Muy pocos gobiernos tomaron medidas significativas para proteger a las mujeres migrantes de la violencia en el hogar y el trabajo, pese a la recomendación de la Asamblea General de la ONU hace dos años, advirtió el secretario general de la organización, Kofi Annan.
"Los estados miembros no aprobaron ninguna ley específica sobre violencia contra las mujeres" en los últimos dos años, lamenta un nuevo informe de Annan, que será presentado en septiembre al 60 período de sesiones de la Asamblea General, según una resolución adoptada en diciembre de 2003.
La resolución expresa "profunda preocupación" por los informes de graves abusos y actos de violencia cometidos contra trabajadoras migrantes y urge a los gobiernos a fortalecer sus esfuerzos para proteger y promover los derechos humanos de esas mujeres mediante una cooperación nacional, regional e internacional sostenida.
La cuestión de la violencia contra las trabajadoras migrantes ha estado en la agenda de la Asamblea General desde 1992.
El informe, basado en información suministrada por los gobiernos, dice que de 134 respuestas recibidas, 129 se referían a la cuestión de la violencia contras las mujeres y sólo "algunas" mencionaban medidas para proteger a las mujeres migrantes de la violencia y otros abusos, entre ellas las de Azerbaiján, Belice, Japón, México, Filipinas, Arabia Saudita, España y Emiratos Árabes Unidos.
[related_articles]
Las respuestas oficiales recibidas por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sugieren que la migración está cada vez más feminizada.
El informe de Indonesia, por ejemplo, indica que las mujeres constituyen más de 70 por ciento de los 350.000 trabajadores indonesios que buscan trabajo en el exterior cada año.
En Jamaica, más de 60 por ciento de los trabajadores que abandonan el país son mujeres. Y más de la mitad de los trabajadores mexicanos residentes en Estados Unidos son mujeres.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las trabajadoras domésticas constituyen la mayor parte de la población trabajadora migrante de la actualidad.
En América Latina, representan cerca de 60 por ciento de todos los migrantes internos e internacionales. En Medio Oriente, cientos de miles de mujeres trabajan como empleadas domésticas, procedentes en su mayoría de Filipinas, Sri Lanka, Bangladesh e Indonesia.
Un informe presentado el año pasado a la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos observó que muchas trabajadoras domésticas migrantes son víctimas de "abuso sexual de sus empleadores, los hijos de éstos o miembros de la familia, o de otros trabajadores domésticos que viven en la misma casa".
"También se denunciaron muchos casos de suicidios de trabajadoras domésticas migrantes, que con frecuencia sufren depresión", dice el informe, y advierte que las trabajadoras migrantes corren alto riesgo de caer víctimas de traficantes, principalmente en ausencia de un contrato de empleo.
Muchas mujeres extranjeras sufren violencia doméstica y no pueden pedir ayuda porque sus permisos de residencia están vinculados con sus esposos.
Por lo tanto, el informe exhorta a eliminar la discriminación contra mujeres y adolescentes refugiadas y migrantes en lo referente a las políticas de residencia, y cita a Dinamarca, Indonesia, República Eslovaquia y Tanzania como buenos ejemplos en ese sentido.
Annan instó a los gobiernos a "implantar medidas de prevención específicas, incluso iniciativas integrales de creación de conciencia" para educar a las migrantes y al público general sobre los derechos de aquéllas.
"Los gobiernos deben capacitar a funcionarios de gobierno, líderes comunitarios, agentes de la ley, trabajadores sociales y otros a trabajar con las migrantes, para sensibilizarlos sobre la violencia contra ellas", exhortó el secretario general, y agregó que las víctimas de la violencia deben recibir refugio y ayuda médica, social, psicológica y financiera.
El jefe de la ONU urgió a los países a ratificar los acuerdos internacionales sobre asuntos de migración, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, y la Convención contra la Delincuencia Organizada y las convenciones pertinentes de la OIT.