La ONU se acerca a un momento decisivo sobre un proyecto de declaración clave que deberá aprobar en septiembre la mayor reunión de líderes mundiales de la historia, según la descripción del secretario general Kofi Annan.
La declaración de la próxima sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que se realizará del 14 al 16 de septiembre y contará con la participación de casi 180 jefes de Estado y gobierno, fijará la agenda de desarrollo para la próxima década.
Asimismo, propondrá nuevas medidas para reestructurar el foro mundial y resolver problemas económicos y sociales, incluidos la pobreza y el hambre, que afligen a los países más pobres.
Las críticas más duras al proyecto de declaración, de 37 páginas, procedieron del Grupo de los 77 (G-77), integrado por 132 países en desarrollo, que representan la abrumadora mayoría de los 191 países miembros de la ONU.
El embajador jamaiquino Stafford Neil, presidente del G-77, manifestó decepción porque la propuesta de declaración se concentra más en la reforma de la estructura de la ONU que en un tratamiento más profundo de problemas económicos y comerciales.
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Dada su importancia para el desarrollo económico, dijo, se debería dar prioridad sobre la reforma a los problemas del comercio, la deuda, la ciencia, la tecnología, el acceso a los mercados y la cooperación para el desarrollo.
Estados Unidos también criticó el proyecto de declaración, pero por la razón opuesta: demasiada atención al comercio y a la economía.
La embajadora Anne Patterson, vicerepresentante permanente de Estados Unidos, dijo que el documento es demasiado largo y no está redactado de la forma que los jefes de Estado normalmente acuerdan.
La sección dedicada al desarrollo tiene más de 15 páginas, se quejó Patterson en una reunión a puertas cerradas esta semana, citada por un servicio de noticias por cable.
Neil rechazó varias propuestas sobre reformas administrativas (incluso el aumento de las facultades ejecutivas del secretario general), algunas de las cuales habían sido reclamadas por una comisión del Congreso legislativo de Estados Unidos este año.
En un informe de 174 páginas sobre la reforma de la ONU, la Comisión recomendó incorporar al foro mundial organismos de supervisión al estilo empresarial y crear más órganos de control de la corrupción y la mala adminsitración.
También en junio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que dispuso la retención de la mitad de la contribución adeudada a la ONU, a partir de 2007, si la organización no cumple algunos de los 46 requisitos exigidos, incluso la creación de una oficina de ética.
Actualmente, Estados Unidos es el mayor contribuyente individual al presupuesto regular de la ONU, con un aporte de unos 440 millones de dólares, seguido por Japón (346 millones) y Alemania (154 millones).
En la reunión a puertas cerradas de esta semana, el G-77 advirtió que muchas de las propuestas del proyecto de declaración se refieren a la creación de estructuras institucionales propuestas por Estados Unidos que podrían tener consecuencias de largo alcance, en especial para el papel de la Asamblea General y la Comisión de Administración y Presupuesto de la ONU.
Estos son sutiles intentos por debilitar la autoridad de la Asamblea General. No podemos crear estos organismos sin un proceso de negociación, dijo a IPS un diplomático asiático.
La Asamblea General, integrada por los 191 países miembros de la ONU, es el máximo órgano político de la organización, aunque el Consejo de Seguridad, de 15 miembros, tiene facultades para tomar decisiones de guerra y paz.
El G-77 también se negó a considerar la propuesta de otorgar facultades adicionales al secretario general para redistribuir recursos humanos dentro del sistema de la ONU.
Neil señaló además, en representación del G-77 y China, que el proyecto debería reclamar el fin del uso abusivo de barreras no arancelarias, incluso de normas técnicas, que restringen injustamente el acceso de los productos de países en desarrollo a mercados de países industrializados, y el fin de los subsidios a las exportaciones de países ricos.
Asimismo, reclamó trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y medidas correctivas para la volatilidad de los precios de los productos básicos.
En cuanto a la ayuda para el desarrollo, Neil celebró los compromisos realizados por los países de la Unión Europea y otros para aumentar los recursos a corto y largo plazo.
Sin embargo, dijo, consideramos importante reafirmar el objetivo de destinar 0,7 por ciento del producto interno bruto (de los países ricos) a la ayuda oficial para el desarrollo.
Neil también lamentó que el documento no mencione la reforma del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, cuya estructura está dominada por los países ricos donantes.
