Uno de los sindicatos más combativos de Estados Unidos se enfrenta a la jerarquía católica, planteando un nuevo tipo de conflicto entre la Iglesia y el Estado.
Un tribunal de la Iglesia Católica estadounidense decidirá a la brevedad la validez canónica de los acuerdos laborales firmados entre cinco parroquias de la Diócesis de Brownsville, en el meridional estado de Texas, y el poderoso Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos (UFW por sus siglas en inglés).
Dichos acuerdos, firmados tres años atrás, sentaron un importante precedente al ser los primeros en su tipo en Estados Unidos.
En esa pobre región del sur de Texas, mayoritariamente habitada por población de origen latinoamericano, la Iglesia Católica siempre ha apoyado los derechos de los trabajadores rurales a organizarse y a exigir justicia en sus relaciones laborales.
La actual coyuntura pondrá a prueba la capacidad de la Iglesia Católica de aplicar los mismos principios que ha preconizado, ahora respecto de sus propios empleados, afirman sindicalistas.
Cuando firmamos estos contratos, acordamos que la Iglesia consultaría al Vaticano para ver si eran válidos o no, según la ley de la Iglesia, con la condición de que nos mantuvieran informados acerca del proceso, dijo Rebecca Flores, directora de la UFW en el estado de Texas.
Luego de un tiempo durante el cual no se nos informó nada, ahora nos llaman a presentarnos a testificar ante el Tribunal. Si resulta que el fallo es en nuestra contra, se pondrá en cuestión uno de los pilares de la Iglesia Católica: su apoyo histórico a la organización sindical y a la lucha por la justicia social a lo largo del siglo pasado, agregó.
En una aclaración publicada en su página web, la Diócesis sostiene que sigue apoyando a los sindicatos.
La cuestión no es el sindicato, dice el texto. El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Brownsville celebró varias sesiones en junio a fin de examinar la validez canónica del acuerdo firmado el 23 de mayo de 2002 entre la parroquia Holy Spirit de McAllen y el UFW. No está tratando de determinar si un nuevo pastor tiene que obedecer el contrato, sino la validez del mismo.
Pero las consecuencias del fallo del Tribunal no están claras. Si fallara que los acuerdos no tienen validez canónica, ¿significa que quedarán anulados? ¿Podrán firmarse nuevos contratos en el futuro? ¿O la sindicalización de los empleados de la Iglesia habrá sido apenas una cosa pasajera?
Las consultas de IPS al portavoz de la Diócesis de Brownsville no tuvieron respuesta.
La formación de sindicatos en las parroquias se llevó a cabo luego de que empleados de la Iglesia protestaran por un cambio en los sistemas de pensiones operado por el obispo de la diócesis, Raymundo Peña.
La diócesis reemplazó su Plan de Beneficios Definido, en el cual ésta y sus parroquias contribuían a un fondo común garantizando el cobro de cierta cantidad de dinero mensual en concepto de jubilación, por otro denominado 403(b) o Plan de Contribuciones Definidas, según el cual los empleados pueden elegir cómo se habrán de administrar sus fondos de pensión.
La Diócesis mantiene que el nuevo plan se originó en respuesta a un pedido de los propios empleados y luego de haberlo consultado con expertos en esa materia. El sindicato no piensa lo mismo.
(El) 403(b) depende de los movimientos de la bolsa de valores y beneficia a los empleados jóvenes. No da a nuestras trabajadoras, todas mujeres, todas de avanzada edad y con muchos años de trabajo, el tipo de seguridad que sólo puede brindar una jubilación cierta y sólida, manifestó Flores.
Por esta razón formamos sindicatos en estas cinco parroquias, para asistir a los trabajadores de la Iglesia que se sintieron engañados.
Un mes después de firmados los contratos, un nuevo sacerdote de la parroquia Holy Spirit de McAllen envió una notificación de despido a cuatro trabajadoras, lo que generó angustia y preocupación tanto entre los empleados como entre los parroquianos.
El obispo Peña comenzó a atacar los contratos desde el primer día.. Llegó a decir a los nuevos párrocos que asumieron la dirección de las parroquias que despidieran a todos los empleados anteriores. Así es como se logra la confianza de los trabajadores, criticó Flores.
Creíamos que todos los empleados iban a perder su trabajo. Conseguimos que un juez firmara una orden de restricción, y luego de varias denuncias públicas, manifestaciones y la atención que el caso obtuvo en los medios masivos, los trabajadores conservaron sus puestos.
En una carta a su feligresía, el obispo Peña explicó su posición..
En la Ley de la Iglesia hay dos tipos de jurisdicciones: una ordinaria y otra extraordinaria. La jurisdicción ordinaria se refiere a las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la parroquia o de la diócesis, con el día a día. La jurisdicción extraordinaria se refiere a todas esas otras cosas que escapan a lo cotidiano, como firmar un contrato de largo plazo, sostuvo.
Según esta lógica, los contratos laborales fueron negociados por sacerdotes anteriores a título personal, sin consultar al obispo y, por consiguiente, su validez de acuerdo al derecho canónico resulta cuestionable o dudosa, de aquí la necesidad de un Tribunal.
El obispo agregó que el nuevo sacerdote de Holy Spirit actuó conforme a la ley ordinaria, por lo que no correspondía que él le diera una contraorden.
El deseo de reestructurar la parroquia había partido del propio párroco, que había llegado a esa decisión luego de una larga meditación y diversas consultas, y en ningún momento existió la intención de despedir a todos los empleados, sino solamente a esos cuatro mencionados, añadió.
Hubo rumores de que la diócesis retendría los fondos destinados a las parroquias que habían firmado acuerdos con los sindicatos, aunque esto fue negado de plano por la jerarquía eclesiástica.
Finalmente, la Iglesia y el UFW alcanzaron un acuerdo por el cual se garantizan los derechos de los trabajadores de la Iglesia hasta conocerse la resolución del caso, conforme a la Ley de la Iglesia.
La Iglesia paga salarios de siete dólares la hora, lo cual apenas alcanza para vivir. Instituye un plan de pensión que no es beneficioso para la mayoría de sus empleados. Ofrece, eso sí, un seguro de salud. En otras palabras, en dos de tres aspectos no está a la altura de condiciones de trabajo en otros lugares, expresó Flores.
Existen numerosos sindicatos formados en entidades subsidiarias de la Iglesia Católica, como cementerios, escuelas y hospitales. ¿Por qué no puede existir un sindicato de los empleados de la Iglesia?, cuestionó la dirigente sindical.
En este caso, se trata principalmente de mujeres hispanas (latinoamericanas) que viven en una de las regiones más pobres de Estados Unidos y que han estado trabajando por años, argumentó.
Flores citó el ejemplo de una empleada de 64 años que había trabajado por más de 30 en la parroquia Our Lady of Refuge (no sindicalizada) y que fue despedida menos de un año después del nombramiento de un nuevo párroco.
En su página web, la Diócesis de Brownsville hace una referencia al Papa León XIII, quien en 1891declaró la exigencia moral de la intervención estatal en los asuntos económicos, e insistió en los derechos de los trabajadores a organizarse, lo que fue considerado una posición radical para la época.
Siempre digo que Jesús vino a dar alivio a los afligidos y a afligir a los confortados. La Iglesia es la que debe marcar el camino y dar el ejemplo, alegó Flores.
