A pesar de los desmentidos oficiales, analistas y activistas alertan del posible establecimiento en Paraguay de una base militar estadounidense, en especial luego de que el parlamento autorizó la permanencia por 18 meses en el país de misiones castrenses enviadas por Washington.
Los ejercicios armados conjuntos habilitados por el Congreso legislativo a partir del 1 de junio comprenden la llegada de más de 150 efectivos de Estados Unidos.
Como antecedente se cuenta el hecho de que el Senado concedió en mayo inmunidad diplomática a las tropas estadounidenses que participen de las 13 operaciones hasta el momento aprobadas.
Pero la analista política paraguaya Milda Rivarola entiende, como señaló a IPS, que en la práctica desde hace más de 50 años que funciona una base (estadounidense) en Paraguay.
Si bien no hay infraestructura edilicia, la presencia es permanente, aseguró. Antes se requerían semestralmente las autorizaciones parlamentarias y ahora es más espectacular, porque el permiso concedido es por un año y medio, puntualizó.
Rivarola indicó que Estados Unidos mira con especial atención la zona de la Triple Frontera, donde convergen Paraguay, Argentina y Brasil, cuya numerosa comunidad de origen árabe es señalada por diversos servicios de inteligencia como fuente de financiación y refugio de grupos fundamentalistas islámicos.
Hasta ahora no se han presentado pruebas contundentes sobre actividades ilícitas de ese tipo en esa área, sí conocida por la existencia de tráfico de armas y contrabando de productos falsificados, en particular con destino a Brasil.
La también historiadora sostuvo que la atención de los grupos de inteligencia internacional se centra del lado paraguayo de la Triple Frontera, debido a que este país es considerado el más fácilmente presionable del Mercosur (Mercado Común del Sur), conformado también por Argentina, Brasil y Uruguay.
Mediante el Acuerdo por notas reversales entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de Estados Unidos de América sobre ejercicios e intercambios militares bilaterales, Asunción aceptó también renunciar al derecho de someter a los visitantes al sistema judicial local, a las cortes internacionales o cualquier otro tribunal que no sea uno del país de su origen.
Eso quiere decir especialmente que los efectivos estadounidenses quedan fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en caso de que cometan delito contra la humanidad, genocidio o crímenes de guerra, que son los contemplados por el Estatuto de Roma que creó este tribunal.
Las cosas importantes ocurren en Paraguay sin que nadie se entere, se lamentó, por su parte, el analista político, periodista y activista por los derechos humanos Alfredo Boccia Paz, quien dijo a IPS que los legisladores aprobaron un documento marco sin discusión y sin que la prensa publicara nada. Coincidió con Rivarola en que los senadores no sabían lo que estaban votando.
Otro aspecto destacado por Boccia Paz es el viraje de la política exterior paraguaya hacia Estados Unidos.
Tradicionalmente, Paraguay aplicó un esquema pendular para relacionarse con los dos grandes países vecinos, Brasil y Argentina, dando atenciones especiales a uno y otro según el caso, para lograr finalmente concesiones.
Buenos ejemplos de ello fueron la construcción de las represas de Itaipú, compartida con Brasil, y de Yacyretá, con Argentina.
Pero después del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), y ante el fracaso de las investigaciones al respecto, hubo un acercamiento con Estados Unidos del vicepresidente Luis Castiglioni. Esa posición no es de especial agrado del presidente Nicanor Duarte Frutos, según fuente diplomáticas.
Se anunció la apertura en Asunción de una delegación de la estadounidense Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
A principios de julio, todo quedó acordado cuando Castiglioni viajó a Estados Unidos, donde fue recibido por el vicepresidente Dick Cheney y por el secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega
Es mucha fiesta (atención) para un vicepresidente de Paraguay, dijo Boccia Paz, en referencia al alto nivel de los funcionarios anfitriones, actitud poco habitual en Washington para países latinoamericanos pequeños.
Esta semana, Castiglioni anunció oficialmente que desde fines de 2006 funcionará en la sede diplomática estadounidense de Asunción una oficina del FBI.
Boccia Paz explicó que se interpretó al período de 18 meses de permiso para las fuerzas militares de Estados Unidos, las inmunidades concedidas y el anuncio de las 13 misiones que llevarán a cabo como la primera parte de una operación tendiente a establecer una base de ese país en Paraguay.
Cuando Estados Unidos llega tarda mucho en irse, dijo (el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo) Pérez Ezquivel. Y eso me da mucho miedo, advirtió el experto, tras recordar que el actual enemigo identificado por el país del norte es el terrorismo islámico.
También indicó que el narcotráfico y los movimientos sociales son también identificados por esa potencia militar hegemónica como focos de conflicto por lo que observan atentamente a los países más débiles. Paraguay es visto así, indicó.
Tanto la cancillería paraguaya como la embajada de Washington en Asunción negaron oficialmente, a través de sendos comunicados, la posibilidad de que se instale una base militar en el país.
El gobierno nacional no suscribió acuerdo alguno con los Estados Unidos de América para el establecimiento de una base militar norteamericana en el territorio de la República, indica el documento suscripto por la ministra paraguaya de Relaciones Exteriores, Leila Rachid.
Por su parte, la delegación diplomática de Estados Unidos se expresó en los mismos términos e indicó que, además, no existen intenciones de apostar a soldados por un periodo largo de tiempo en el Paraguay.
Entre los primeros ejercicios previstos en la solicitud de permiso se indica que habrá asistencia médica humanitaria para cientos o miles de campesinos y otras personas necesitadas de los departamentos de Canindeyú, Caazapá y Ñeembucú, que se encuentran en el centro y norte del país, destacó también el comunicado emitido estadounidense.
Los Estados Unidos de América no tienen ningún interés en el acuífero Guaraní excepto la esperanza de que este recurso sirva para la prosperidad y el bienestar de los habitantes que se hallan ubicados geográficamente cerca de este recurso, agrega el documento.
El ítem hace referencia a uno de los mayores reservorios de agua dulce del mundo, que se extiende por varios kilómetros en el subsuelo de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, del cual organizaciones civiles señalan que Estados Unidos tiene interés especial.
Ya están en marcha las primeras dos operaciones. La primera comprende un plan de instrucción antiterrorista a 65 oficiales de la Fuerza Aérea Paraguaya, informó a IPS el coronel Jorge Ramírez, subdirector de Comunicación del Ejército.
El segundo programa es de asistencia sanitaria y se denomina Ejercicio de Entrenamiento de Aptitud Médica (MEDRETE-1) e incluye a 35 efectivos y médicos del 156 Grupo de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Desde el 26 de julio se está prestando ayuda médica a un promedio diario de 1000 campesinos del septentrional departamento de Canindeyú, agregó Ramírez..
Siempre las misiones están disfrazadas de ayuda humanitaria. Efectivamente hay asistencia. Pero lo que Paraguay no contabiliza ni puede es la cantidad de agentes que entran y se infiltran, advirtió Boccia Paz.
Los cancilleres Celso Amorim, de Brasil, y Reinaldo Gargano, de Uruguay, en el marco de una reunión realizada la última semana de julio, minimizaron la presencia militar estadounidense en Paraguay y la eventual instalación de una base militar en la zona.
Empero, la respuesta brasileña no se hizo esperar. El ejército de ese país vecino comenzó también a fines de julio ejercicios de guerra en la frontera con Paraguay, en coincidencia con la llegada de tropas estadounidenses. En un despliegue sin precedentes, un grupo de paracaidistas simuló la ocupación de la estación Furnas, encargada de distribuir la energía de la represa Itaipú.
Fuentes de la cancillería paraguaya dijeron a IPS, al respecto, que las implicancias de la operación brasileña son mínimas, destacaron que ese país es soberano y negaron que el despliegue militar sea una respuesta a los ejercicios conjuntos paraguayo-estadounidense.
Mientras, organizaciones civiles se organizan en torno al Foro Social Paraguayo para movilizarse en protesta por la presencia militar de Washington.
Desde 2002 se tienen registradas 46 operaciones militares de Estados Unidos en Paraguay, entre visitas, ejercicios especiales y acciones humanitarias, especialmente en los septentrionales departamentos de San Pedro y Concepción, en el oriental departamento de Alto Paraná (cuya capital es Ciudad del Este) y en el occidental de Boquerón.
El último operativo entre tropas de los dos países fue también de carácter humanitario y se desarrolló en 2003, en el septentrional departamento paraguayo de Concepción, precisamente convulsionado por luchas sociales de campesinos sin tierra.
Al inicio de la actual administración de Duarte Frutos, en agosto de 2003, Washington requirió inmunidad para sus tropas, al igual que lo conseguido ahora, pero entonces le fue denegada.
En diciembre, Estados Unidos suspendió unos 330 millones de dólares en ayuda económica a una decena de países, entre ellos Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, por no eximir a sus ciudadanos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en caso de cometer delitos contra la humanidad en algunos de esos países.
