Una organización humanitaria de planificación familiar demandó a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) por su política «antiprostitución», por considerarla una violación al derecho de expresión y una traba para la lucha contra el sida.
El grupo, DKT International, impugnó ante un tribunal de distrito la norma que exige a las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales y extranjeras "oponerse en forma explícita a la prostitución y al tráfico sexual" para poder recibir fondos de USAID.
La agencia de desarrollo adoptó la norma en junio, a instancias de la derecha religiosa. En este mismo marco, el gobierno de George W. Bush respaldó el Protocolo de México, que prohíbe brindar asesoramiento o servicios de aborto a los programas de planificación familiar que reciben fondos estadounidenses y actúan en el extranjero.
Bill Clinton se apartó de ese protocolo durante su presidencia (1993-2001), pero Bush volvió a adherirse en su primer día de gobierno, en enero de 2001.
DKT International es una organización sin fines de lucro con sede en Washington que maneja programas de planificación familiar y prevención del sida en 11 países de África, Asia y América Latina. Atiende a casi 10 millones de parejas, y su presupuesto operativo es de 50 millones de dólares.
La nueva norma antiprostitución "es un gran deservicio a los programas internacionales de prevención del sida y a quienes los aplican", porque esa lucha implica "trabajar con las personas que corren mayor riesgo de infección, como las involucradas en el comercio sexual", lamentó Philip Harvey, presidente de DKT.
"Tratamos a los trabajadores sexuales como iguales. Aceptamos lo que hacen como parte de la realidad del mundo actual, y nos esforzamos al máximo para que puedan adoptar prácticas que minimicen el riesgo de contagio por VIH a sí mismos y a sus parejas, y acceder a servicios de salud", explicó a IPS.
"Hacer este trabajo en una política 'antiprostitución' sería disfuncional", porque esa política "estigmatiza a las personas que intentamos ayudar, nos obliga a condenar a los trabajadores sexuales por lo que hacen para ganarse la vida, y por tanto debilita la relación de confianza y respeto mutuo que se precisa para un trabajo eficaz de prevención del sida", lamentó Harvey.
"DKT no permitirá que sus trabajadores queden en esa posición", declaró.
Los programas de DKT cuentan con el respaldo de las empresas Packard y Hewlett, las Fundaciones Gates, agencias de Alemania y Gran Bretaña y los gobiernos de Holanda, Irlanda e India.
Según Harvey, la política antiprostitución "daña la imagen y los intereses de Estados Unidos en el exterior".
"Nadie puede pretender que esa política contenga o mejore los aspectos más oscuros de la profesión más antigua del mundo. Simplemente representa una postura de políticos estadounidenses paternalistas, prepotentes y obsesionados con el sexo", afirmó.
"Al limitar el discurso de particulares, esta política viola los derechos consagrados en la Primera Enmienda (constitucional) y la integridad de las organizaciones" que trabajan en el área, agregó.
Como resultado de la norma antiprostitución, DKT perdió el apoyo de USAID para su programa de prevención del sida en Vietnam. La demanda presentada solicita un interdicto judicial que permita a la organización reanudar su trabajo.
El gobierno de Bush retuvo en 2004 fondos asignados al Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP) por tercer año consecutivo, aunque esta agencia no promueve el aborto como método de planificación familiar.
La decisión fue decisión atribuida a los esfuerzos del gobierno por recabar apoyo de la derecha cristiana para las elecciones presidenciales del pasado noviembre.
