a 10 países de América Central y del Caribe recibir petróleo de Venezuela y de México, a partes iguales, con financiamiento de hasta 20 por ciento de la factura, pero ligada a proyectos de inversión que incluyan la compra de bienes y servicios mexicanos o venezolanos.
En el caso de Venezuela en particular, su pertenencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo le prohíbe vender crudo más barato de lo que fijan los mercados internacionales, pero puede manejar cuotas y tratos preferenciales, como ocurre en el marco del Acuerdo de San José o en los convenios bilaterales con Cuba, Argentina, Paraguay y Uruguay, entre otros.
Pero el Acuerdo de San José fue afectado por la privatización de refinerías en varios países de América Central en los años 90, que le restó operatividad debido a que las firmas estatales Petróleos Mexicanos y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) rehúsan entregar crudo en condiciones de cooperación a compañías trasnacionales rivales en el mercado.
Durante la cumbre del Sistema de Integración Centroamericano con Brasil, realizada el 13 septiembre en Guatemala, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció también asistencia a los países del área para desarrollar tecnología que permita el uso de etanol o combustible proveniente de la caña de azúcar.
En Costa Rica, este forma de producir combustible ya se empezó a implementar, pues el país había desarrollado la tecnología adecuada para ello en los años 80, cuando afrontó una crisis energética similar a la actual.
Además, San José decretó otras medidas de control de la circulación de vehículo e ingreso al trabajo de funcionarios públicos para evitar congestionamientos, pero hasta los estudios señalan que las medidas no han reducido el consumo de combustible, incluso lo han incrementado.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, el principal aliado de Estados Unidos en la región, no tuvo más remedio que confirmar que está abierta la posibilidad de que Pdvsa instale "gasolineras al país".
"Les podemos dar a los venezolanos facilidades de todo tipo a ellos y a todo aquel que quiera importar combustible y que asegure que nos puede vender más barato", agregó Saca.
También el gobierno hondureño de Ricardo Maduro nombró el 8 de este mes una llamada Comisión de Ciudadanos Distinguidos, encabezada por el cardenal católico Oscar Andrés Rodríguez, para buscarle una solución a la crisis.
Maduro dispuso restringir temporalmente "el ejercicio de los derechos y libertades de libre consumo, comercio y contratación de los servicios de transporte público y de consumo de los derivados del petróleo e, incluso, mantener encendidos los rótulos luminosos en los establecimientos comerciales o de cualquier otra naturaleza después de las 10 de la noche y la comercialización de combustibles los días domingo".
En Honduras y Costa Rica están regulados por el gobierno los precios de los combustibles, en Nicaragua el estado sólo controla el valor del gas de uso doméstico, mientras que en El Salvador, Guatemala y Panamá existe libre mercado.
Mientras, comunidades pobres en las afueras de la capital de Guatemala compran desechos de tela de fábricas textiles cercanas para utilizarlos como combustible, con lo cual se exponen a una tóxica contaminación ambiental.
En Guatemala, 60 por ciento de la electricidad es generada por plantas que utilizan combustibles de origen fósil, mientras que Nicaragua esa modalidad energética representa 85 por ciento del total.
Tras varios días de huelga del transporte público de pasajeros de Nicaragua, que culminó con enfrentamientos entre manifestantes y la policía, la Asamblea Nacional aprobó este mes subsidios a las empresas del sector para paliar el incremento del precio de los combustibles sin que deban recurrir al aumento del boleto.
Sin embargo, se sigue recurriendo a los apagones para reducir el consumo de electricidad, como es el caso de Managua, donde apenas algunas velas rompen la oscuridad en las sofocantes noches de calor. Pero los cortes de energía eléctrica también afectan a hospitales, oficinas públicas y provocan embotellamientos en las calles.
La firma subsidiaria en Nicaragua de la transnacional española de transmisión de electricidad Unión Fenosa comenzó a aplicar cortes de energía que duran hasta siete horas, luego de que la Corte Suprema de Justicia le prohibió subir las tarifas, reclamadas con el argumento del alza de los precios del petróleo.
Los racionamientos de energía decretados a partir del día 9 avivaron el tenso ambiente político que vive ese país.
Las consecuencias de esta crisis energética para los países pobres como los centroamericanos apenas empiezan, a manera de una noche larga y negra como el petróleo.
